Ciudad de México.- La Cámara de Diputados avaló este 9 de diciembre reformas a la Ley General de Salud que establecen la prohibición total de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares en todo el territorio nacional. Con 324 votos a favor y 129 en contra en lo general, y posteriormente en lo particular con 292 a favor y 163 en contra, el dictamen —impulsado por una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum— fue turnado al Senado para su revisión.
La reforma prohíbe la adquisición con fines comerciales, producción, fabricación, importación, exportación, distribución, venta, suministro y publicidad de estos dispositivos, definidos como aparatos mecánicos o electrónicos que calientan, vaporizan o atomizan sustancias tóxicas, con o sin nicotina, para inhalación. Se reconoce el vapeo como una «amenaza a la salud pública», especialmente entre jóvenes, donde se estima que medio millón de adolescentes consumen estos productos.
Las sanciones son severas: de uno a ocho años de prisión y multas de 100 a 2 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 11,314 y 226,280 pesos, para quienes participen en su comercio. Tras intensas críticas de la oposición por posible criminalización de consumidores, se adicionó una reserva que exceptúa explícitamente el consumo y posesión personal, aclarando que las penas solo aplican a actividades con fines de lucro.
Durante el debate, legisladores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, como Iraís Reyes (MC), denunciaron que la prohibición absoluta fomentará el mercado negro, beneficiando al crimen organizado. «No regular un producto que la gente ya consume es igual a más dinero para los narcos», advirtió Reyes, quien acusó de hipocresía a oficialistas por supuestamente vapear en privado.
Por su parte, Morena y aliados defendieron la medida como protección a la salud, fortaleciendo también facultades de la Secretaría de Salud en abasto de medicamentos e infraestructura. Organizaciones han alertado desde junio sobre el crecimiento del comercio ilegal debido a políticas prohibitivas previas.
La reforma, que incluye dispositivos desechables, busca disminuir la dependencia y proteger grupos vulnerables, alineándose con alertas sanitarias internacionales. Queda pendiente su análisis en el Senado para entrar en vigor.
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