Ciudad Juárez, Chih.- La Fiscalía General del Estado ha iniciado una investigación formal en contra de Oscar Chávez Rangel, actual jurisdiccional de béisbol en Ciudad Juárez, tras la presentación de una denuncia penal que expone presuntas irregularidades administrativas y financieras en la gestión del deporte rey en esta frontera. El expediente, registrado bajo el número oficial 37/2026/19653, marca el comienzo de un escrutinio legal y ministerial sobre un personaje cuya permanencia en el cargo ha estado rodeada de intensas controversias, sumando ahora nuevos testimonios y denuncias del entorno deportivo.
A lo largo de su gestión, Chávez Rangel ha caminado cobijado por el poder político local. Diversos sectores del deporte y la opinión pública fronteriza señalan de manera directa al alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, como el principal operador de su protección política. Esta alianza ha permitido al jurisdiccional sortear las constantes exigencias de rendición de cuentas presentadas por regidores de oposición y comités de aficionados. Este blindaje institucional ha evitado, hasta el momento, el cese o la suspensión del directivo a pesar de los constantes señalamientos por desvío de fondos y la falta de transparencia en los ingresos generados por las taquillas y los esquemas de patrocinio en el estadio de la zona norte.
Descontento y fracturas en el vestidor
Más allá de las suspicacias financieras que hoy integran la indagatoria de la Fiscalía, la gestión de Chávez Rangel está marcada por decisiones unilaterales que fracturaron la relación con la afición y el propio plantel de los Indios de Juárez. Entre los errores más severos que se le imputan en el ámbito deportivo se encuentra el despido injustificado del manejador Pablo González. El estratega fue cesado de sus funciones a pesar de contar con un respaldo histórico inigualable, pues bajo su liderazgo técnico la escuadra juarense logró romper una sequía de veinticinco años sin títulos para coronarse finalmente como campeones del torneo estatal de béisbol. La destitución de Pablo González, considerado un símbolo de identidad y éxito para la plaza tras materializar la hazaña del campeonato que la afición esperó por un cuarto de siglo, fue tomada como una afrenta directa al mérito deportivo y encendió las alarmas sobre el revanchismo interno con el que se conduce la jurisdicción.
Al descontento por la salida del laureado cuerpo técnico se han sumado acusaciones de los propios protagonistas de las temporadas pasadas. La carpeta de investigación incorpora la denuncia formal de Alejandro Reyes, ex lanzador de los Indios de Juárez, quien ha alzado la voz para señalar los manejos irregulares y el trato hacia los peloteros. La gravedad del caso ha escalado a la par de las críticas en los medios informativos, destacando la denuncia pública del comentarista deportivo Carlos Estrada, quien utilizó términos severos al calificar como un picadero las condiciones y el ambiente que se vive en el propio dugout del equipo, evidenciando una preocupante descomposición en el espacio que debería ser exclusivo para la disciplina y el resguardo de los atletas.
La apertura del expediente 37/2026/19653 por parte de las autoridades ministeriales representa un punto de quiebre para el béisbol en la frontera. Con Cruz Pérez Cuéllar formalmente separado de las decisiones diarias del ayuntamiento para buscar la candidatura a la gubernatura del estado, el manto de protección sobre el jurisdiccional muestra sus primeras fisuras. Los denunciantes esperan que el avance de las indagatorias documente de forma sólida el destino de los presupuestos deportivos, la degradación de las instalaciones interiores y determine si la permanencia de Oscar Chávez al frente del patronato obedeció a un proyecto de desarrollo atlético o simplemente a complicidades políticas estructuradas desde la cúpula municipal.
