Un camino lleno de baches a la gubernatura
La reciente aprobación de la licencia del alcalde Cruz Pérez Cuéllar por parte del Cabildo para separarse de su cargo y emprender abiertamente la búsqueda de la gubernatura de Chihuahua, expone una de las contradicciones más severas de la praxis política: la desconexión entre la ambición electoral y la eficacia administrativa. Mientras las cúpulas partidistas concentran sus esfuerzos en el diseño de las próximas campañas internas rumbo al palacio de gobierno, la realidad urbana de Juárez se desmorona en el asfalto. El ahora alcalde con licencia se marcha dejando al frente de la administración a su suplente, Héctor Ortiz Orpinel, pero hereda un saldo pendiente insostenible y uno de los agravios más sentidos por la ciudadanía: un pavimento en deplorables condiciones que compromete la movilidad, la economía familiar y la seguridad de miles de juarenses.
Lejos del discurso oficial de transformación y de las millonarias partidas presupuestales destinadas a un bacheo que resulta meramente paliativo y de cuestionable calidad, la auditoría ciudadana ha tomado la delantera. La incapacidad gubernamental para consolidar una infraestructura vial digna ha quedado documentada con rigor metodológico e independencia por plataformas de la sociedad civil organizada, las cuales han venido a llenar el vacío de transparencia del ayuntamiento.
De acuerdo con los registros métricos y georreferenciados de la iniciativa ciudadana Baches JRZ, expuestos en una infografía que ya se vitalizo en redes, la realidad es demoledora: se contabilizan un total de 13,000 baches reportados dentro de la mancha urbana. De esta alarmante cifra, apenas 753 han sido reparados, dejando una brecha abismal de 12,247 baches sin atender.
Este rezago estructural no solo ilustra el abandono de los servicios públicos básicos, sino que constituye el símbolo más nítido de una gestión que priorizó la proyección de la imagen personal de su titular por encima de la consolidación de un entorno urbano funcional. Los 12,247 cráteres desatendidos representan no sólo ponchaduras o suspensiones destruidas, sino una flagrante omisión en el ejercicio del gasto público que mina la confianza en las instituciones.
Ortiz Orpinel asume el mando prometiendo continuidad en territorio, pero el verdadero legado inmediato de su antecesor queda grabado en el relieve accidentado de las calles de Ciudad Juárez. Para el electorado juarense, el mapa de baches activos será, sin duda, el indicador más preciso y real para evaluar el cumplimiento de las promesas de quien hoy aspira a gobernar el estado; un recordatorio diario de que las ambiciones políticas se financian muchas veces con el descuido de lo fundamental.
Morena en pleno proceso electoral
La clase política mexicana vive en una campaña electoral permanente que no coincide con los tiempos de los ciudadanos. Aunque los procesos federales más importantes ocurrieron hace dos años y el año pasado las urnas solo se activaron en Veracruz y Durango, los partidos ya dirigen toda su maquinaria hacia el futuro. El inicio formal del registro de aspirantes a coordinadores en defensa de la Cuarta Transformación, que arrancó este lunes 22 de junio, marca el verdadero banderazo de salida para la reconfiguración del mapa político en 17 estados. Mientras la dirigencia nacional de Morena organiza bloques diarios para recibir la documentación, este martes toca el turno de inscripción a quienes buscan abanderar el proyecto oficialista en Chihuahua. Se espera el registro de la senadora con licencia Andrea Chávez, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, y el profesor Martín Chaparro. Las encuestas ya circulan con fuerza, demostrando que a las cúpulas les urge más el reparto de candidaturas para las elecciones del próximo año que la resolución de las crisis actuales.
El centro de este choque es la pelea anticipada entre Morena y el Partido Acción Nacional por mantener o arrebatar el control territorial, especialmente en los bastiones económicos e industriales del norte y del bajío. Para el bloque del gobierno, la meta es borrar la presencia de la oposición en Chihuahua y consolidar una hegemonía casi total en la frontera. En contraste, para el panismo, la prioridad absoluta es defender su territorio histórico frente al avance de figuras que ya operan abiertamente desde hace meses. Esta prisa por asegurar posiciones ha provocado que el Senado y la Cámara de Diputados funcionen como un mercado de acomodos políticos. En lugar de debatir reformas urgentes o atender las demandas ciudadanas, el debate legislativo se debilita por la desbandada de personajes que cambian de bancada o piden licencia anticipada para no quedar fuera de las listas.
Esta obsesión electoral contamina también las expectativas de estabilidad hacia la sucesión presidencial. Dentro del partido gobernante, los grupos regionales ya comenzaron a dividirse y a medir fuerzas a través de estos candidatos locales, lo que genera tensiones internas que desgastan la administración pública antes de tiempo. Mientras tanto, una oposición sin figuras ciudadanas nuevas apuesta por las mismas estructuras de siempre para intentar frenar el avance oficialista mediante campañas digitales. El análisis crítico de este escenario revela una desconexión preocupante entre las prioridades de la clase política y la realidad de la gente. Al gobernar y legislar con la mirada fija en las encuestas del mañana, la atención a los problemas de seguridad, economía, infraestructura urbana y salud se posterga, dejando el bienestar público en segundo plano frente a los intereses de poder de las élites partidistas.
Golpes al narco ya no importan
La situación actual de la seguridad en México muestra una gran contradicción: por un lado hay detenciones y decomisos históricos, pero por el otro, las instituciones siguen siendo muy débiles. Los golpes recientes contra el narcotráfico demuestran que las fuerzas federales tienen capacidad para frenar el paso de la droga.
Destaca el decomiso, entre el 19 y 20 de junio, de 24,400 litros de metanfetamina líquida en Los Mochis, Sinaloa, el segundo más grande en la historia del país.
También se incautaron más de tres toneladas de cocaína el 22 de junio de 2026 en Tlaxcala y Guerrero. Con esto, la Marina suma más de 73 toneladas de cocaína aseguradas en este gobierno. Sin embargo, este conteo de toneladas ya no le interesa a Estados Unidos. El gobierno estadounidense ha dejado claro que confiscar cargamentos no es lo importante; lo que ahora exigen es que se desmantele la red de protección política que le da impunidad y permite operar a los jefes de los grupos criminales.
Esta diferencia entre recoger droga y dejar intacto el poder real de los cárteles ha encendido el debate en el Congreso. Los partidos de oposición aprovechan este momento para criticar la estrategia del Gobierno Federal. Argumentan que quitarles sustancias químicas o paquetes de cocaína a las mafias no trae una paz duradera ni baja los delitos diarios que sufre la gente, como las extorsiones o los robos. Los diputados y senadores de oposición exigen revisar a fondo los resultados y piden que los gobiernos estatales se coordinen mejor para limpiar sus propias corporaciones, algo que la agenda compartida con Estados Unidos también presiona para que suceda.
El problema se vuelve más evidente con los ataques violentos que siguen ocurriendo en el centro y norte del país. Aunque se ha detenido a jefes criminales importantes, las agresiones contra políticos locales y las balaceras demuestran que las bandas siguen mandando en muchas regiones. Al final, los operativos federales quitan dinero inmediato a los cárteles, pero como no se tocan los lazos de complicidad con políticos ni se reforma la justicia a nivel local, las organizaciones delictivas solo cambian de líderes y siguen operando con total libertad.
La justicia guiña el ojo
El cierre de las investigaciones contra Pío y Martín López Obrador expone una de las contradicciones más grandes en la fiscalización electoral mexicana. Ambos hermanos del expresidente fueron exhibidos en videos grabados en 2015 recibiendo sobres y bolsas con dinero en efectivo de manos de David León Romero. Sin embargo, para los organismos encargados de vigilar y sancionar el uso de recursos, las evidencias materiales que escandalizaron al país no fueron suficientes para armar un caso sólido. La vía penal se cerró primero para Pío en octubre de 2022 mediante el descarte de las grabaciones, abriendo el camino para una serie de resoluciones técnicas que terminaron por sepultar los expedientes en el terreno administrativo.
Las fechas de las exoneraciones definitivas reflejan una estrategia de carpetazo institucional escalonado. En el caso de Pío Lorenzo López Obrador, el Instituto Nacional Electoral descartó las sanciones en agosto de 2025, una decisión que fue ratificada por la Sala Superior del Tribunal Electoral el 18 de marzo pasado bajo el argumento de que las quejas eran extemporáneas. El turno de Martín Jesús López Obrador llegó el pasado viernes 19 de junio, cuando el Consejo General del INE votó por unanimidad declarar infundada la denuncia en su contra. La Unidad Técnica de Fiscalización argumentó en ambos casos que fue imposible rastrear el destino del dinero dentro de la contabilidad formal de Morena, decretando la falta de pruebas.
Este desenlace alimenta sospechas legítimas sobre el verdadero papel de las instituciones sancionadoras. Para el ciudadano común, la lógica utilizada por el INE y el Tribunal Electoral resulta desconcertante: archivar una investigación porque no existen transferencias bancarias o estados de cuenta es ignorar la naturaleza misma del dinero ilegal, cuyo propósito principal es operar en la sombra para no dejar huellas. Además, las autoridades prefirieron apegarse a tecnicismos legales antes que investigar la aceptación pública del propio Andrés Manuel López Obrador, quien en su conferencia matutina del 21 de agosto de 2020 declaró expresamente: son aportaciones para financiar el movimiento.
Al final, el buen desempeño y la imparcialidad de los árbitros quedan bajo la sombra de la duda. La prisa por aplicar criterios formales y desechar las pruebas bajo la figura de comunicaciones privadas violadas contrasta con la rigidez aplicada en otros casos políticos. Al recurrir a salidas técnicas para evitar un conflicto con el poder presidencial, los organismos encargados de limpiar la democracia mexicana terminaron por enviar un mensaje preocupante: en el sistema electoral actual, el uso de dinero en efectivo sigue siendo la ruta más segura hacia la impunidad absoluta.
N de la R: La plataforma ciudadana BachesJRZ comenzó a recopilar formalmente los reportes y fotografías de la ciudadanía a partir de abril de 2022.
Esta iniciativa surgió como una herramienta de georreferenciación independiente para que los habitantes de Ciudad Juárez pudieran documentar el estado real de las calles y exigir cuentas a las autoridades municipales.
A través de este sistema, se han acumulado miles de reportes que contrastan la cantidad de baches denunciados por la población frente al porcentaje real de reparación que ejecutan las dependencias de Obras Públicas.
Para conocer más sobre el impacto y las dimensiones de este problema urbano, puedes ver esta cobertura sobre cómo Ciudad Juárez está lleno de baches, un reporte que detalla las dificultades diarias de los automovilistas para circular por las calles de la frontera y las respuestas del gobierno municipal.
