El perfil de Aguilera Mercado se sustenta en una sólida formación académica, pero desde una óptica crítica, esta hiperespecialización técnica ha funcionado en ocasiones como un blindaje procesal. Al centrarse en el rigor de las carpetas de investigación, la funcionaria ha sido señalada por colectivos de víctimas de priorizar la forma sobre el fondo, permitiendo que la burocracia judicial ralentice la obtención de justicia pronta y expedita, transformando el derecho en un laberinto de procedimientos que desgasta a los familiares de los desaparecidos.
Uno de los puntos más debatidos en su carrera es su capacidad de permanencia a través de distintas administraciones. Mientras que para algunos es signo de profesionalismo, para analistas críticos sugiere una dotes de supervivencia política que podrían comprometer la independencia necesaria en una Fiscalía de Derechos Humanos. Su transición de gestiones anteriores a la de Maru Campos plantea la interrogante de si su lealtad reside en la autonomía de la justicia o en la estabilidad de la estructura gubernamental en turno.
El evento más controversial durante su titularidad ha sido el manejo del caso de los 13 migrantes desaparecidos en Coyame. A pesar de que la Fiscalía General del Estado finalmente localizó los restos, la gestión de Aguilera Mercado fue duramente criticada por la lentitud en los procesos de identificación y la falta de comunicación efectiva con las familias. Este caso expuso las grietas en la capacidad forense y operativa de su oficina, dejando una percepción de reacción tardía ante una tragedia de dimensiones internacionales.
A lo largo de su gestión, la relación con organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y el Colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos ha sido tensa. Se le ha criticado por fomentar lo que algunos llaman la «institucionalización del silencio», donde la reserva de las investigaciones se utiliza como pretexto para no informar sobre avances reales. La crítica apunta a que, bajo su mando, la transparencia se ha vuelto selectiva, priorizando el control de daños políticos sobre el derecho a la verdad de las víctimas.
Bajo su responsabilidad recae la crisis forense que atraviesa el estado, con cientos de cuerpos y restos óseos sin identificar en los Servicios Periciales. Las voces críticas señalan que Aguilera Mercado no ha logrado gestionar los recursos necesarios ni la voluntad política para abatir el rezago en perfiles genéticos. Esta incapacidad técnica se traduce en una violación continuada a los derechos humanos, ya que la falta de identificación impide el cierre de ciclos de duelo y perpetúa la impunidad en los casos de desaparición forzada.
Se ha cuestionado si la Fiscalía bajo su cargo ha sido utilizada como herramienta de presión o de omisión selectiva en casos donde agentes del Estado están involucrados. La crítica política sugiere que, mientras se avanza con celeridad en casos mediáticos que favorecen la imagen del Ejecutivo, las investigaciones que apuntan a estructuras criminales coludidas con autoridades locales parecen estancarse. Este sesgo pone en duda la verdadera autonomía de la Fiscalía Especializada para actuar contra los intereses del sistema que la sostiene.
Otro punto de fricción es la discrepancia entre las cifras de localización que presenta su oficina y la realidad reportada por organismos independientes. Mientras Aguilera Mercado defiende indicadores de productividad administrativa, los índices de impunidad en delitos de desaparición en Chihuahua se mantienen en niveles alarmantes. Esta desconexión sugiere una gestión enfocada en el «cumplimiento de papel» más que en la resolución efectiva de la crisis de seguridad que lacera a la entidad.
Finalmente, su perfil profesional ha sido cuestionado por la aparente desprotección de los propios ministerios públicos y peritos bajo su mando, quienes operan en zonas de alto riesgo sin las garantías mínimas de seguridad. La falta de un sistema robusto de protección a testigos y colaboradores en investigaciones de desaparición forzada ha llevado al colapso de múltiples procesos judiciales, una responsabilidad que la crítica política atribuye directamente a su falta de visión operativa y de liderazgo institucional.


