Los Ángeles, California.— Un bloque de cerca de 200 organizaciones dedicadas al bienestar infantil presentó un comentario público masivo contra la propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de rescindir la regla actual de “carga pública”, publicada en noviembre en el Federal Register. La iniciativa, que amplía la discreción de oficiales migratorios para negar residencias permanentes por uso de beneficios sociales, podría generar un “efecto escalofriante” que disuada a familias inmigrantes de acceder a salud, nutrición y vivienda esenciales.
La norma propuesta elimina las definiciones claras de la regla de 2022, que limitaba la consideración a dependencia primaria de asistencia en efectivo o institucionalización prolongada. Al remover estas salvaguardas, oficiales podrían evaluar subjetivamente cualquier beneficio no monetario, como Medicaid, CHIP, SNAP o asistencia habitacional, incluso si se usan legalmente.
Expertos advierten que el impacto principal recae en millones de niños, muchos ciudadanos estadounidenses en familias mixtas. Investigaciones previas muestran que políticas similares provocan deserción masiva: padres retiran a hijos de programas por miedo a repercusiones migratorias. Según estimaciones de la American Public Health Association y otros, hasta 3.7 millones podrían perder cobertura, con pérdidas federales de miles de millones y efectos en economías locales, incluyendo hasta 212,000 empleos.
“La meta es asustar a las familias inmigrantes”, declaró Wendy Cervantes, del Centro para Ley y Política Social. Linda Spears, de Child Welfare League of America, agregó que los efectos “no pueden exagerarse: más estrés, miedo y pobreza”. Wendy Young, de Kids in Need of Defense, alertó sobre mayor vulnerabilidad a explotación, mientras Rachel Velcoff Hults, del Centro Nacional de Derecho Juvenil, enfatizó que acceder a beneficios mejora salud y educación infantil.
Aunque no aprobada, la propuesta ya genera ansiedad. El período de comentarios cerró el 19 de diciembre, con miles de oposiciones, incluyendo coaliciones como Protecting Immigrant Families. Defensores instan al DHS a retirar la norma para evitar daños irreversibles en pobreza, hambre y salud pública. Carmen M. Feliciano, de UnidosUS, y Melissa Boteach, de ZERO TO THREE, coincidieron: el miedo durará generaciones.
La controversia resalta tensiones en políticas migratorias, priorizando disuasión sobre apoyo familiar.
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