Chihuahua, Chih.- En un pulso que trasciende las aulas judiciales y pone en jaque el federalismo mexicano, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua reafirmó este lunes su dominio absoluto sobre la investigación por el presunto peculado de 98.6 millones de pesos atribuido al exgobernador Javier Corral Jurado, su ex-secretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez y el empresario Jorge Peña López Elías. El fiscal Abelardo Valenzuela Holguín tildó de «ilegal y furtiva» la reciente intentona de la Fiscalía General de la República (FGR) por atraer el expediente, argumentando que los fondos, ya transferidos como participaciones federales al erario estatal, devienen en patrimonio local y su malversación debe perseguirse exclusivamente en tribunales chihuahuenses. Esta defensa no solo resguarda la acción penal iniciada en agosto de 2024 —previa al fuero senatorial de Corral por Morena—, sino que eleva el caso a emblema de la lucha por la autonomía anticorrupción en un México donde las disputas competenciales suelen diluir responsabilidades.
El roce entre instancias estatales y federales ilustra una grieta profunda en el sistema judicial: mientras Valenzuela Holguín denuncia violaciones a garantías como el derecho de audiencia —dado que ni la fiscalía ni la Secretaría de Hacienda, como víctima, fueron notificados de la audiencia del 13 de octubre ante el juez federal Roberto Antonio Alcoverde Martínez—, la FGR carece de acuerdo formal de atracción ni denuncia previa. «No hay base legal; es un obsequio político a un imputado con fuero», espetó el fiscal, respaldado por la Ley de Coordinación Fiscal y fallos de la Suprema Corte que confirman el carácter estatal de los recursos una vez ministrados. Ante esto, el gobierno chihuahuense impulsó un amparo que ya obtuvo suspensión provisional, y el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito definirá pronto la supremacía competencial, en un proceso que podría prolongarse semanas pero que no frena la acumulación de pruebas ni las alertas migratorias contra los acusados.
Deuda pública como pretexto para el desfalco
El caso germina en el bienio 2019-2020, cuando la administración de Corral habría canalizado irregularmente fondos públicos hacia la supuesta reestructuración de la deuda estatal de Chihuahua, heredada de gestiones priistas. La Fiscalía detalla cómo los imputados concertaron un contrato ficticio con Peña López Elías —empresario cercano al exmandatario— por 98.6 millones de pesos, sin justificación técnica ni rendición de cuentas, configurando peculado agravado bajo el Código Penal local. Esta maniobra no solo erosionó el patrimonio chihuahuense, sino que exacerbó la vulnerabilidad fiscal del estado, ya lastrado por compromisos financieros previos.
En la causa 3050/2024, tramitada por el Juzgado de Control del Distrito Judicial Morelos, los tres fueron vinculados a proceso: Corral declarado prófugo, con restricciones de viaje y suspensión de derechos políticos que persisten pese a su inmunidad senatorial. Fuentes fiscales aclaran que el fuero blindado impide detenciones inmediatas, pero no paraliza el avance investigativo ni la reparación del daño, estimada en el monto íntegro más actualizaciones. Corral, por su lado, califica las imputaciones de «fabricadas con tinte político», y ha interpuesto recursos para federalizar el caso, alegando sesgo estatal. Sin embargo, sus esfuerzos chocan contra un muro: un juez federal ya avaló la continuidad provisional de la causa local, frustrando la entrega del expediente a la FGR.
Del panismo a Morena, bajo la sombra de la corrupción
Javier Corral Jurado, nacido el 2 de agosto de 1966 en El Paso, dede niño de secundaria su proyecto de vida fue la política y todo lo que ello conlleva. Militante histórico del PAN desde 1982 —donde fue diputado local, federal y senador—, ganó en 2016 la gubernatura de Chihuahua, prometiendo combatir la corrupción heredada de César Duarte. Su sexenio (2016-2021) se jactó de extradiciones y recuperaciones millonarias, pero terminó envuelto en acusaciones inversas: además del desvío actual, enfrenta señalamientos por irregularidades en la deuda estatal y vínculos con empresarios como Peña, cuyo complejo en Tepoztlán —con piscina, canchas de tenis y biblioteca— fue asegurado en septiembre como posible botín del peculado .
Tras dejar el gobierno, Corral viró a Morena, asumiendo como senador en 2024 y presidiendo la Comisión de Justicia. Su ciudadanía estadounidense complicó recientes intentos de salida del país, bloqueados por la orden de aprehensión vigente . Hoy, librero ocasional y crítico acérrimo de la actual gobernadora panista Maru Campos, Corral denuncia «persecución» en redes, pero su ex-secretario Fuentes permanece prófugo, y Peña enfrenta embargo de bienes. «La justicia no negocia con fueros», replicó Valenzuela, evocando un Corral que pasó de cazador de corruptos a imputado emblemático.
De Duarte a Campos, un rosario de escándalos
El caso Corral no es aislado en un estado que, según el INEGI 2023, lidera la tasa nacional de corrupción con un alza del 111% en reportes desde 2021 . Predecesor de Corral, César Duarte acumula causas legendarias: la «Operación Safiro» por desvío de 120 millones en ganaderos, aún en curso desde 2023 ; y la reparación histórica de 328 millones por peculado de su colaborador Javier Garfio Pacheco, lograda en 2024 como hito anticorrupción. La Fiscalía estatal reporta dos vinculaciones recientes en corrupción pública y privada, reafirmando su rol en un ecosistema donde tres de cada diez casos tocan seguridad, salud y justicia .
Bajo Maru Campos (PAN, 2021-actual), surgen sombras frescas: la «Torre Centinela», proyecto de vigilancia fronteriza con Abbott que Corral acusa de sobreprecios y entreguismo, envuelto en auditorías estatales cuestionadas; y presuntos sobrepagos en publicidad por 2 mil millones para «control mediático», según denuncias opositoras . Solo el 2% de denuncias culmina en sentencia, con 98% en impunidad, según el Sistema Estatal Anticorrupción. Valenzuela Holguín insiste: «Cada peso desviado regresará a los chihuahuenses», un mantra que resuena en un 2025 de transiciones políticas donde el pasado panista —de Duarte a Corral— y el presente se entrecruzan en juicios pendientes.
Postura inquebrantable
La tenacidad de la fiscalía trasciende lo jurídico: Valenzuela celebra la independencia de jueces locales que, contra «maniobras políticas», preservan la verdad. «Alentador ver que la ley prevalece», dijo, aludiendo al respaldo judicial en la controversia. Mientras el Tribunal Colegiado delibera, las medidas cautelares contra Corral y coimputados —incluidas suspensiones de derechos y restricciones de salida— se endurecen, con Fuentes prófugo y Peña bajo embargo. Fuentes del caso anticipan que, de ratificarse la competencia estatal, el proceso galopará hacia juicio oral, priorizando la recuperación íntegra del desfalco.
Este embate no solo amenaza el legado de Corral —de reformador anticorrupción a corrupto y corruptor—, sino que traza los confines del pacto federal en la era Sheinbaum.
Así pues, la Fiscalía de Chihuahua blinda caso de 98.6 mdp contra Corral ante «furtiva» intromisión federal. La Fiscalía Anticorrupción rechazó la atracción de la FGR al expediente por peculado del exgobernador Javier Corral (PAN-Morena), Arturo Fuentes y Jorge Peña, calificado de ilegal por fiscal Abelardo Valenzuela. Fondos estatales de 2019-2020, usados en contrato ficticio para reestructurar deuda. Vinculados en causa 3050/2024; Corral prófugo con fuero senatorial, alertas migratorias y pasaporte negado. Amparo estatal suspende federalización. «Cada peso volverá», promete Valenzuela.
