Ciudad Juárez, Chih.- El hallazgo de 386 cuerpos apilados en condiciones inhumanas en el Crematorio Plenitud sigue estremeciendo a Ciudad Juárez, cuatro meses después de que el caso destapara una red de fraudes funerarios y presuntas negligencias de autoridades locales. Las familias afectadas, organizadas en el colectivo Justicia para Nuestros Deudos, mantienen protestas en esta frontera, exigiendo celeridad en la identificación de restos y castigo a los responsables, mientras denuncian amenazas y lentitud en los avances. En un giro reciente, la Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Rosa Icela Rodríguez, ha prometido recibir directamente a los deudos para agilizar el apoyo, una medida que busca calmar la indignación que ha escalado hasta Palacio Nacional.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua reportó esta semana que solo 105 de los 386 cuerpos han sido identificados, con 77 entregados a sus familias tras procesos forenses que han recurrido a huellas dactilares, pruebas de ADN y, en casos desgarradores, al reconocimiento de prendas en una galería improvisada en el Servicio Médico Forense (Semefo). Mariana Hernández, una de las afectadas, identificó a su madre el 14 de octubre por una pijama que aún conservaba su olor, un ejemplo de los métodos que, aunque efectivos para algunos, reflejan la precariedad del proceso. Los 274 cuerpos restantes, muchos en avanzado estado de descomposición, representan un desafío monumental, agravado por la acumulación de restos desde 2021, e incluso de la pandemia de COVID-19, según las autoridades.
La FGE ha implementado un sitio web para que las familias reporten datos de sus seres queridos y ha organizado jornadas de visualización de pertenencias, pero la falta de recursos forenses ha intensificado los reclamos para que la Federación asuma un rol más activo. La posible atracción del caso por la Fiscalía General de la República (FGR) sigue en análisis, sin avances concretos, lo que frustra a los deudos que ven en la intervención federal una esperanza para acelerar identificaciones con tecnología avanzada y bases de datos nacionales.
Fraude funerario expone complicidades, 73 denuncias en curso
El caso ha destapado una red de irregularidades que involucra a siete funerarias, incluida la Latinoamericana, con alcance en más de 20 estados, acusadas de subcontratar servicios de cremación fraudulentos mientras entregaban urnas con tierra o piedras en lugar de cenizas. Hasta el 18 de octubre, 73 denuncias por fraude penal han sido presentadas, pero la indignación crece ante la falta de clausuras definitivas de estas agencias, que continúan operando en algunos casos.
Los detenidos, el propietario del crematorio, José Luis A.C., y un empleado, Facundo M.R., enfrentan cargos por ocultamiento de cadáveres y permanecen en prisión preventiva, aunque las familias señalan que la investigación debe alcanzar a funcionarios municipales y estatales que ignoraron quejas vecinales sobre olores fétidos durante años.
En una protesta el 11 de octubre frente a la Funeraria Latinoamericana, el colectivo Justicia para Nuestros Deudos encendió velas y colocó retratos de sus seres queridos, exigiendo que cada urna falsa sea analizada y que se investigue a fondo la cadena de complicidades. “No es solo un crematorio, es un sistema que permitió este horror”, afirmó una madre afectada, cuya voz resonó entre pancartas que denunciaban la impunidad.
Rosa Icela Rodríguez abrirá diálogo directo
En un intento por responder a la presión de las familias, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, anunció que recibirá personalmente a los deudos del caso Plenitud para escuchar sus demandas y coordinar apoyos a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Esta promesa, hecha pública tras las caravanas de familiares que acamparon en Palacio Nacional en septiembre, busca garantizar asesoría jurídica, acompañamiento psicológico y protección ante las amenazas reportadas por el colectivo.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado su compromiso con una investigación imparcial, pero la falta de claridad sobre la posible intervención de la FGR mantiene en vilo a los afectados, quienes exigen recursos federales, como cruces de ADN con bases del INE, para agilizar las identificaciones.
El viernes, un plantón en el Puente Santa Fe paralizó el tráfico transfronterizo, un grito colectivo que simboliza el dolor de familias atrapadas en un duelo inconcluso. Mientras las velas siguen encendidas en Juárez y la Ciudad de México, el Crematorio Plenitud se convierte en un emblema de las fallas sistémicas en la regulación funeraria mexicana, donde la muerte, lejos de ser un descanso, se transforma en una batalla por la verdad. La intervención de Rosa Icela Rodríguez podría marcar un punto de inflexión, pero para los deudos, cada día sin respuestas es un recordatorio de una herida que no cierra.
