Guadalupe y Calvo Chih.- A pocas horas de la medianoche, el Ayuntamiento de Guadalupe y Calvo, uno de los municipios más afectados por la violencia en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, anunció la suspensión total de las festividades patrias por el 215 aniversario de la Independencia de México. Esta decisión, motivada por balaceras reportadas esa misma tarde, refleja la delicada situación de inseguridad que azota la región y prioriza la integridad de la población sobre la tradición.
El comunicado oficial del Ayuntamiento de Guadalupe y Calvo se emitió alrededor de las 20:00 horas, confirmando la cancelación del Grito de Independencia, programado para esa noche en la plaza principal, y del desfile cívico-militar previsto para el 16 de septiembre. La medida se tomó en coordinación con autoridades estatales y federales, incluyendo la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y la Guardia Nacional, para evitar riesgos durante los eventos masivos.
En el texto, difundido por la alcaldía enfatizó: «La prioridad es salvaguardar la integridad de las familias guadalupenses y evitar cualquier incidente que ponga en peligro a la población». Aunque no se detallaron las circunstancias específicas, el anuncio coincidió con reportes de balaceras en las inmediaciones de la cabecera municipal esa tarde, posiblemente relacionadas con disputas entre grupos criminales por el control de rutas de narcotráfico.
Esta no es la primera vez que eventos patrios se suspenden en la región. En 2023 y 2024, protestas ciudadanas y alertas de seguridad ya habían mermado las celebraciones, pero la cancelación de 2025 es la más abrupta, ocurrida apenas horas antes del Grito.
Guadalupe y Calvo, con una población de alrededor de 65,000 habitantes —mayoritariamente indígena rarámuri (tarahumara)—, es uno de los 67 municipios de Chihuahua y se ubica en la accidentada Sierra Madre Occidental, a unas 400 kilómetros al suroeste de la capital estatal. Históricamente rico en tradiciones indígenas y mineras, el municipio ha sido devastado por la violencia ligada al narcotráfico, convirtiéndose en un «foco rojo» según informes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
En las últimas semanas de agosto y septiembre de 2025, se registraron al menos 12 homicidios en el municipio, incluyendo ejecuciones colectivas en comunidades remotas como Mesa San Rafael y Las Yerbitas. El 15 de septiembre, las balaceras reportadas involucraron vehículos armados en la carretera a Guadalupe y Calvo, lo que activó alertas de la SSPE y despliegues de la Guardia Nacional.
El área es disputada por facciones del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que compiten por el control de plantaciones de amapola y rutas de fentanilo hacia Estados Unidos. Según datos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), Guadalupe y Calvo acumula más de 200 homicidios dolosos en lo que va de 2025, un incremento del 15% respecto a 2024.
Las comunidades rarámuri, que representan el 40% de los habitantes, sufren desplazamientos forzados —al menos 1,500 personas en 2025, según la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)— y reclutamiento forzado de jóvenes. Protestas previas en redes sociales, como las reportadas por el secretario de Gobierno estatal Santiago de la Peña Grajeda el 12 de septiembre, pedían boicotear los eventos como forma de visibilizar la inseguridad, aunque el gobierno estatal insistió en que la seguridad estaba «garantizada».
A nivel nacional, esta cancelación se suma a otras en municipios de cinco estados afectados por la violencia, como en Michoacán (Zinapécuaro, Peribán y Uruapan), Sinaloa y Chihuahua (Gran Morelos, donde también se suspendió el Grito tras una masacre en un baile el 13 de septiembre). En contraste, ciudades como Chihuahua capital y Juárez celebraron sin contratiempos, con miles de asistentes y operativos de hasta 1,500 elementos.
