Ciudad Juárez, Chih.- El Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua concedió una nueva suspensión en el juicio de amparo promovido por la asociación civil Árboles en Resistencia contra la ley que creó el Organismo Público Descentralizado (OPD) Parque Central. Esta resolución va más allá de las medidas cautelares anteriores, ya que toca aspectos de fondo y paraliza los efectos de la norma mientras se resuelve el juicio principal.
De acuerdo con la decisión judicial, la ley no se suspende formalmente como acto legislativo, pero sí se impide su ejecución. Las autoridades municipales y el propio OPD no pueden aplicar la norma ni realizar ningún acto basado en ella: no hay obras, no hay intervenciones físicas y no puede avanzarse en ningún modelo de gestión que implique la mercantilización del espacio público. Todo debe permanecer exactamente en el estado actual.
Uno de los aspectos más delicados es que el propio juzgado reconoció indicios de que la ley local podría invadir la esfera de competencia federal en materia ambiental. Esta observación pone en entredicho la constitucionalidad general de la norma y abre la puerta a un análisis profundo sobre la validez de la creación del OPD.
Daniel Delgadillo, vocero e integrante de Árboles en Resistencia, ha destacado que el objetivo es defender el carácter público del parque y evitar que se destine a intereses comerciales privados. “El Parque Central pertenece a todos los juarenses y no debe concesionarse para negocios de unos cuantos”, ha señalado en diversas ocasiones. Leticia Chavarría, también integrante activa del colectivo, ha insistido en la protección del derecho humano a un medio ambiente sano y en la necesidad de preservar este pulmón verde para las futuras generaciones.
Esta suspensión representa un golpe significativo al proyecto, pues no solo detiene la posible instalación de una tienda de conveniencia, sino que cuestiona el modelo completo de gestión descentralizada del parque. Los activistas consideran que apenas inicia una fase más amplia de litigio, donde se examinará en detalle la constitucionalidad de la ley y sus implicaciones ambientales y urbanas.
En una ciudad como Juárez, con altos índices de contaminación y escasez de espacios verdes, el Parque Central se ha convertido en símbolo de la defensa del interés colectivo frente a intereses particulares. Mientras el caso sigue su curso —y podría escalar a instancias superiores—, las autoridades deberán abstenerse de cualquier acto fundado en la ley impugnada. La protección del medio ambiente sano prevalece temporalmente, manteniendo el parque como un espacio público y accesible para toda la comunidad.
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