Washington, D.C.- El presidente Donald Trump ha elevado el tono de su agenda antimigratoria en su segundo mandato, al prometer una «pausa permanente» en la entrada de personas procedentes de países del «tercer mundo» y criticar duramente la carga que representan los refugiados para Estados Unidos. Estas declaraciones, difundidas en una serie de publicaciones en redes sociales durante la noche del Día de Acción de Gracias, surgieron como respuesta inmediata al tiroteo ocurrido el miércoles en el centro de Washington D.C., donde un migrante afgano mató a tiros a una integrante de la Guardia Nacional y dejó a otra en estado crítico.
El incidente tuvo lugar cerca de la Casa Blanca, en una zona concurrida del Distrito de Columbia. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el sospechoso, identificado como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años y nacionalidad afgana, emboscó a las dos guardias que patrullaban la capital como parte de un despliegue ordenado por la administración Trump para reforzar la seguridad urbana. Lakanwal, quien había llegado a Estados Unidos en septiembre de 2021 bajo el programa «Operation Allies Welcome» impulsado por el gobierno de Joe Biden para evacuar aliados afganos tras la retirada de tropas estadounidenses, abrió fuego sin mediar palabra. Otros miembros de la Guardia Nacional respondieron, hiriendo de gravedad al atacante, quien fue detenido en el lugar. Autoridades federales confirmaron que Lakanwal había colaborado previamente con unidades respaldadas por la CIA durante la guerra en Afganistán, solicitó asilo en 2024 y lo obtuvo en abril de 2025, ya bajo la gestión de Trump. Sin embargo, su solicitud de tarjeta de residencia (green card) permanecía pendiente.
Desde su residencia en Mar-a-Lago, Palm Beach, Trump calificó el suceso como un «acto de terror» que «subraya la mayor amenaza de seguridad nacional que enfrenta nuestra nación». En un video dirigido a las tropas, el presidente apuntó directamente a las políticas de Biden por permitir la entrada de «criminales alienígenas» de lugares como Afganistán, al que describió como un «pozo infernal en la Tierra». Prometió revisar «a cada uno de los extranjeros que ingresaron de Afganistán durante la era Biden» y expulsar a «cualquier persona de cualquier país que no encaje aquí o no beneficie a nuestro país». No detalló los naciones específicas afectadas por la pausa migratoria, pero sus palabras evocaron el veto de viaje impuesto en junio pasado a ciudadanos de 19 países considerados de alto riesgo por deficiencias en el control de identidades y cooperación en inteligencia.
Revisarán green card de 19 nacionalidades
Horas después del ataque, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) suspendió indefinidamente el procesamiento de todas las solicitudes de inmigración de nacionales afganos, citando la necesidad de una «revisión exhaustiva de protocolos de seguridad y vetado». El director de USCIS, Joseph Edlow, anunció además una «reexaminación a gran escala y rigurosa de cada green card expedida a personas de 19 países de preocupación», alineándose con la proclama presidencial de junio. La lista incluye a Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. Estas naciones fueron seleccionadas por su incapacidad para emitir documentos de identidad seguros o compartir datos fiables sobre sus ciudadanos, lo que complica las verificaciones de antecedentes. La medida, efectiva de inmediato, aplica a solicitudes pendientes o presentadas a partir del 27 de noviembre, y obliga a los oficiales a considerar el origen del solicitante como un «factor negativo significativo».
El DHS extendió el escrutinio a todos los casos de asilo aprobados durante la administración Biden, afectando potencialmente a más de 2.2 millones de inmigrantes en espera de decisiones, según datos del Centro de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse. Paralelamente, el gobierno ha acelerado deportaciones masivas de indocumentados, reducido las admisiones anuales de refugiados a niveles mínimos históricos y propuesto eliminar la ciudadanía automática por nacimiento para hijos de no ciudadanos, una enmienda constitucional que enfrenta resistencia en el Congreso. Trump también ordenó el despliegue de 500 efectivos adicionales de la Guardia Nacional a Washington, elevando la presencia militar en la capital a más de 2.000 tropas, una estrategia que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, defiende como esencial para combatir el crimen urbano.
La escalada ha generado reacciones inmediatas. Agencias de la ONU, como el Alto Comisionado para los Refugiados, expresaron preocupación por el impacto en poblaciones vulnerables, advirtiendo que estigmatizar a comunidades enteras por acciones aisladas viola principios humanitarios. Un funcionario de la ONU declaró a AFP que el tiroteo «no debe usarse para revisar políticas migratorias afganas ni demonizar a los afganos». Grupos como AfghanEvac, que asisten en la reubicación de excolaboradores estadounidenses, condenaron el ataque pero instaron a no generalizar, destacando que los inmigrantes afganos pasan por uno de los procesos de vetado más estrictos. En el ámbito político, demócratas como la líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, acusaron a Trump de explotar la tragedia para avivar el miedo, mientras republicanos como el director del FBI, Kash Patel, respaldaron las medidas como un «endurecimiento necesario».
Expertos en derecho migratorio anticipan batallas judiciales. La pausa en visas de asilo y la revisión de green cards podrían ser impugnadas por violar debido proceso y tratados internacionales, similar a los fallos contra los vetos de viaje de su primer mandato. Organizaciones como la ACLU ya preparan demandas, argumentando que estas políticas discriminan por origen nacional. Mientras tanto, comunidades inmigrantes en ciudades como Nueva York y Los Ángeles reportan un clima de temor, con reportes de ausentismo en escuelas y clínicas por miedo a redadas.
Esta ofensiva migratoria se inscribe en una estrategia más amplia de la administración Trump, que desde enero ha deportado a más de 1.5 millones de personas y recortado fondos para programas de integración. El tiroteo en D.C., aunque aislado, ha proporcionado el catalizador para acelerar estas iniciativas, consolidando la base electoral del presidente en estados clave como Texas y Florida. Con el sospechoso aún sin cooperar y su motivación bajo investigación, el debate nacional se centra en equilibrar seguridad y derechos humanos, en un país donde la inmigración representa tanto una fuerza económica como un punto de fricción política.
