Ciudad de México.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó el criterio del Instituto Nacional Electoral (INE) y se negó a atraer la denuncia presentada por Morena en contra de la gobernadora de Chihuahua, la panista María Eugenia Campos Galván, resolviendo que la controversia deberá ser desahogada por las autoridades electorales de dicha entidad.
El diferendo jurídico comenzó cuando el instituto nacional se declaró incompetente para conocer de la queja promovida por el partido oficialista, bajo el argumento de que los hechos señalados —relacionados con presunta propaganda calumniosa y uso indebido de recursos públicos— no inciden en el desarrollo de ningún proceso electoral de carácter federal. Ante esta postura, Morena recurrió a la máxima instancia jurisdiccional electoral del país con el objetivo de obligar al órgano federal a llevar el procedimiento administrativo y evitar que quedara en manos de los consejeros del instituto local.
El origen de la denuncia se remonta a las movilizaciones convocadas por la dirigencia nacional de Morena en el marco de la denominada marcha por la seguridad en Chihuahua y la defensa de la soberanía nacional. Dicha protesta civil fue organizada para ejercer presión política hacia la administración estatal, luego de que trascendiera públicamente que el gobierno local presuntamente autorizó operaciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en territorio chihuahuense sin dar aviso previo a las instancias del gobierno federal, situación que generó acusaciones públicas por parte del oficialismo y la apertura de una indagatoria en la Fiscalía General de la República.
Tras el desarrollo de la movilización, cuyos resultados en convocatoria quedaron por debajo de las expectativas planteadas por sus organizadores, los cuadros de Morena acusaron formalmente a Campos Galván de desplegar una estrategia de sabotaje institucional para afectar el evento. Sin embargo, con el fallo unánime de los magistrados de la Sala Superior, el litigio electoral regresa al ámbito regional, correspondiendo exclusivamente al Instituto Electoral de Chihuahua analizar los elementos de prueba y determinar si existieron faltas a la normatividad local por parte del Ejecutivo estatal.
