1.- La gestión de Brighite Granados de la Rosa al frente de Morena en Chihuahua se sitúa en un delicado equilibrio que desafía el canon tradicional de la imparcialidad partidista. En la teoría, su rol como dirigente estatal debería garantizar un «piso parejo» para todas las expresiones del movimiento; sin embargo, en la práctica, su discurso ha transitado de la institucionalidad al proselitismo indirecto. Al calificar como «válido» el destape anticipado de figuras externas hacia la senadora Andrea Chávez, Granados no solo abandona la sobriedad del árbitro, sino que envía una señal de validación que fractura la percepción de neutralidad necesaria para conducir un proceso de selección pacífico.
2.- El análisis de sus intervenciones públicas revela una estrategia de exclusión selectiva que compromete su garantía de equidad. El uso del argumento legalista sobre la residencia para descartar de facto a Ariadna Montiel —antes de que los órganos electorales o de justicia interna se pronuncien— sugiere que la dirigencia estatal ha tomado partido en la pugna entre los grupos locales y las estructuras del centro. Esta postura transforma al «árbitro» en un actor político con agenda propia, cuya imparcialidad queda supeditada a una visión del partido que parece cerrar las puertas a ciertos liderazgos mientras mantiene una alfombra roja para otros.
3.- Por otro lado, la retórica de Granados sobre las encuestas como método único de selección funciona como una cláusula de escape institucional, pero carece de peso frente a sus propias manifestaciones de simpatía. Al declarar que perfiles específicos «harían un gran papel» como gobernadores, la dirigente contamina el clima de competencia interna. Un árbitro imparcial no predice resultados ni evalúa capacidades de gestión de los contendientes antes de la contienda; al hacerlo, Granados ejerce una influencia simbólica que puede condicionar la estructura del partido hacia una candidatura de unidad por consigna, más que por consenso ciudadano.
4.- En última instancia, la garantía de imparcialidad que ofrece la dirigencia de Granados de la Rosa es, en el mejor de los casos, frágil. La tensión con el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, quien ha tenido que reivindicar la soberanía del voto local frente a los gestos de la dirigencia, evidencia que el arbitraje estatal es percibido como un obstáculo para la libre competencia. Si la función del dirigente es ser el guardián de la unidad, la actual gestión parece estar privilegiando la alineación con corrientes de poder específicas, asumiendo el riesgo de que el proceso hacia 2027 nazca con una crisis de legitimidad interna difícil de reparar.
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