Ciudad de México.- Las organizaciones del narcotráfico en México implementaron un esquema transfronterizo para abastecerse de vehículos de alta gama, utilizando la renta legal de unidades en Estados Unidos para convertirlas posteriormente en vehículos blindados artesanales conocidos como monstruos o destinarlas a las cúpulas criminales.
Una investigación difundida por agencias de seguridad estadounidenses detalló que este modelo delictivo involucra al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación, agrupaciones que aprovechan vacíos legales, demoras burocráticas y redes de complicidad para trasladar miles de camionetas hacia territorio mexicano.
El modus operandi comienza con la contratación de personas en Estados Unidos, a quienes se les paga para rentar camionetas de lujo con pólizas de cobertura contra robo por periodos de al menos cinco días. En otras modalidades, los operadores recurren a plataformas digitales empleando identidades falsas o robadas, evadiendo los sistemas de vigilancia presencial mediante el uso de mascarillas protectoras.
Una vez obtenido el vehículo, los conductores los abandonan en los estacionamientos de las propias agencias arrendadoras con las llaves encendidas o accesibles, facilitando que colaboradores del crimen organizado crucen la frontera norte hacia México de forma inmediata. Aunque los estados de California y Texas concentran el mayor volumen de sustracciones, las autoridades han detectado operaciones similares en circunscripciones tan distantes como Nueva York.
El fenómeno expone fallas operativas y de coordinación entre corporaciones de ambos países. En jurisdicciones estadounidenses, las agencias de alquiler deben aguardar hasta nueve días antes de interponer una denuncia formal por robo que permita inscribir la unidad en la Base de Datos Nacional de Incidentes Delictivos del Buró Federal de Investigaciones.
A ello se asevera que las corporaciones policiales locales, como ocurre en California, tienen prohibido activar los dispositivos de rastreo por posicionamiento global hasta que expire el plazo pactado para la devolución del automotor, margen temporal suficiente para que los automóviles crucen la aduana internacional.
Del lado mexicano, el registro de matrículas y números de identificación vehicular en las bases de datos de recuperación experimenta retrasos adicionales, obstaculizando la intervención de las corporaciones de seguridad pública.
Ante este escenario, empresas de recuperación vehicular señalan que numerosas compañías arrendadoras optan por asumir las sustracciones como pérdidas financieras calculadas dentro de sus operaciones, absteniéndose de emprender acciones de rastreo internacional.
El flujo de unidades aumenta de manera proporcional a la intensidad de los conflictos armados entre facciones delictivas, como ocurrió durante las confrontaciones internas en Sinaloa entre los grupos de Los Chapitos y La Mayiza, así como en las disputas territoriales del Cártel Jalisco Nueva Generación en regiones de Michoacán, Chiapas y Baja California.
Los vehículos sustraídos experimentan modificaciones estructurales en talleres clandestinos para instalarles blindajes de acero con especificaciones militares, transformándolos en unidades de combate táctico. En paralelo, los modelos de mayor exclusividad de marcas como Cadillac y BMW son entregados directamente a mandos operativos y líderes regionales.
Las pesquisas de inteligencia también apuntan a que estas unidades sirven para el traslado de sustancias ilícitas como fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia la frontera norte, operación facilitada en ocasiones por esquemas de corrupción institucional que permiten la clonación de documentos y la obtención de matrículas apócrifas en México.
