Asunción, Paraguay.- Una profunda crisis política y social sacude al gobierno del presidente Santiago Peña tras la sorpresiva insolvencia financiera y la posterior intervención estatal de Ueno Bank, uno de los bancos privados más grandes del país. La situación ha desencadenado protestas masivas, incertidumbre económica y gestiones en el Congreso para impulsar un juicio político contra el mandatario y su vicepresidente.
El conflicto estalló en la madrugada del 3 de noviembre de 2026, cuando el Banco Central de Paraguay (BCP) anunció la intervención de la entidad bancaria debido a una «insuficiencia de su índice de solvencia», lo que provocó la paralización inmediata de su aplicación, canales digitales y tarjetas, generando angustia entre millones de clientes. Sectores vulnerables, especialmente jubilados que percibían sus haberes a través del banco mediante fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), quedaron sin acceso a sus recursos, desatando protestas en las calles.
Presión política y pedidos de destitución
Ante la magnitud del colapso, legisladores de la Cámara de Diputados comenzaron a reunir firmas para promover la destitución de Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana. Los parlamentarios los acusan de presuntos delitos de conflicto de intereses, cooptación del Estado, manipulación regulatoria, desvío de fondos jubilatorios, encubrimiento institucional y enriquecimiento ilícito.
La presión también escaló dentro del oficialismo. El vicepresidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Rodolfo Friedmann, solicitó públicamente la expulsión del mandatario y de sus cómplices de la agrupación partidaria, señalando la gravedad de las denuncias por un presunto fraude financiero con recursos públicos.
Vínculos cuestionados y dimisiones
El centro de los cuestionamientos radica en los nexos previos de Peña con la entidad financiera. Una investigación periodística divulgada el pasado 17 de octubre reveló que Ueno Holding Saeca pagó una millonaria suma de 30.000 millones de guaraníes a una empresa en la que el presidente figuraba como accionista, al menos hasta marzo de 2026. Adicionalmente, al inicio de su gestión en septiembre de 2023, el jefe de Estado designó al frente del BCP a Carlos Carvallo, exdirectivo de la financiera, quien debía fiscalizar a su antiguo empleador.
Tras el estallido del escándalo, Carvallo se vio forzado a presentar su renuncia a la presidencia del Banco Central. En paralelo, la Fiscalía general procedió a la detención e imputación de ocho directivos de Ueno Bank por delitos que incluyen estafa, lesión de confianza y conducta indebida en situaciones de crisis.
En un mensaje dirigido a la ciudadanía, el presidente Santiago Peña llamó a la mesura y aseguró que el sistema financiero se mantiene sólido. El mandatario garantizó que los ahorristas recuperarán sus fondos, prometió que las jubilaciones no corren riesgo y advirtió que los responsables de las irregularidades responderán ante la justicia sin excepciones. Mientras tanto, la Cámara de Diputados convocó a sesiones urgentes para debatir mecanismos de pagos rápidos a los afectados, mientras las investigaciones judiciales y la tensión social continúan en ascenso.
