Bajo la intensa presión política de lópez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se vió obligada a la prestidigitación para sacar de la chistera una «decisión salomónica»:
Ni aceptarle a lópez su consulta popular, pero tampoco rechazarla.
En un derroche de creatividad, la Corte le echó la mano a lópez con un recurso existente para cobijar a los ignorantes.
Aceptar lo que propuso lópez sobre llevar a juicio a los 5 expresidentes más recientes hubiera sido catastrófico.
Hubiera vulnerado uno de los principios esenciales del Estado de Derecho: la aplicación de la ley no debe ni puede estar supeditada a la voluntad popular.
Tambien hubiera consumado un ataque artero a los derechos humanos y al principio de imparcialidad e independencia judicial.
En síntesis, hubiera echado abajo principios fundamentales del derecho y pisoteado leyes y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos.
Eso implicaba el capricho de lópez.
Y digo capricho porque como ya todos sabemos, no se necesita una consulta de ningún tipo para enjuiciar a los expresidentes.
Lo que se necesita es tener una causa, es decir, las pruebas de un delito.
Y si lópez las tiene, ha estado cometiendo el delito de encubrimiento, puesto que ya lleva dos años en la Presidencia y no los ha acusado formalmente de nada.
La Suprema Corte tuvo que medir muy seriamente las consecuencias de su decisión y optar por la creatividad.
Si simplemente hubiera rechazado y declarado inconstitucional el capricho de lópez, éste hubiera desatado su ira contra el poder judicial y hubiera acusado al más alto tribunal de la Nación de oponerse a la voluntad del pueblo.
Se evaluó que la Corte saldría popularmente perjudicada ny se prefirió el daño de la sumisión.
Y la decisión fue ni sí, ni no.
Por 6 votos contra 5, es decir lo más cerrado posible, el fallo primero fue validar la realización de la consulta, declarándola «constitucional», pero no como la pretendía lópez.
Eso constituyó el Sí.
El No estuvo solapado en el cambio de la pregunta que envió lópez a la corte y que decía así.
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a la leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”
El texto de la pregunta fue modificado rotundamente, para quedar así:
¿Estás de acuerdo o no que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
No menciona nombres ni habla de sancionar. Tampoco plantea la estupidez de preguntar si se está de acuerdo en aplicar la ley.
Habla de «esclarecer».
Claramente, ya no se trata de una consulta para enjuiciar a ex presidentes, sino para indagar con fines de esclarecimiento hechos de «actores políticos» del pasado.
Es como la rifa del avión sin avión.
¿Cuáles o qué tipo de actores políticos?
Al no acotar, los incluye a todos.
Cualquiera que haya hecho política ha sido un actor político.
En esencia, la Corte optó por recurrir al «derecho a la verdad” de las presuntas víctimas, consagrado en nuestras leyes.
Un cambio radical en la materia jurídica de la pregunta.
Lo que hizo habilmente la Corte fue «suplirle la petición» a lópez.
Tiene la facultad para hacerlo oficiosamente, de pleno derecho.
La «suplencia de la queja» o de «la petición» es una figura de paternalismo judicial que permite al tribunal corregir los errores planteados por el solicitante de justicia, cuando por su ignorancia o desconocimiento conduce torpemente su petición.
La figura está pensada – y así lo prevé la Ley de Amparo – para auxiliar a los quejosos en su calidad de personas vulnerables, como puede serlo un campesino iletrado, un obrero ignorante, un niño, un indígena monolingüe, o cualquiera que no tenga para pagar un abogado ni de medio pelo.
Es como una cobija legal de conmiseración.
En el caso, igual aplica para un necio.
La «suplencia de la petición» es un principio consagrado en el derecho internacional, ya incorporado a nuestra legislación. Es frecuente encontrar el tema en literatura sobre genocidios en dictaduras como la de Chile, y las de Argentina, y aborda principalmente reparación del daño integral y garantías de no repetición.
Al redireccionar la pregunta de la consulta hacia el «derecho a la verdad» la Corte evita los atropellos y las aberraciones jurídicas pretendidas por lópez.
De alguna manera lo deja en ridículo, pero digmos que con la mejor discresión posible.
Hoy lópez podrá celebrar su «triunfo» en la mañanera, la Suprema Corte habrá quedado a salvo…por lo pronto, y lópez tendrá un recurso más para seguir ocupando la atención de la nación en temas de verdadera intrascendencia para que olvidemos los grandes problemas nacionales del momento.
Sin embargo, la aprobación de la Corte conlleva otras muchas lecturas y consecuencias.
Para empezar, volvemos al dato de que la realización de la consulta tendrá un elevadísimo costo, calculado por ahora en unos 8 mil millones de pesos.
Tramposamente, lópez quería que la consulta se realice el 6 de junio de 2021, mismo dia de las eleciones, y que llevara los nombres de los expresidentes para que los votantes pensaran al emitir su sufragio en el pasado y no en el presente ni en el futuro.
Pero la Constitución es sucinta: El Artículo 35, Fracción VIII, inciso 5 dice textual y precisamente:
«Las consultas populares convocadas conforme a la presente fracción, se realizarán el primer domingo de agosto».
Sin embargo, lópez ya amenazó esta semana con cambiar la constitución si la ley no se ciñe a sus caprichos. Y ya vimos con el tema de los fideicomisos que los diputados están prestos a cometer cualquier abuso y tropelía para darle gusto.
Sólo falta que al INE le autoricen en el presupuesto los recursos suficientes, recortándoselos al sector salud, a las universidades o a los desastres naturales, para pagar el capricho.
Otro aspecto de primera importancia será lo que siga al previsible triunfo del Sí, en agosto del próximo año:
En qué consistirá el «proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados», a que se refiere la pregunta modificada.
¿Una comisión de la verdad?
Tendrá algo que ver con los delitos que acusa lópez a los ex presidentes :
…la desigualdad económica, la privatización de bienes nacionales, el supuesto fraude electoral de 2006, la guerra contra el narcotráfico y el financiamiento ilícito de la campaña electoral de 2012.
Suenan más a investigación académica o novelística que de orden penal.
En fin, ya será harina de un nuevo costal.
Por ahora lo más preocupante para la democracia y la legalidad es la degradación de la Corte.
Ciértamente la maniobra aplicada salvó coyunturalmente a la institución, pero la ha dejado fracturada estructuralmente con el sello de la sumisión.
Prácticamente todos los constitucionalistas del país han coincidido en la improcedencia de la consulta.
Anecdóticamente es notorio cómo el ministro Saldivar, Presidente de la Corte, fue el primero en tomar la palabra en la reunión, cuando lo tradicional es que lo haga hasta el final por cortesía para con el pleno. Así ha sido tradicionalmente.
Pero ayer Saldivar se avalanzó a contradecir el proyecto elaborado por el ministro Luis María Aguilar Morales, quien calificó la solicitud de consulta como un «concierto de inconstitucionalidades» que pudieran incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecución de los delitos y el Estado de Derecho; y que la Constitución prohíbe someter a consideración de la ciudadanía el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades de procuración y administración de justicia».
Fue claro que el ministro presidente quiso destacar su obsequioso acatamiento político a lópez, acusando recibo del previo operativo de presión personalizada sobre los ministros, además de la pública desde la mañanera.
Resultado: una Corte politizada por la fuerza y con ministros obligados a la ignominiosa genuflexión que debieron poner en práctica; elo uso de su inteligencia y habilidad jurídica para esquivar la alta funcion de ser el Tribunal Constitucional de México.
Mientras tanto, la violencia, la pandemia, la crisis económica, el desempleo y la disposición arbitraria de los recursos públicos son temas dominantes con los que se continúa la destrucción de las instituciones nacionales.
Un avance galopante del autoritarismo.
