Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este jueves su Plan B en materia electoral tras el rechazo en la Cámara de Diputados a la reforma constitucional original, con énfasis en reducir privilegios en los congresos locales mediante topes presupuestales y equiparación de costos por legislador.
Durante su conferencia matutina, la mandataria exhibió una tabla comparativa del costo anual por legislador en los congresos estatales con base en el presupuesto del Poder Legislativo local para 2026, donde se observan diferencias significativas entre entidades. Según los datos expuestos, Baja California registra el mayor costo con 34.8 millones de pesos por legislador (para 25 diputados y un presupuesto de 871 millones 687 mil 582 pesos), seguido de Morelos con 31.8 millones (20 legisladores, 637 millones 312 mil 480 pesos) y Michoacán con 30.2 millones (40 legisladores, mil 209 millones 128 mil 480 pesos).
En contraste, Colima presenta el menor gasto con 5.1 millones de pesos por legislador (25 diputados, 129 millones 250 mil pesos), mientras que entidades como Yucatán y Campeche se ubican entre los más bajos con alrededor de 6.1 y 6.3 millones, respectivamente.
Sheinbaum destacó que estas disparidades evidencian privilegios injustificados, al señalar que hay congresos donde el costo por diputado es hasta cinco o siete veces mayor que en otros, pese a similitudes en el número de legisladores o población. «Hay congresos estatales que por diputado tienen cinco veces lo de otros congresos, los diputados locales deben ganar la justa medianía», afirmó en referencia a la necesidad de homologar percepciones bajo el principio de austeridad republicana.
La propuesta del Plan B incluye fijar un tope máximo al presupuesto destinado a los congresos locales —ya sea como porcentaje del gasto estatal o ajustado por población—, con el objetivo de generar un ahorro estimado en 4 mil millones de pesos anuales. Estos recursos, precisó la presidenta, no irían al gobierno federal, sino que se quedarían en las entidades y municipios para destinarlos a obra pública, servicios básicos y atención de necesidades locales.
La mandataria argumentó que la medida responde a la inconformidad ciudadana con el uso de recursos públicos en estructuras políticas costosas, mientras persisten carencias en muchas regiones. «Nuestra lucha sigue siendo porque el recurso público se vaya a la gente», expresó, y adelantó que enviará al Congreso las iniciativas correspondientes el lunes próximo, acompañadas de reformas constitucionales para implementar los topes y fortalecer mecanismos de participación ciudadana, como consultas populares ampliadas en temas presupuestales y electorales.
Sheinbaum rechazó que el revés a la reforma electoral original represente una derrota, y sostuvo que el Plan B avanza en la misma dirección de austeridad y combate a privilegios, al tiempo que mantiene el compromiso de reducir gastos en el sistema político sin afectar la representación plural.
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