Ciudad de México.- En el marco de la conmemoración del Día de la Resistencia Indígena, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este 12 de octubre la ampliación del periodo de consulta para la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, atendiendo de manera directa la solicitud de los representantes comunitarios. Durante un encuentro sostenido en el Primer Patio Mariano de Palacio Nacional con delegados de los 69 pueblos originarios y del pueblo afromexicano, la titular del Ejecutivo federal subrayó que la legislación no será turnada al Congreso de la Unión hasta que las propias comunidades concluyan la revisión y den su aval definitivo.
La determinación se originó tras la intervención de Yaneth Cruz Gómez, representante del pueblo Tojolabal de Las Margaritas, Chiapas, quien entregó formalmente una propuesta legislativa y pidió extender los plazos de análisis. Ante ello, la mandataria reconoció que el proceso emanado del artículo segundo constitucional exige que el articulado surja de la deliberación directa de las bases. Asimismo, adelantó que en la iniciativa se buscará incorporar de manera formal el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, junto con los Planes de Justicia, los Caminos Artesanales y el reconocimiento a la propiedad comunal tradicional.
Durante el diálogo abierto, voces de distintas regiones del país expusieron tanto los avances alcanzados como las demandas pendientes. María Márquez Joaquín, del pueblo P’urhépecha, celebró la materialización de la reforma constitucional que otorga a las comunidades la calidad de sujetos de derecho, mientras que Lucas Pérez Hernández, del pueblo Tsotsil, y Crisóforo Valenzuela, del pueblo Yaqui, destacaron la apertura al diálogo y los proyectos hidráulicos en marcha. Por su parte, Rosa María Hernández habló por el pueblo afromexicano de Veracruz; Agustina del Carmen Tah Pech, desde Quintana Roo, evaluó los impactos del Tren Maya; y Hortencia Palma Palma, gobernadora indígena de Guachochi, Chihuahua, solicitó duplicar los apoyos para estudiantes universitarios y ponderó el impacto de los comedores comunitarios en su región.
En el balance técnico, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, detalló que entre 2025 y 2026 se han ejercido 25 mil 424 millones de pesos a través del fondo específico para infraestructura, permitiendo la ejecución de más de 52 mil obras. Añadió que la implementación de 22 Planes de Justicia en 14 entidades ha beneficiado a 2.6 millones de personas, acompañado de la restitución histórica de más de 58 mil hectáreas de tierras a comunidades yaquis, de la Sierra Tarahumara, wixárikas y otomíes, además de reportar la realización de 77 asambleas regionales previas para enriquecer el proyecto de ley que ahora continuará su etapa de revisión.
