Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República desarticuló una compleja red de contrabando de hidrocarburos vinculada con el caso del buque asegurado en 2025 en Puerto Altamira, Tamaulipas, con 10 millones de litros de diésel, operada presuntamente por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, conocidos como Los Primos.
En un mensaje difundido este lunes, la fiscal federal Ernestina Godoy Ramos detalló que las investigaciones revelaron que esta estructura criminal no operaba de manera aislada, sino que contaba con la capacidad de coordinar la importación, el traslado, el almacenamiento y la distribución ilegal de combustible ingresado principalmente desde Texas.
Como parte de las indagatorias, personal ministerial ejecutó el cateo de una bodega rentada por Roberto Farías en la capital del país, donde se aseguraron objetos de lujo, listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y de altos mandos, así como documentación clasificada como de seguridad nacional y armas de fuego sin registro.
De acuerdo con los datos de prueba presentados ante el Poder Judicial, los implicados gestionaban directamente nombramientos, ascensos y movimientos estratégicos al interior de la Secretaría de Marina y de la Administración Nacional de Aduanas de México, tejiendo una red de complicidades que facilitaba la simulación de inspecciones y la liberación de cargamentos.
La fiscal explicó que las embarcaciones declaraban falsamente el hidrocarburo como aceite o aditivo para evadir responsabilidades fiscales, mientras que servidores públicos coludidos recibían pagos por cada arribo, manipulaban los muestreos y desactivaban cámaras de vigilancia para ocultar las descargas en tierra.
El combustible ingresado era comercializado posteriormente a través de tres empresas legalmente constituidas, apoyadas por una red de compañías fachada y triangulaciones financieras destinadas a dar apariencia de legalidad a los recursos millonarios generados por esta actividad ilícita.
Godoy Ramos indicó que las operaciones de la organización se extendieron por diversas entidades como Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México, y reconoció el seguimiento puntual que el actual titular de la Secretaría de Marina, el almirante Raymundo Morales Ángeles, ha brindado a las indagatorias institucionales.
Finalmente, la funcionaria recordó que el origen de esta investigación se remonta a una denuncia presentada en 2024 por el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda, ante la instancia ministerial, permitiendo dar uno de los golpes más contundentes contra el contrabando de combustibles y la corrupción institucional en el país.
