El ex gobernador, César Duartez Jáquez, está a un paso de ser llevado ante la justicia de Chihuahua, después de la protección que le brindó el gobierno de Enrique Peña NIeto al obstaculizar los trámites para solicitar su extradición y deliberadamente integrar los expedientes de manera inadecuada.
El 12 de septiembre de 2017, el gobierno de Javier Corral solicitó formalmente al Gobierno federal realizar la solicitud de extradición. Ante los errores intencionados, los trámites debieron reponerse con la llegada de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Finalmente: “Ya hay respuesta afirmativa del Gobierno de Estados Unidos. Sí procede la extradición. El Gobierno estadounidense, a través del Departamento de Estado, notificó que procedía el trámite que se está llevando a cabo”, dijo AMLO durante una conferencia de prensa en Ciudad Juárez, el viernes 10 de enero de 2020.
La respuesta se notificó hace unos 15 días y que este proceso lo desarrollan el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal.
López Obrador explicó que está reponiéndose el procedimiento, como dicen los abogados, ya que no estaba bien fundado el planteamiento de extradición por parte de la anterior administración federal.
«Será un triunfo para la justicia del pueblo de Chihuahua»
Por su parte, el gobernador Javier Corral dijo que, de concretarse la captura y extradición de César Duarte a México, será un triunfo para la justicia del pueblo de Chihuahua, la reivindicación del Estado de Derecho y la efectiva coordinación entre niveles de gobierno.
En relación a lo manifestado por el presidente de la República, de que ya el Gobierno de Estados Unidos declaró la procedencia de la extradición, dijo que este situación “es la confirmación de un hecho jurídico que nosotros siempre hemos sostenido y defendido la procedencia de acuerdo con el tratado que México ha suscrito”.
Corral Jurado dijo que también “es justo reconocer que lo que ha hecho el Presidente López Obrador es cumplir la Ley y desahogar, conforme a los procedimientos, las órdenes de aprehensión que la Fiscalía de Chihuahua ha entregado a la Fiscalía General de la República así como la intervención expedita de la Secretaría de Relacions Exteriores”.
Con esto, señaló, se está reconociendo la forma incorrecta en la que actuó la anterior administración federal, que en lugar de tramitar conforme a la ley ese proceso, lo obstaculizó, los retrasó y deliberadamente lo planteó mal, “para brindarle protección e impunidad a uno de Los principales responsables de la corrupción política en el sexenio de Peña Nieto”.
Ahora lo que sigue es que las autoridades ejecutivas de ese país, tanto del Departamento de Estado, como del Departamento de Justicia turnen el caso a un juez federal y, éste resuelva sobre su detención y eventual extradición.
