CIUDAD DE MÉXICO. — El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró procedente el impedimento legal para que la ministra María Estela Ríos González participe en la discusión y resolución de dos juicios de amparo promovidos por la empresa Desarrollos Zapal. Dicha compañía minera, vinculada al grupo empresarial de Ricardo Salinas Pliego, mantiene un litigio legal en el que reclama la propiedad de 500 hectáreas de terrenos ubicados en el municipio de La Paz, Baja California Sur, con el objetivo de reactivar un proyecto de extracción de oro a cielo abierto en la zona conocida como Los Cardones.
La determinación del máximo tribunal del país se fundamentó en que la ministra Ríos González se desempeñó previamente como titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, periodo en el cual el Gobierno Federal intervino formalmente en los procedimientos jurídicos relacionados con el caso. Por unanimidad de votos, el resto de los integrantes del Pleno coincidieron en que su anterior cargo técnico-político compromete el principio de imparcialidad requerido para emitir un fallo en este expediente.
El fondo del asunto que analizará la Suprema Corte deriva de un prolongado conflicto territorial y ambiental en la península de Baja California. Desarrollos Zapal busca revertir las resoluciones judiciales previas que le impiden tomar posesión y explotar las hectáreas en cuestión, las cuales se localizan en una región de alta vulnerabilidad ecológica y cercana a áreas naturales protegidas. El proyecto minero a cielo abierto ha enfrentado una firme oposición por parte de organizaciones civiles, comunidades locales y autoridades ambientales debido al riesgo de contaminación de los mantos acuíferos que abastecen a la capital del estado.
Con esta resolución, el debate y la posterior votación de los amparos presentados por la firma minera se llevarán a cabo formalmente sin la intervención ni el voto de la ministra Ríos González, turnándose el expediente al resto de los ministros de la ponencia correspondiente para la elaboración del proyecto de sentencia definitivo que determinará el futuro legal del predio y las autorizaciones para la explotación del metal precioso.
