Sabor a soberanía perdida
El caso de los agentes de la CIA en Chihuahua no es un evento aislado, sino la punta de un iceberg que revela una operatividad extranjera que México parece no poder —o no querer— controlar. La tesis es clara: existe un patrón de intervencionismo quirúrgico donde las agencias estadounidenses, particularmente la CIA y el FBI, operan con una autonomía que deja en entredicho el discurso de soberanía de Palacio Nacional. Lo ocurrido en la Sierra Tarahumara guarda un ADN idéntico al «teatro» de la entrega del olímpico Ryan Wedding y al despliegue de alta tecnología que terminó con el reinado de Nemesio Oseguera, «El Mencho».
El fantasma de la CIA en la sierra
La reciente crisis estalló tras un accidente carretero que dejó al descubierto lo que muchos sospechaban: agentes de la CIA patrullando Chihuahua presuntamente con uniformes de la policía estatal. Este «camuflaje» institucional no solo es una violación a la Ley de Seguridad Nacional, sino una réplica de las tácticas de «fusión de identidades» que EE. UU. aplica en zonas de guerra. Al igual que en operativos previos, la administración local de Maru Campos parece haber servido de anfitrión para una fuerza que posiblemente opera fuera del radar de la Cancillería, creando un estado de tensión dentro del pacto federal.
El cuento del olímpico y la embajada
La similitud con el caso de Ryan Wedding es asombrosa por su nivel de puesta en escena. En enero, se vendió la narrativa de que el exatleta olímpico y capo de la cocaína se había «entregado voluntariamente» en una sede diplomática. Sin embargo, el escándalo estalló al revelarse que el edificio llevaba dos meses vacío. Esa «entrega» fue, en realidad, una extracción orquestada por el FBI en suelo mexicano, disfrazada de acto civil para evitar el desgaste político de un arresto ilegal. En Chihuahua, quien aparece como cooperante es el gobierno estatal en el caso de Wedding la propia autoridad federal que hoy se escandaliza.
¿Entrega pactada o extracción forzada?
Tanto en el caso del canadiense como en Chihuahua, el factor común es la manipulación de la narrativa de Palacio Nacional para digerir la presencia extranjera. Si Wedding se entregó en un edificio fantasma, fue porque las agencias estadounidenses ya lo tenían bajo custodia en una casa de seguridad y necesitaban un escenario legal para procesarlo. En Chihuahua, los agentes de la CIA no estaban de «observadores», estaban liderando el asalto a laboratorios de fentanilo, utilizando a las fuerzas locales como escudo legal y humano, y aunque esencialmente sea lo mismo aquí la 4T tiene a quien culpar y salir impoluta.
El Mencho y el avión de Toluca
Para entender la magnitud del caso Chihuahua, hay que mirar hacia atrás, al operativo que abatió a «El Mencho». En febrero, la precisión del golpe en Jalisco no fue obra de la casualidad, sino de una inteligencia de señales liderada por el FBI. La presencia del «Jefe» de la agencia en México, con un avión oficial estacionado desafiantemente en el Aeropuerto de Toluca, marcó el inicio de una era de intervención descarada. Ese avión no era sólo transporte; era un centro de comando móvil que dirigió el operativo mientras el gobierno federal recibía la noticia cuando el humo ya se había disipado.
La técnica del «Hecho Consumado»
El paralelismo con «El Mencho» radica en que, en ambos casos, el Ejecutivo Federal fue notificado bajo la técnica del «hecho consumado». A Claudia Sheinbaum le informaron de la muerte del líder del CJNG cuando el operativo ya era irreversible. En Chihuahua, la noticia llegó por un accidente de tránsito. Esta estrategia permite a las agencias extranjeras —y a sus aliados locales— saltarse los filtros de la SRE, operando bajo la premisa de que es más fácil pedir perdón por un éxito (o un accidente) que pedir permiso para intervenir.
Uniformes prestados, soberanía alquilada
La mayor bofetada política en el caso Chihuahua es el uso de uniformes de la Agencia Estatal de Investigación por parte de los estadounidenses. Esta táctica de «mimetismo» es la misma que permitió al FBI operar en la periferia de Jalisco durante la caza de Oseguera Cervantes. Al usar vestimenta local, los agentes extranjeros anulan la posibilidad de que un ciudadano o una autoridad federal los identifique a simple vista, convirtiendo a las instituciones mexicanas en meras fachadas para operaciones del Pentágono o Langley.
El Ejército: ¿Cómplice o engañado?
La narrativa de la «mala información» que maneja Sheinbaum sobre el Ejército es el punto más débil de la versión oficial. Resulta inverosímil que la inteligencia militar, con su vasto despliegue en Chihuahua, no supiera con quiénes compartían el terreno. Al igual que con el avión de Toluca, donde el Ejército «permitió» el aterrizaje y estancia de una aeronave de inteligencia extranjera, en Chihuahua la sospecha es que hubo una colaboración táctica de bajo nivel que fue ocultada a la Presidenta para proteger la efectividad del operativo.
Política de «ojos cerrados»
El análisis político sugiere que existe una fractura en el gabinete de seguridad. Mientras la Presidenta defiende la soberanía en la mañanera, en el terreno la realidad es otra. El caso Wedding, la muerte de «El Mencho» y ahora Chihuahua demuestran que las agencias de EE. UU. han encontrado «puertas traseras» a través de gobiernos estatales y mandos militares. La similitud no es solo operativa, es sistémica: se permite la intervención siempre y cuando no se convierta en un escándalo mediático.
El Senado y el banquillo de los acusados
El citatorio a Maru Campos para este 28 de abril no es sólo por Chihuahua; es un juicio al modelo de seguridad nacional. Los legisladores buscan entender si el estado de Chihuahua se ha convertido en un protectorado de la CIA, similar a como Toluca fue el patio de recreo del FBI durante la crisis de febrero. La gobernadora en caso de comparecer enfrentará una presión inédita para explicar si el presunto “préstamo» de uniformes fue una decisión autónoma o si respondió a presiones directas de Washington que escalaron por encima de Palacio Nacional.
¿Quién manda realmente en la frontera?
La tesis de la similitud se cierra con una conclusión amarga: la inteligencia extranjera ha perfeccionado el arte de la invisibilidad legal en México. Ya sea mediante embajadas vacías, aviones de lujo en aeropuertos civiles o uniformes estatales en la sierra, el objetivo es el mismo: actuar sin rendir cuentas. Chihuahua es el espejo de Jalisco y de la CDMX; es la confirmación de que la estrategia de seguridad de México tiene dueños que no hablan español y que no aparecen en las boletas electorales.
El futuro de la relación bilateral
Finalmente, el caso Chihuahua marcará un antes y un después en la administración de Sheinbaum. Si la Presidenta permite que la narrativa del «engaño» sea la única explicación, estará aceptando que su control sobre las fuerzas armadas y los gobernadores es parcial. La sombra de «El Mencho» y de Ryan Wedding seguirá persiguiendo cada operativo exitoso, dejando siempre la duda de si la mano que apretó el gatillo o el GPS fue mexicana o si, una vez más, fue el «Jefe» desde su avión en Toluca quien dictó la sentencia.
El Senado como arena de combate federalista
La convocatoria de la Cámara Alta a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se ha transformado en un termómetro del estado de derecho y de la tensa relación entre el centro y la periferia. Lo que Morena presenta como un ejercicio de rendición de cuentas por la presunta incursión de la CIA, la oposición lo lee como una embestida política que utiliza la soberanía nacional como ariete. En este escenario, las figuras de Ricardo Anaya y Luis Donaldo Colosio Riojas han trazado las dos rutas de resistencia contra el oficialismo: una basada en el reto frontal y la otra en el rigor institucional.
Anaya: El desafío de la reciprocidad
Ricardo Anaya, desde su posición de coordinador panista, ha optado por una estrategia de «contraataque audaz». Al votar a favor del citatorio, Anaya no concedió la razón jurídica a Morena, sino que lanzó un guante de desafío: si el Senado va a llamar a gobernadores de oposición por incidentes de seguridad, debe aplicar la misma vara a los mandatarios oficialistas. Para Anaya, la comparecencia de Campos no es una debilidad, sino una tribuna para exhibir los logros estatales frente a lo que califica como la ineficacia federal, exigiendo que este «nuevo estándar» alcance también a figuras como Rubén Rocha Moya de Sinaloa.
Colosio: Las formas constitucionales
Por el contrario, Luis Donaldo Colosio Riojas ha asumido el papel de purista jurídico, denunciando que el Senado carece de facultades para «citar» a un titular del Poder Ejecutivo estatal. Para el senador de Movimiento Ciudadano, este acto sienta un precedente peligroso que erosiona el pacto federal. Colosio sostiene que el responsable de informar sobre agentes extranjeros es el Gobierno Federal y no una gobernadora que no tiene mando sobre aduanas o relaciones exteriores. Su postura no es de defensa ciega a Campos, sino de protección al diseño constitucional que impide al Senado actuar como un tribunal inquisidor de los estados.
Entre la fiscalización y el espectáculo
La invitación a informar navega en aguas turbias que revelan que hay más cálculo electoral que voluntad de esclarecimiento. Mientras se discute si hubo uniformes prestados o «aventones» a agentes de la CIA, el fondo del asunto es el control de la narrativa de seguridad. La improbable presencia de la gobernadora el próximo 28 de abril sería, irremediablemente, un choque de trenes donde Anaya buscará capitalizar la exposición mediática de su partido y Colosio insistirá en que, en una democracia funcional, las instituciones no deben usarse para invadir las autonomías que el propio Senado juró proteger… a ver, quien plantea la invitación es Javier Corral, quien opera en consonancia con Adán Augusto López, la precandidatura de Andrea Chávez al gobierno del estado, lo que genera un pestilente aroma de interés electoral.
