Chihuahua, Chih.- La trágica fiesta en las fiestas patronales del municipio de Gran Morelos, que termino en balacera con saldo de seis muertos y nueve heridos, fue por motivos políticos, según el dicho del Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno.
En la madrugada del 14, durante las fiestas patronales de Gran Morelos —un municipio rural de la región centro-sur de Chihuahua, con alrededor de 5,000 habitantes y ubicado a 51 km de Cuauhtémoc—, un enfrentamiento armado en festejo popular dejó un saldo inicial de seis personas fallecidas y nueve heridas. El incidente, que comenzó como una discusión familiar, escaló rápidamente a tiros con armas de alto calibre, según informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
Este evento no solo interrumpió las celebraciones del Grito de Independencia, sino que se extendió a actos de venganza en municipios cercanos, como Santa Isabel, donde tres negocios fueron incendiados la madrugada del 16 de septiembre. La violencia, que ya suma dos negocios quemados en Gran Morelos, cuatro vehículos incendiados y múltiples amenazas, ha generado temor en la zona y obligó a la suspensión de los festejos patrios restantes. No obstante los hechos violentos ligados a los iniciales seis muertes en la “callejoneada” de Gran Morelos, se sostiene que fue por diferentes opiniones en política.
El Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, ha sido el principal vocero oficial, revelando en múltiples declaraciones que el conflicto tiene raíces profundas en rivalidades políticas y familiares de larga data. En su ponencia del 17 de septiembre en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), titulada «El papel del diálogo en la estabilidad social», Jáuregui enfatizó la falta de mecanismos para resolver disputas pacíficamente, lamentando que «nunca dialogaron» y que «dialogar no está en absoluto sencillo, no nos educan para eso». Previo a la exposición, al exterior del Palacio de Gobierno en Chihuahua capital, habló con medios locales sobre avances en la investigación, advirtiendo que se detendrá a responsables de «ambos lados» de las familias involucradas.
El Incidente y Víctimas
El ataque ocurrió alrededor de la medianoche en la calle Bonifacia Miramontes, en la cabecera municipal, durante un evento público familiar en el marco de las fiestas patronales. Según la reconstrucción de la FGE, una discusión inicial entre una sobrina y un tío —identificada como un pleito entre familiares— derivó en un tiroteo que involucró a grupos antagónicos. Cinco hombres murieron en el lugar, y una sexta víctima, un hombre herido, falleció en un hospital de Chihuahua capital. Entre los fallecidos se encuentran Gilberto Gutiérrez Nevárez y Socorro Gutiérrez Nevárez, hijos del exalcalde de Gran Morelos Gilberto Gutiérrez Montes, quien gobernó en periodos previos. Otras víctimas identificadas incluyen a un exmilitar de la Guardia Nacional de Estados Unidos, quien estaba de visita, y posiblemente un agente de la Policía Municipal de Gran Morelos, aunque Jáuregui no confirmó su muerte inicial.
Los nueve heridos —cinco mujeres y cuatro hombres, todos mayores de edad— fueron trasladados a hospitales en Chihuahua y Cuauhtémoc, con lesiones de gravedad por impactos de bala. La FGE ha asegurado en la escena un vehículo con reporte de robo, un arsenal de armas largas (incluyendo rifles AK-47 y AR-15), casquillos percutidos y evidencia balística. Hasta el 17 de septiembre, no hay detenidos formales, pero Jáuregui reveló que los presuntos responsables principales «están occisos» (muertos), lo que complica las detenciones inmediatas. La investigación, a cargo de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, incluye peritajes en criminalística y análisis de testimonios para individualizar a más involucrados.
Trasfondo Político y Familiar
Jáuregui Moreno, quien dice conocer personalmente a varios de los implicados —incluyendo ex presidentes municipales y el actual alcalde—, atribuyó el origen del conflicto a rencillas políticas surgidas en las elecciones municipales de junio de 2024. En esas votaciones, un bando familiar se quedó con la presidencia municipal, exacerbando divisiones en un pueblo donde el poder local se concentra en clanes políticos tradicionales. «El origen de la bronca es la política y de que eran del mismo grupo y se pelearon», explicó el fiscal, destacando que la rivalidad no es reciente, sino «un asunto de hace mucho tiempo». Fuentes locales sugieren vínculos con el PRI, partido dominante en la zona, aunque no se han confirmado afiliaciones específicas de los involucrados.
Tras el tiroteo, se reportaron amenazas generalizadas, con «gente inocente muerta» en medio del fuego cruzado.
La madrugada del 16 de septiembre, tres negocios y varios vehículos fueron incendiados en Santa Isabel municipio vecino, directamente relacionados con la masacre de Gran Morelos, según la FGE. Jáuregui confirmó que estos actos son venganzas entre las mismas familias, extendiendo el conflicto a una región ya vulnerable por disputas territoriales.
El fiscal descartó inicialmente vínculos con el crimen organizado, como el Cártel de Sinaloa (mencionado en rumores sobre un «jefe de plaza» apodado Aníbal Gutiérrez, subordinado a «El Capulina»), enfocándose en el aspecto político-familiar. Sin embargo, la presencia de armas de alto calibre y la rapidez de las represalias sugieren posibles nexos con redes locales de extorsión o control territorial, comunes en la zona sur de Chihuahua.
La FGE, bajo Jáuregui, ha desplegado un operativo interinstitucional con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), incluyendo mesas de seguridad en la Mesa Estatal de Construcción de Paz del 17 de septiembre. Se han individualizado a sospechosos de ambos bandos, y se esperan órdenes de aprehensión en las próximas horas. «Todavía estamos trabajando en ello. Vamos a tener que detener de ambos lados», reiteró el fiscal, enfatizando la imparcialidad.
El Gobierno estatal, encabezado por la gobernadora Maru Campos (PAN), ha reforzado patrullajes en Gran Morelos y Santa Isabel, con saldo blanco en otros municipios pese a suspensiones por inseguridad. La oposición, como Morena y PRI local, ha exigido mayor transparencia, vinculando el caso a fallas en inteligencia federal. Hasta el 17 de septiembre, la investigación avanza con un 40% de avances en la integración de pruebas, incluyendo necropsias y testimonios protegidos.
