Asunción, Paraguay.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó este jueves su renuncia irrevocable al cargo en medio de una profunda crisis política y financiera desatada por el colapso y la disolución de Ueno Bank, una de las entidades financieras más relevantes del sistema nacional. La dimisión se produjo ante la inminencia de un juicio político en el Congreso impulsado por la oposición, que lo acusaba de presunto conflicto de intereses y vínculos corporativos con el grupo financiero afectado.
El detonante de la crisis estalló días atrás cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) decretó la intervención y disolución de la entidad bancaria tras detectar graves problemas de solvencia y una severa insuficiencia de capital. Esta medida dejó de manera repentina sin acceso a sus cuentas, tarjetas y ahorros a miles de usuarios, lo que provocó protestas ciudadanas consecutivas en las calles de Asunción frente a la sede gubernamental y bancaria.
El malestar social escaló rápidamente al ámbito político debido a los cuestionamientos sobre el manejo de fondos públicos y depósitos de organismos estatales en dicha institución durante la administración de Peña. Aunque el mandatario había vendido sus acciones en la sociedad controladora del banco en marzo de 2025, la sombra de su pasado corporativo y los cuestionamientos sobre posibles omisiones en la supervisión económica fracturaron el respaldo político dentro de su propio partido y unificaron a los bloques opositores para exigir su destitución.
Durante un mensaje oficial emitido para comunicar su salida del Ejecutivo, el mandatario reconoció el impacto de la medida y expresó disculpas a la ciudadanía, señalando que su principal prioridad es preservar la paz social y la estabilidad de los ahorradores paraguayos. Con su dimisión, el gobernante buscó frenar el avance del libelo acusatorio en el Poder Legislativo para evitar ser sometido formalmente al proceso de destitución.
Tras la dimisión de Santiago Peña, la titularidad del Poder Ejecutivo quedará a cargo del actual vicepresidente, Pedro Alliana, quien deberá asumir la conducción del país en un escenario de alta tensión social, con investigaciones judiciales en curso contra directivos del sector bancario y la urgencia de restablecer la confianza en el sistema monetario nacional.



