CHIHUAHUA, Chihuahua.- En medio de la profunda crisis institucional y las investigaciones federales derivadas de la incursión de agencias extranjeras en la entidad, Heliodoro Araiza Reyes presentó su renuncia irrevocable al cargo de fiscal de Distrito Zona Centro, sumándose a la cascada de movimientos y bajas dentro de la procuración de justicia estatal.
La dimisión del funcionario trascendió tras semanas de alta tensión política en el estado, marcadas por el proceso judicial que enfrenta su antecesor en la Fiscalía General del Estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, recluido en el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano bajo cargos de traición a la patria. La salida de Araiza Reyes de la fiscalía regional sacudió la estructura de seguridad en la capital del estado, evidenciando el desgaste operativo y el escrutinio al que se encuentran sometidas las áreas de persecución del delito a raíz del caso de los agentes extranjeros abatidos en la sierra chihuahuense.
Heliodoro Araiza asumió la titularidad de la fiscalía en la región centro con el encargo de consolidar las estrategias de investigación y combate a la incidencia delictiva en los municipios que conforman dicha demarcación. Sin embargo, su gestión quedó atrapada en el centro de las indagatorias ministeriales y de los cuestionamientos públicos sobre el manejo de información y las presuntas omisiones institucionales que permitieron operaciones de personal estadounidense al margen de los canales diplomáticos oficiales.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido un posicionamiento oficial detallado sobre los motivos específicos que orillaron a la renuncia del funcionario, limitándose a señalar que en los próximos días se dará a conocer el nombre del perfil que asumirá el encargo de manera interina o definitiva para evitar vacíos operativos en la procuración de justicia de la zona centro.
La salida de Araiza Reyes ocurre en un escenario político altamente polarizado, donde la administración estatal enfrenta presiones tanto de las instancias federales como de los sectores sociales y políticos que exigen una revisión a fondo de los mandos de seguridad, tras revelarse denuncias y carpetas de investigación que involucran a diversas autoridades locales en presuntas redes de coordinación no autorizadas con agencias internacionales.
