Chihuahua, Chih.— El fiscal general del Estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, presentó su renuncia al cargo en medio de la mayor crisis de seguridad y política exterior que ha enfrentado la administración de la gobernadora Maru Campos Galván. Fuentes cercanas a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Palacio de Gobierno confirmaron que la dimisión —aún sin aceptación formal— responde directamente al accidente vehicular ocurrido el sábado 18 de abril de 2026 en la Sierra Tarahumara, en el que murieron dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y dos altos mandos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) chihuahuense.
Las víctimas identificadas fueron:
- Pedro Román Oseguera Cervantes, director general de la AEI y primer comandante de la corporación.
- Manuel Genaro Méndez Montes, policía ministerial adscrito a la AEI (escolta del director).
- Los agentes de la CIA Richard Leiter Johnston III, de 36 años, y John Dudley Black, de 44 años. Sus cuerpos fueron entregados a sus familias tras la identificación oficial por parte de autoridades estadounidenses y trasladados a Texas bajo resguardo consular.
El suceso, que inicialmente se presentó como un “lamentable accidente” durante el retorno de un operativo antidrogas, derivó en contradicciones oficiales, revelaciones de inteligencia estadounidense y un choque frontal entre el gobierno estatal y la Federación. Analistas políticos consultados coinciden en que Jáuregui, hasta hace una semana el operador más sólido de Campos y aspirante visible a la alcaldía de Chihuahua en 2027, quedó “sin piso político” tras el escándalo.
Los hechos técnicos del accidente y el operativo
Según la versión inicial difundida por la propia FGE el domingo 19 de abril, cuatro personas fallecieron cuando el vehículo en el que viajaban se desbarrancó y explotó en una zona montañosa del municipio de Guachochi, mientras regresaban de un operativo de desmantelamiento de narcolaboratorios en el municipio de Morelos, comunidad El Pinal, Sierra Tarahumara.
El operativo, según la FGE, duró tres meses de inteligencia y culminó con el aseguramiento de seis laboratorios clandestinos presuntamente vinculados al Cártel de Sinaloa. Se destruyeron aproximadamente 850 metros cuadrados de instalaciones divididas en cinco áreas de producción de metanfetaminas, con decomiso de precursores químicos y equipo industrial. Participaron exclusivamente elementos de la AEI y Sedena, según la rectificación posterior.
Al día siguiente, Jáuregui Moreno cambió radicalmente su narrativa en conferencia de prensa y en entrevistas colectivas. Afirmó que los dos funcionarios estadounidenses no participaron en el operativo; se encontraban a 54 kilómetros de distancia, en la comunidad de Polanco, realizando “capacitación en manejo de drones” junto con personal de la AEI. Posteriormente, solicitaron “un ride” (aventón) en uno de los seis vehículos del convoy que regresaba a la capital del estado. El accidente ocurrió en ese trayecto, varias horas después y lejos de la zona de acción.
Revelación de la CIA y crisis binacional
Medios estadounidenses como The Washington Post, The New York Times, y LATimes revelaron días después que los dos fallecidos eran agentes de la CIA adscritos a labores de inteligencia antinarcóticos en el hemisferio occidental. Fuentes de inteligencia confirmaron que apoyaban operaciones conjuntas contra cárteles, aunque el gobierno mexicano insistió en que no tenían acreditación formal para participar en operativos de seguridad en territorio nacional. Uno de ellos ingresó al país como visitante y el otro con pasaporte diplomático, según el Gabinete de Seguridad federal.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró públicamente que no fue informada de la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano ni del operativo. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que Chihuahua violó protocolos de coordinación establecidos en la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución (artículo 89, fracción X, que reserva a la Federación las relaciones exteriores y la seguridad nacional). Senadores de Morena y PVEM ya aprobaron la comparecencia de la gobernadora Maru Campos y del fiscal Jáuregui para el 28 de abril ante las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública.
Consecuencias políticas y la renuncia
El cambio de versión del fiscal generó una crisis de credibilidad que, según círculos cercanos a la Fiscalía, dejó a Jáuregui “sin piso”. Brújula Política y columnas locales reportan que la gobernadora Campos habría pedido su salida para recomponer la relación con la Federación y evitar sanciones mayores. Jáuregui, quien llegó al cargo como operador político de alto perfil, habría aceptado la dimisión como salida “digna” que le permite distanciarse del escándalo y eventualmente retomar aspiraciones electorales con menos daño.
Hasta el cierre de esta edición, la FGE no ha emitido comunicado oficial sobre la renuncia ni ha designado encargado. El Congreso del Estado sería el responsable de aprobar una terna propuesta por la gobernadora en caso de renuncia formal, según el procedimiento establecido en la Constitución local.
Contexto técnico-jurídico
La presencia de agentes de inteligencia extranjera en operativos estatales sin notificación federal viola el principio de soberanía y los mecanismos de la Iniciativa Mérida (actualmente bajo revisión). Expertos en derecho internacional consultados advierten que el incidente expone fallas en los protocolos de coordinación binacional: los agentes estadounidenses operaban bajo estatus diplomático de la Embajada, pero su participación en actividades de campo en sierra (incluso “capacitación”) requería autorización expresa de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad.
El accidente, además, activa protocolos de investigación conjunta México-Estados Unidos. La FGE mantiene abierta la carpeta por homicidio culposo y posible negligencia en seguridad vial; la DEA y la CIA, por su parte, realizan investigación interna.
La renuncia de Jáuregui Moreno cierra un capítulo explosivo que expuso las tensiones entre seguridad estatal autónoma y control federal, y que pone en jaque la narrativa de “no intervención” del gobierno federal ante la presencia operativa de agencias de inteligencia estadounidenses en territorio mexicano. Fuentes de Palacio Nacional y de la Fiscalía coinciden: la salida del fiscal era el movimiento necesario para desactivar la crisis.
