Chihuahua, Chih.-. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua anunció este martes la no aceptación de la recomendación número 18/2025 emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, relacionada con una queja presentada por el ex gobernador César Horacio D. J., quien alega vulneraciones a sus derechos durante el proceso penal en su contra. En un oficio oficial identificado como FGE-18S.1/1/2252/2025, la dependencia detalla que la decisión se fundamenta en la ausencia de argumentos sólidos que prueben actividades de vigilancia o supervisión dirigidas específicamente hacia el quejoso por parte del personal fiscal.
De acuerdo con el documento, desde la modificación de la medida cautelar impuesta al ex mandatario, la Fiscalía carece de atribuciones legales para llevar a cabo tales labores de monitoreo, las cuales ahora recaen exclusivamente en el Instituto de Servicios Previos al Juicio. Esta aclaración busca desvirtuar cualquier imputación de irregularidades en los procedimientos de la institución, subrayando que no se han presentado evidencias firmes de una afectación a los derechos humanos del implicado.
El caso de César Horacio D. J., quien gobernó Chihuahua entre 2016 y 2021, ha generado controversia desde su detención en 2023 por presuntos delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, derivados de investigaciones sobre el manejo de recursos públicos durante su administración. La recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos surgió de denuncias sobre supuesta vigilancia indebida, pero la Fiscalía insiste en que su actuación se ajusta estrictamente al marco legal del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
En su pronunciamiento, la Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso inquebrantable con la procuración de justicia bajo el estricto apego a la legalidad y los estándares internacionales de protección a los derechos humanos en todas las etapas de las investigaciones ministeriales. Autoridades de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no han emitido comentarios inmediatos sobre la respuesta de la FGE, aunque se espera que el diálogo continúe para resolver las discrepancias en el marco de las competencias institucionales. Este rechazo podría derivar en medidas adicionales por parte de la comisión, como el envío del caso al Congreso local para su revisión, conforme a los mecanismos previstos en la ley de derechos humanos del estado.
