Chihuahua, Chih.— Con 14 votos en contra y 11 a favor, el Congreso del Estado rechazó la propuesta presentada por la diputada Brenda Ríos para exigir protección institucional a Andrea Cecilia Domínguez Anguiano, exdirectora operativa del Patronato de la Feria de Santa Rita, quien denunció ser víctima de amenazas, hostigamiento, intimidación y abuso de autoridad.
La iniciativa, que contó con los votos en contra de las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), planteaba cuatro acciones concretas: solicitar medidas de protección urgente para la mujer y su familia; dar continuidad a las investigaciones sobre presuntas irregularidades administrativas; transparentar el ejercicio de recursos públicos de los últimos cinco ejercicios fiscales, así como los criterios de asignación de espacios comerciales, contratos y permisos; y pedir la intervención de instancias federales de derechos humanos y atención a las mujeres para brindar acompañamiento institucional.
Como antecedentes del caso, el exmagistrado Luis Villegas Montes asumió la defensa legal de Andrea Cecilia Domínguez Anguiano y ha señalado públicamente que las disputas jurídicas y las presiones derivan de conflictos con figuras vinculadas al poder político estatal, apuntando directamente a Manuel Campos Galván —hermano de la gobernadora María Eugenia Campos Galván— y a señalamientos que involucran al entorno familiar del secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, en medio de denuncias por presunto despojo de vivienda, manejo irregular de recursos y control de espacios en la feria.
Durante su intervención en tribuna, la legisladora recordó que el pasado 3 de febrero propuso un punto de acuerdo enfocado en exigir transparencia en la administración de la feria, el cual también fue rechazado por la mayoría legislativa. Meses después, el asunto regresó al debate parlamentario ante el agravamiento del caso y el temor expresado públicamente tanto por la denunciante —quien teme por su integridad y la de sus hijos— como por su representante legal.
Ríos aclaró que el planteamiento no pretendía fabricar culpables ni emitir juicios anticipados, sino garantizar que las denuncias sean atendidas bajo un marco de legalidad, asegurar condiciones de seguridad para los involucrados y transparentar el manejo de los recursos públicos.
“Proteger a una mujer no debería tener colores partidistas. Investigar el manejo del dinero público no debería generar resistencias”, sostuvo la diputada, al cuestionar la falta de sensibilidad política y el rechazo de las fuerzas mayoritarias frente a denuncias de esta naturaleza. Asimismo, insistió en que la rendición de cuentas es una obligación ineludible del Poder Legislativo que debe anteponerse a las diferencias partidistas.
