Ciudad de Chihuahua.- El exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas del estado, Guillermo Arturo Zuany Portillo, recurrió a la justicia federal para interponer una demanda de amparo indirecto en contra de la orden de aprehensión girada en su contra, dentro de las investigaciones derivadas del polémico operativo antidrogas realizado en la comunidad de El Pinal, en el municipio de Morelos.
La solicitud de protección legal busca frenar los efectos de la orden judicial librada bajo la causa penal 3055/2026, misma que se encuentra vinculada a las indagatorias que también implican al exfiscal general del estado, César Jáuregui Moreno. De acuerdo con los registros judiciales, la admisión de la demanda de amparo por parte del órgano jurisdiccional no significa que la orden de captura haya quedado anulada ni que se le haya concedido la protección solicitada de forma definitiva, sino que constituye el inicio del análisis legal sobre los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables.
El contexto de este proceso penal se remonta a los acontecimientos registrados en abril del presente año en la Sierra Tarahumara, donde se llevó a cabo el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas en una acción que generó repercusiones institucionales tras detectarse la presencia e intervención no autorizada de agentes extranjeros de inteligencia vinculados con la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. A raíz de estos hechos, las instancias de procuración de justicia abrieron carpetas de investigación para fincar probables responsabilidades por delitos que incluyen ejercicio ilegal del servicio público, coalición y falsedad ante las autoridades.
Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien asumió la titularidad de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas en septiembre de 2025 por designación de César Jáuregui, presentó su renuncia al cargo en mayo de 2026 tras el inicio de un procedimiento administrativo por posibles omisiones y fallas de supervisión relacionadas con el operativo en la zona serrana. Ante el desarrollo de las indagatorias y el mandamiento judicial emitido en su contra, su defensa legal recurrió al juicio de garantías para intentar frenar su captura, mientras el procedimiento judicial continúa su curso en los tribunales federales.
