WASHINGTON, D.C.- La Copa del Mundo de Fútbol 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México, ya enfrenta restricciones para su público internacional debido a las políticas migratorias del presidente Donald Trump. De los 104 partidos programados, 78 tendrán lugar en territorio estadounidense, lo que intensifica el efecto de un «travel ban» implementado el 9 de junio y que prohíbe la entrada a nacionales de 12 países, impactando principalmente a aficionados y periodistas de naciones como Irán, Colombia, Ghana y Marruecos.
Durante una conferencia de prensa el 6 de mayo, Trump se mostró entusiasmado por recibir a «los fans del mundo entero» junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, prometiendo una «experiencia sin contratiempos» para lo que describió como el «mayor evento deportivo de la historia». El 23 de agosto, el mandatario reiteró que sería «muy fácil» para los seguidores asistir al torneo. Sin embargo, estas afirmaciones contrastan con la realidad del veto migratorio, que prioriza la agenda «MAGA» (Make America Great Again) y la seguridad fronteriza por encima de consideraciones globales.
Excepciones limitadas y países en la mira
Los permisos de internación permite excepciones solo para jugadores y entrenadores de selecciones afectadas, como la de Irán, clasificada para su cuarto Mundial consecutivo, pero deja fuera a hinchas, periodistas y otros viajeros. Esta medida responde a preocupaciones de seguridad y ha generado críticas por su carácter discriminatorio, según organizaciones como Amnistía Internacional. La diáspora iraní, por ejemplo, no podrá congregarse en estadios de Nueva York o Los Ángeles, mientras que colombianos con grandes comunidades en EE.UU. enfrentan obstáculos en renovaciones de visas, y marroquíes o ghanéos lidian con denegaciones sistemáticas de entradas grupales.
La FIFA, consciente del problema, ha instado a los países anfitriones a garantizar accesibilidad global en su última asamblea, aunque evita confrontaciones directas con la administración Trump. Fuentes de la Casa Blanca indican que se evalúan waivers temporales, similares a los usados en el Mundial 2022 en Qatar, pero la aplicación estricta del ban prevalece. Analistas estiman que hasta el 15% del público extranjero podría quedar excluido, lo que reduciría la asistencia en cientos de miles de espectadores y afectaría la diversidad del evento, expandido a 48 equipos por primera vez.
Con 11 ciudades estadounidenses como sedes principales —desde Miami hasta Seattle—, el veto agrava las barreras, ya que solo 10 partidos se jugarán en Canadá y 16 en México, donde no aplican estas restricciones. El proceso de apelaciones podría saturar consulados, dejando a miles sin acceso a boletos. Aficionados de países vetados expresan frustración en redes sociales, con quejas sobre la contradicción entre las promesas oficiales y las trabas reales.
Expertos en migración consultados por Le Monde advierten de posibles tensiones diplomáticas y recuerdan precedentes como el boicot olímpico de 1980, donde políticas internas repercutieron en eventos globales. La FIFA planea publicar guías de viaje actualizadas en noviembre, y asociaciones de hinchas en Colombia y otros países exploran boicots simbólicos o redirección hacia sedes alternativas si no hay cambios. La administración Trump, por su parte, evalúa extensiones limitadas ante presiones del Congreso, pero mantiene el enfoque en la aplicación rigurosa de sus políticas.
Este caso resalta cómo decisiones internas de EE.UU. condicionan la viabilidad de torneos internacionales, potencialmente mermando el espíritu inclusivo del fútbol.
