Ciudad de México.- El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, planteó la necesidad urgente de impulsar una reforma de gran calado orientada a reestructurar las instituciones de procuración de justicia, con el propósito de combatir de manera integral tres ilícitos que calificó como interconectados: la extorsión y el cobro de piso, la facturación falsa y el huachicol fiscal.
Durante una entrevista concedida a Aristegui en Vivo, el legislador informó sobre la presentación de dos iniciativas en el Congreso de la Unión. La primera propuesta está diseñada para modificar el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto sobre la Renta, estableciendo mecanismos robustos de prevención, detección temprana, trazabilidad y fiscalización frente a la proliferación de empresas dedicadas a realizar operaciones inexistentes.
Ramírez Cuéllar advirtió que la facturación falsa ha rebasado el ámbito estrictamente tributario al involucrar a una compleja red de complicidades que abarca a empresas privadas, sindicatos, administraciones municipales y estatales, así como a otros entes públicos y sociales. Ante este escenario, sostuvo que la constitución masiva de empresas fantasma sin capacidad operativa real representa un entramado de protección institucional que debe ser erradicado.
En cuanto al segundo eje de su propuesta, enfocado en el combate al huachicol fiscal, el diputado señaló que las acciones de vigilancia gubernamental no deben limitarse a la detección de embarques irregulares de combustible que ingresan al país bajo denominaciones falsas de aceites o aditivos. En su lugar, propuso ampliar el control hacia los grandes compradores y distribuidores mediante un seguimiento estricto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), desde su cobro inicial hasta los puntos de venta final.
El legislador explicó que este esquema se complementaría con revisiones volumétricas para contrastar de manera precisa el volumen de combustible recibido frente al almacenado y comercializado. Asimismo, insistió en la urgencia de aplicar la extinción de dominio a los grandes distribuidores que adquieren grandes cantidades de hidrocarburo ilícito y profundizar en la persecución de la demanda en la última fase de la cadena de distribución.
Para fortalecer estas medidas, el diputado federal consideró indispensable estrechar la cooperación con las autoridades fiscales y aduaneras de Estados Unidos, así como establecer vínculos más cercanos con las refinerías norteamericanas proveedoras de combustible, permitiendo detectar posibles redes de complicidad en las aduanas mexicanas.
Finalmente, Ramírez Cuéllar vinculó estas prácticas ilícitas con las estructuras de extorsión y cobro de piso, advirtiendo que la operación de esta poderosa casta representa un despojo multimillonario en dólares que saquea las finanzas públicas y pone en riesgo la estabilidad de las instituciones del Estado. Por ello, instó a abrir un debate nacional que trascienda la discusión del paquete fiscal para 2027 y fortalezca las acciones emprendidas por el Ejecutivo federal.
