A lo largo de su sexenio de equívocos, Enrique Peña Nieto se dedicó a castigar a la frontera. Desde la eliminación del programa Todos Somos Juárez, el aumento al IVA y el rechazo a crear una zona libre. Extendió las represalias al disminuir la inversión federal en el estado, al terminar la gestión de César Duarte Jáquez, a quien continúa brindando protección para evitar su extradición.
El primer golpe directo del gobierno de Enrique Peña Nieto a la frontera fue la cancelación del programa “Todos Somos Juárez. Reconstruyamos la Ciudad”.
Apenas iniciaba el sexenio cuando la Secretaría de Hacienda eliminó la plataforma creada en 2010 con el propósito de reconstruir el tejido social juarense, para lo cual el presidente Felipe Calderón destinó 3 mil 383 millones de pesos.
Sin dar explicaciones, el programa fue borrado del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013.
La ciudad perdió así una de las mayores inversiones federales directas en la historia reciente en materia de salud, economía, educación, deporte y cultura.
Con el tiempo hubo más ejemplos de maltrato.
Para el 30 de octubre del mismo 2013, con la mayoría priista de la Cámara de Senadores y algunos votos del PVEM y el PRD, la SHCP asestó un golpe más, a Ciudad Juárez y a la franja fronteriza.
Los legisladores aprobaron la propuesta del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de aumentar el Impuesto al Valor Agregado del 11 al 16 por ciento, bajo el argumento de que pagar un gravamen menor era “injusto” y no mostraba un beneficio real en la recaudación, según el funcionario.
Las senadoras priistas Lilia Merodio y Graciela Ortiz votaron a favor, al igual que Patricio Martínez García. Los tres fueron objeto de un repudio generalizado.
El aumento al IVA en la frontera generó una molestia colectiva, pero al Gobierno federal no le importaron las críticas.
De acuerdo con un análisis del Colegio de la Frontera Norte, la medida causaría un incremento de la inflación general, la disminución de la competitividad de empresas, fuga de consumidores hacia Estados Unidos, un menor poder adquisitivo en las personas más pobres y una caída en la economía regional.
El impacto negativo en la competitividad de la frontera por la llamada homologación del IVA sería transitorio, no permanente, declaró entonces el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal.
En contraste, mientras daba un trato indigno a la frontera, Peña Nieto fue un protector generoso de César Duarte Jáquez, quien dedicó su administración a saquear el erario y a enriquecerse con el desvío de recursos públicos.
Más recaudación, menos apoyo
La recaudación fiscal federal se duplicó en el estado de Chihuahua tras el aumento del IVA del 11 al 16 por ciento en la frontera.
Pasó de 39 mil 126 millones de pesos en 2013, cuando el Impuesto al Valor Agregado era de 11 por ciento en Ciudad Juárez, a 84 mil 370 millones en 2017.
El monto incluye el Impuesto Sobre la Renta (34 mil 882 millones de pesos) e Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (9 mil 086 millones), entre otros.
La recaudación del Impuesto al Valor Agregado aumentó en más del doble, al pasar de 16 mil 042 millones en 2013 a 37 mil 626 millones de pesos en 2017, de acuerdo con datos oficiales del Sistema de Administración Tributaria.
Sin embargo, el estado de Chihuahua es uno de los más castigados por el gobierno de Peña Nieto en en el gasto federalizado per Cápita.
En 2017, entidades como Campeche y la Ciudad de México recibieron hasta un 50 por ciento más en el gasto federal por persona que Chihuahua.
Por cada habitante, el Gobierno federal entregó 10 mil 733 pesos a la entidad, correspondientes a participaciones y aportaciones de los ramos 28 y 33, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) del Poder Legislativo.
En cambio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asignó 15 mil 790.5 pesos por poblador a Campeche y 15 mil 387.8 a la Ciudad de México, entidades que recibirán más recursos por persona en promedio a nivel nacional.
El gasto federalizado per Cápita identificado para Chihuahua ocupó el lugar 22 entre los 32 estados del país, señala el informe del CEFP.
En 2017, el estado recibió 40 mil 592.5 millones de recursos provenientes de los Ramos 28 y 33, indica el documento.
La Ciudad de México obtendrá 135 mil 585.8 millones de pesos de ambos rubros y Campeche 14 mil 708.7 millones en números redondos.
Con datos del INEGI, Hacienda calcula una población de 3 millones 741 mil 825 habitantes en Chihuahua, sin considerar la proyección para el próximo año.
En la Ciudad de México viven 8 millones 836 mil 103 personas y en Campeche 919 mil 824.
Junto con Campeche y la capital del país, los 10 estados que recibirán más recursos por persona son: Tabasco (14 mil 525.8 pesos); Oaxaca (13 mil 551.5); Colima (13 mil 416.2); Baja California Sur (13 mil 293.7).
Además de Zacatecas (12 mil 978.6 pesos); Guerrero (12 mil 947.7); Aguascalientes (12 mil 470.3); y, Chiapas (12 mil 372.2).
Según el análisis, “además de los recursos que la Federación deposita en la Tesorería de cada entidad federativa, también se encuentra el monto de recursos que ejercen de manera directa las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en los estados y municipios”.
Se trata de “recursos identificados y distribuidos por entidad federativa para los sectores: Educación, cultura, salud, medio ambiente, agricultura, comunicaciones y transportes y ciencia y tecnología”.
En 2017, Chihuahua registró un gasto federal directo de 3 mil 238 millones 436 mil 103 pesos, una variación real de menos 27.2 por ciento respecto al de 2016.
Por su parte, la Ciudad de México recibió 62 mil 696 millones 938 mil 318 pesos en inversión directa del Gobierno de la República, una variación real de menos 11.5 por ciento, en comparación con lo aprobado para 2016.
A su vez, Campeche obtuvo 2 mil 491 millones 520 mil 698 pesos, una diferencia menor de 10.1 por ciento.
En contexto, de acuerdo con un informe elaborado por México Evalúa, con datos de la Cuenta Pública y Transparencia Presupuestaria, Chihuahua ocupó el último lugar en transferencia de subsidios a entidades federativas 2017 con 70 millones de pesos, en tanto que el Estado de México estuvo a la cabeza con 8 mil 601 millones.
Tlaxcala recibió 440 millones de pesos.
El castigo a Chihuahua
Con el arribo del panista Javier Corral Jurado a la gubernatura del Estado, Peña Nieto extendió el castigo a Chihuahua, al reducir drásticamente la inversión federal.
Los datos exhiben una inequidad por motivos políticos entre el último año de la gestión de Duarte y el primero de Corral.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, en 2016 fueron transferidos 6 mil 111.4 millones de pesos de inversión federal directa a la entidad.
En 2017 las partidas federales se redujeron a 4 mil 583.3 millones de pesos.
Y en 2018 se disminuyeron aún más, a 4 mil 250.1 millones de pesos.
En otras palabras, se trata de una diferencia de mil 864.3 millones de pesos, 30.5 por ciento menos, en comparación a lo entregado el último año de Duarte Jáquez.
En distintas ocasiones, las autoridades estatales han expuesto que el propio presidente Peña Nieto se comprometió a respaldar presupuestalmente planes de movilidad significativos para la entidad, como las rutas trocales de Ciudad Juárez y de Chihuahua, así como en el proyecto de recuperación del Parque El Chamizal, donde se requiere de una inversión tripartita superior a los 2 mil millones de pesos.
En octubre de 2016, Corral Jurado recibió un gobierno en bancarrota, con una deuda de 48 mil millones de pesos y tan sólo 21.8 millones de pesos de saldo en tesorería.
Para el cierre del año, la actual Secretaría de Hacienda estatal recibió 770 millones de pesos para el cierre financiero del año, cuando a Duarte Jáquez le depositaron mil 183 millones de pesos para el cierre de 2015 (905 millones en diciembre y 275 millones de pesos más el 8 de febrero de 2016).
La Operación Justicia para Chihuahua generó un mayor encono del gobierno federal contra el estado.
El caso La Coneja
Desde que Alejandro Gutiérrez Gutiérrez fue capturado el 20 de diciembre de 2017, el gobierno federal maniobró en sintonía con la defensa del exsecretario general Adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, con el propósito de liberarlo.
Gutiérrez Gutiérrez fue acusado por la Fiscalía General de Chihuahua de participar en el desvío de 246 millones de pesos al PRI, cuando su dirigente era Manlio Fabio Beltrones.
En una operación identificada como “Zafiro”, la Secretaría de Hacienda federal transfirió ese monto al Gobierno del Estado de Chihuahua.
Después, la Secretaría de Hacienda estatal otorgó contratos a cuatro “empresas fantasma” que simularon la prestación de servicios de capacitación en materia educativa. Sin embargo, el dinero fue a parar a diversas campañas del PRI.
Tras la detención de Gutiérrez Gutiérrez y la exigencia del gobernador Javier Corral Jurado de que se extradite al exgobernador César Duarte Jáquez, la Secretaría de Hacienda retuvo 900 millones de pesos que se habían acordado mediante convenios firmados por ambas partes.
Ese castigo por parte de Hacienda federal propició la Caravana por la Dignidad a inicios de año, hasta que poco antes de su llegada a la Ciudad de México, generó el reconocimiento del adeudo a Chihuahua y el compromiso del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, de acelerar el trámite de extradición de Duarte Jáquez.
Sin embargo, el gobierno de Peña Nieto arreció la protección a César Duarte al no solicitar su extradición por las órdenes de extradición más relevantes, como la relacionada con el desvío de los 246 millones de pesos al PRI.
Al mismo tiempo, a lo largo del año, se dedicó a buscar el traslado de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez de un penal de Chihuahua al centro del país, primero, y de su liberación después, hasta que la PGR se desistió de los cargos ante un juez federal, lo que refleja el grado de protección que se le ha brindado.
El Gobierno del Estado de Chihuahua ha mantenido la exigencia de extradición de Duarte Jáquez y de que se haga justicia en el caso de Gutiérrez Gutiérrez, lo que ha propiciado nuevos castigos económicos por parte de la Federación al Estado.
Así lo demuestra la cancelación y recortes indebidos de apoyos comprometidos por casi 193 millones de pesos, correspondientes a partidas en seis distintos ramos, como la terminación del Aeropuerto de Creel, construcción de una planta deshidratadora de leche, infraestructura indígena y el Proagua.
Zona Libre
Cuando era candidato presidencial, el 2 de abril de 2012, Enrique Peña Nieto firmó el compromiso de la “revisión para Ciudad Juárez de la condición fiscal en la modalidad de zona libre u otra, para la competitividad y generación de empleo”.
De esa manera, en un mitin realizado en la plaza del Monumento a Juárez, el priista daba respuesta a una demanda de los distintos sectores sociales y políticos de la frontera como una forma de impulsar la recuperación económica.
Pero ya en Los Pinos, la promesa fue incumplida.
El miércoles 23 de julio de 2014, durante una reunión con empresarios y autoridades locales, el secretario de Economía del Gobierno federal, Ildefonso Guajardo Villarreal, expuso la negativa a la petición de crear una zona franca o libre.
“Lo más importante es que haya un análisis para zonas fronterizas ganadoras en el siglo XX. Repensar los modelos económicos del siglo XIX y del siglo XX sería estar pensando en modelos que ya quedaron atrás”, dijo.
“El mundo hoy compite en una nueva dinámica y hay que estar al frente de esa competencia repensando cómo deben ser las nuevas potencias económicas”, agregó.
En su reflexión, Guajardo dijo que “se debe mejorar la infraestructura fronteriza, facilitar fronteras, e invertir en todos los puntos estratégicos y ganadores en la relación económica con el mercado más grande del mundo que es el mercado norteamericano”.
El 1 de julio los electores castigaron al gobierno federal en Juárez. Los candidatos postulados por Morena ganaron todos los cargos en disputa y perdieron la alcaldía por pocos votos.
Ahora, el Presidente Electo parece terminar con el castigo impuesto a la frontera.
En agosto, durante el primer Foro por la Pacificación y Reconciliación Nacional realizado en Ciudad Juárez, López Obrador anunció la creación de una zona libre de impuestos en toda la franja fronteriza, la reducción del IVA del 16 al 8 por ciento, el ISR en un 20 por ciento y que la gasolina, la electricidad y el gas costarán igual que en Estados Unidos.
Además, el salario aumentará al doble.
Todo, a partir del 1 de enero de 2019.
El mismo día acompañó al gobernador Javier Corral en un recorrido por un complejo de hospitales cuya construcción fue abandonada durante la administración de Duarte. Después se comprometió a invertir buena parte de los más de mil 300 millones de pesos que se requieren para terminarlos y ponerlos en operación en 2018.
El 12 de septiembre, durante una reunión con gobernadores de la frontera norte, AMLO resumió en tuit los acuerdos que tomaron en conjunto:
“Nos reunimos con gobernadores del norte. Se aprobó trabajar en el programa de zona libre de la frontera para reducir el IVA en una franja de 30 kms en 8{1735f8c4d45cf8a7c22ecbf90211e3be8db77eaf7294ee842f16f03e71870070}; reducir ISR en 20{1735f8c4d45cf8a7c22ecbf90211e3be8db77eaf7294ee842f16f03e71870070} y aumentar al doble el salario mínimo, para impulsar la inversión en 44 municipios de 6 estados del país”.
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