Ciudad Juárez, Chih. — El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una nueva denuncia administrativa contra el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar y su esposa, Rubí Enríquez, presidenta del DIF municipal, por presuntos actos de nepotismo en la contratación de personal familiar con recursos públicos..
La querella, interpuesta ante la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría Municipal, señala que Erika Janeth Prado Núñez, cuñada de Rubí Enríquez, fue designada como directora administrativa del DIF. Prado Núñez es esposa de Carlos Daniel Enríquez, hermano de la presidenta del organismo asistencial.
La dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez, explicó que entre las pruebas aportadas destacan los datos obtenidos de la Plataforma Nacional de Transparencia, que confirman el cargo ocupado por la familiar, así como el acta de matrimonio que acredita el vínculo conyugal con el hermano de Enríquez. También se incluyeron actas de nacimiento de los involucrados y documentos de sesiones de licitaciones en las que Prado Núñez participa como presidenta del Comité de Adquisiciones y Compras del organismo descentralizado.
“Es sumamente grave porque las decisiones que afectan a todos los juarenses se toman dentro de esta misma familia, la familia del presidente de la corrupción Cruz Pérez Cuéllar”, afirmó Álvarez durante la presentación de la denuncia.
Por su parte, el dirigente municipal del PAN en Juárez, Ulises Pacheco, enfatizó que buscarán la inhabilitación de los involucrados. “No hay para dónde se hagan. El nepotismo está totalmente acreditado”, declaró.
Esta acción se suma a denuncias previas del blanquiazul contra la administración de Pérez Cuéllar por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos. Las autoridades de la Contraloría deberán ahora analizar las evidencias y determinar si proceden sanciones administrativas o la remisión del caso a instancias superiores.
El PAN insiste en que el uso del erario para beneficiar a familiares cercanos viola principios de imparcialidad y legalidad en el servicio público, y representa un daño directo al interés general de la ciudadanía juarense.
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