Ciudad de México.- Óscar Aparicio Avendaño, secretario de Seguridad del Pueblo en Chiapas y excomisionado de Seguridad en Chihuahua durante el gobierno de Javier Corral Jurado (2016-2020), enfrenta cuestionamientos por presuntos nexos con el crimen organizado, enriquecimiento inexplicable y un historial de señalamientos que han resurgido tras la difusión de «narconóminas» del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Narconóminas del CJNG sacuden a la FRIP en Chiapas
Documentos atribuidos al líder abatido del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes alias «El Mencho», revelaron listas de pagos que incluyen a elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), grupo élite bajo su mando en Chiapas. Reportes periodísticos indican que entre el 3 y 9 de noviembre de 2025 se registraron transferencias por 100 mil pesos a miembros de esta corporación.
El gobernador Eduardo Ramírez ordenó una investigación exhaustiva a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con posibles auditorías y revisiones internas. Aparicio declaró que la institución está abierta a cualquier indagatoria, sin encubrimientos ni privilegios, y que se investigará con apego a la ley.
Repunte de violencia y críticas en Chihuahua (2016-2020)
Estos señalamientos reviven su trayectoria en Chihuahua, donde dirigió la Comisión Estatal de Seguridad (CES) —renombrada Policía Estatal Única— bajo la coordinación del fiscal general César Augusto Peniche Espejel. Durante su gestión, de octubre de 2016 a mayo de 2020, Chihuahua registró más de 14 mil homicidios dolosos, con incrementos anuales significativos que generaron críticas por la ineficacia en el combate al crimen organizado.
Asesinato de Óscar García Díaz y menciones en carpetas de investigación
Desde 2019, su nombre surgió en carpetas de investigación relacionadas con el asesinato del agente ministerial Óscar García Díaz, jefe de la Unidad de Proyectos Especiales de la Fiscalía y mano derecha de Peniche, ejecutado el 3 de junio de ese año. García investigaba huachicol y presuntas protecciones a narcomenudistas ligados al Cártel de Sinaloa-Gente Nueva en la capital estatal.
Las pesquisas apuntaron a posibles complicidades entre policías y operadores delictivos, con menciones a Aparicio en supuestas redes de protección a narcomenudistas y huachicoleros, aunque las indagatorias no avanzaron y quedaron estancadas en las oficinas de Peniche y Corral, quienes lo mantuvieron en el cargo hasta su renuncia forzada en mayo de 2020, en medio de conflictos internos, alza de violencia y demandas de alcaldes.
Colección de autos clásicos a precios cuestionables
Adicionalmente, su declaración patrimonial ha generado dudas por una colección de cinco vehículos clásicos adquiridos entre 2022 y 2023 a precios notablemente bajos —de 12 mil a 100 mil pesos—, incluyendo un BMW de 1961 por solo 12 mil pesos, hasta 90 por ciento por debajo de valores de mercado. El funcionario argumenta que se trataron de oportunidades de «precios de ganga» pagados al contado, sin irregularidades.
Aunque no existen sentencias judiciales ni imputaciones formales que lo responsabilicen directamente por enriquecimiento ilícito, nexos probados con el narco o participación en el homicidio de García Díaz, las acusaciones recurrentes —desde su etapa en Chihuahua hasta las actuales en Chiapas— han motivado demandas públicas para que Corral y Peniche expliquen su designación y cualquier conocimiento previo de los antecedentes. El caso subraya persistentes interrogantes sobre transparencia en nombramientos de seguridad en contextos de alta violencia y posibles inconsistencias entre ingresos públicos y nivel de vida evidenciado.
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