Managua, Nicaragua.- El Parlamento nicaragüense aprobó una nueva reforma a la Constitución para prohibir que los opositores, calificados por el oficialismo como «golpistas» y «traidores a la patria», puedan postularse a cargos de elección popular o desempeñar puestos públicos.
La modificación a la carta magna también extiende de seis a siete años el mandato presidencial y el de otros cargos de elección popular, además de estipular que las leyes extranjeras carecerán de efecto jurídico en el país. Sin embargo, la medida no anula los comicios de manera definitiva, a pesar de declaraciones previas del mandatario Daniel Ortega en las que había descartado la realización de futuros procesos electorales.
La decisión ocurre después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) acordara en agosto convocar a una reunión extraordinaria de cancilleres ante las advertencias emitidas por Estados Unidos. En respuesta a la reforma, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló en un comunicado que el gobierno nicaragüense afianza una dinastía ilegítima y priva a la ciudadanía de elecciones libres, por lo que instó a la comunidad internacional a romper las relaciones económicas con el país centroamericano.
Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han documentado que, desde la represión de las protestas sociales en 2018, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha restringido las libertades, eliminado la división de poderes, institucionalizado el paramilitarismo, encarcelado a líderes políticos y religiosos, clausurado organizaciones civiles y despojado de su nacionalidad a miles de opositores que han huido al exilio.
