Ciudad de México.- La relación entre el Gobierno federal y el mandatario sinaloense experimentó un quiebre definitivo luego de que la titular del Poder Ejecutivo federal marcara distancia frente a su retorno a la administración estatal, señalando que dicha decisión no contó con conocimiento previo ni respaldo de la instancia federal.
El posicionamiento se da tras una jornada de alta tensión política originada por el breve regreso del titular del Ejecutivo local a su cargo, movimiento que generó una reacción coordinada de rechazo por parte de las bancadas legislativas oficialistas, gobernadores afines y la dirigencia partidista, culminando en un llamado público a priorizar el interés general sobre las aspiraciones particulares.
Ante este escenario, la mandataria federal enfatizó que la conducción institucional en el estado debe mantenerse bajo la figura de un interinato hasta la conclusión formal del periodo constitucional y la posterior renovación de la gubernatura, subrayando que la designación del relevo por parte del Congreso local debe recaer en un perfil que cumpla con estándares de honestidad y capacidad de servicio.
En el plano judicial, el caso mantiene abierto un frente de investigación por parte de la Fiscalía General de la República en torno a los señalamientos procedentes de instancias ministeriales extranjeras, proceso en el cual diversos funcionarios estatales han comparecido en calidad de testigos mientras las carpetas de indagatoria continúan su curso legal.
