CIUDAD DE MÉXICO. – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la adquisición de nueve camionetas de lujo para los nuevos ministros que integraron el pleno tras la elección judicial de 2025. La institución justificó el gasto bajo criterios de seguridad institucional y prevención, rechazando que se trate de un uso discrecional de recursos públicos.
A través de un comunicado oficial, el máximo tribunal informó que la decisión se tomó tras recibir opiniones técnicas de autoridades federales. Estos peritajes concluyeron que las unidades anteriores ya no cumplían con los estándares mínimos de seguridad, por lo que su uso continuo representaba un riesgo para la integridad operativa de los juzgadores.
Seguridad y blindaje
Entre las unidades adquiridas destacan camionetas Jeep Cherokee, cuyo valor comercial base inicia en el millón de pesos. No obstante, el costo final de cada vehículo se eleva significativamente dependiendo de los acabados internos y, fundamentalmente, del nivel de blindaje requerido para el traslado de los integrantes del Poder Ejecutivo Judicial.
Entre las unidades adquiridas destacan camionetas Jeep Cherokee, cuyo valor comercial base inicia en el millón de pesos. No obstante, el costo final de cada vehículo se eleva significativamente dependiendo de los acabados internos y, fundamentalmente, del nivel de blindaje requerido para el traslado de los integrantes del Poder Ejecutivo Judicial.
La SCJN argumentó que la normativa vigente establece la renovación periódica de estos vehículos cada cuatro años, o antes si presentan fallas, para garantizar el servicio.
Gestión del gasto
Ante las críticas por el costo de la renovación, la Corte aseguró que la compra se realizó de manera paralela a un proceso de desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido. Según el organismo, esta maniobra financiera busca evitar un impacto excesivo en el presupuesto de 2026 y reafirmar el compromiso con la «gestión responsable del gasto público».
Ante las críticas por el costo de la renovación, la Corte aseguró que la compra se realizó de manera paralela a un proceso de desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido. Según el organismo, esta maniobra financiera busca evitar un impacto excesivo en el presupuesto de 2026 y reafirmar el compromiso con la «gestión responsable del gasto público».
Este movimiento administrativo ocurre en un contexto de alta vigilancia social sobre los recursos del Poder Judicial, tras la transición a la elección popular de ministros concretada el año pasado. La institución enfatizó que el uso de estos recursos es racional y necesario para el ejercicio de la función jurisdiccional.
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