Desplegar Asylum seekers rest at a migrant shelter run by the federal government in Ciudad Juarez, Mexico. © 2019 Reuters/Jose Luis Gonzalez (Ciudad Juárez) – Los solicitantesde asilo con discapacidad que esperan en Ciudad Juárez, México , a que se tramiten sus solicitudes de asilo en Estados Unidos enfrentan obstáculos para acceder a servicios básicos, señaló hoy Human Rights Watch. El Gobierno de México debería identificar y garantizar servicios a las personas con discapacidad y con problemas de salud crónicos. Las investigaciones realizadas por Human Rights Watch en Ciudad Juárez –una ciudad al otro lado de la frontera desde El Paso, Texas– concluyeron que el Gobierno mexicano no cuenta con un sistema adecuado para evaluar e identificar a solicitantes de asilo con discapacidad y problemas de salud crónicos. Las autoridades no han garantizado la accesibilidad física en los albergues, incluso en los más nuevos. Tampoco proporcionan en forma sistemática información ni acceso a la atención de la salud para solicitantes de asilo con discapacidad o problemas de salud crónicos. “Las personas con discapacidad enfrentan obstáculos significativos cuando se ven obligadas a permanecer durante meses en México a la espera de que se tramiten sus solicitudes de asilo en EE. UU.”, expresó Carlos Ríos Espinosa , investigador sénior sobre derechos de las personas con discapacidad de Human Rights Watch. “Si el Gobierno no identifica a las personas con discapacidad, no podrá asegurar adecuadamente que accedan a servicios básicos como atención de la salud, alimentos y albergue”. Un número creciente de solicitantes de asilo, en su mayoría procedentes de América Central, han estado varados en México desde enero de 2019, cuando el gobierno de Trump adoptó una política que denomina Protocolos de Protección de Migrantes , también conocida como política de “Permanencia en México ( Remain in Mexico )”. Esta política obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras se encuentran pendientes sus trámites ante las autoridades inmigratorias estadounidenses. Aunque la política estadounidense establece que “sobre la base de un análisis de cada caso específico, se podrá excluir a personas de poblaciones vulnerables” de ser enviadas de regreso a México, Human Rights Watch ha comprobado que la identificación de las personas con discapacidad que realizan los agentes fronterizos estadounidenses y las decisiones que toman de excluirlas de la devolución no han sido consistentes. Al 4 de octubre, casi 50 000 personas se encontraban en México a la espera de audiencias de asilo en el marco del programa. La práctica del Gobierno de EE. UU. por la que se limita la cantidad de nuevas solicitudes de asilo a entre 15 y 30 por día implica además que los solicitantes de asilo suelen esperar entre tres y cuatro meses en ciudades de la frontera mexicana para recién entonces empezar el procedimiento de solicitud de asilo en Estados Unidos. En agosto y septiembre, Human Rights Watch entrevistó en Ciudad Juárez a 10 solicitantes de asilo con discapacidad o problemas de salud crónicos, sus familiares y funcionarios del Instituto Nacional de Migración y del Consejo Estatal de Población Chihuahua, dos organismos que se ocupan de los migrantes. Human Rights Watch también visitó el albergue para migrantes y solicitantes de asilo que gestiona el Gobierno Federal en Ciudad Juárez y tres albergues privados. En ninguno de los cuatro albergues había instalaciones completamente accesibles para las personas con discapacidad. El Centro Integrador del Migrante Leona Vicario, que abrió en agosto y tiene capacidad para 3000 personas, no cuenta con baños accesibles para personas con discapacidad física. Cuando empezó a funcionar, no había camas y las personas dormían en colchones en el piso, incluso personas con discapacidad. No hay medios de transporte accesibles que conecten el albergue con otros sitios. La evaluación que realizan las autoridades de los problemas de salud y la discapacidad de los solicitantes de asilo que ingresan en los albergues no es consistente. Un funcionario público y algunos solicitantes de asilo manifestaron que un médico realiza un examen médico básico de todas las personas que ingresan en un albergue público. En el albergue Leona Vicario, un funcionario señaló que el 86 % de los solicitantes de asilo que ingresan se registran como personas con problemas de salud. No obstante, la evaluación que realiza el albergue no identificó a algunas personas con discapacidad. Una residente indicó que a su hijo de un año se le había diagnosticado microcefalia y asma mientras estuvieron en Honduras. Al llegar al albergue en mayo, las autoridades no le hicieron preguntas sobre la salud de su hijo […]
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