Ciudad de México.- El Gobierno de México rechazó el reciente informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, en el que se acusa que este delito se ha perpetrado en el país a niveles que podrían considerarse crimen de lesa humanidad.
A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob), la administración federal calificó el documento como “tendencioso” y señaló que no tomó en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Estado mexicano.
“Los argumentos no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio comité, ni con los avances institucionales logrados desde 2019 y en particular desde 2025”, indicó la Cancillería.
El gobierno explicó que el procedimiento de la Convención Internacional fue diseñado para casos de desapariciones cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado, con negativa de las autoridades a actuar, situación que “no corresponde a la realidad del México actual”.
Aunque el informe se centra principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la SRE consideró que la decisión del Comité es “parcial y sesgada”.
El gobierno insistió en que “no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas” y destacó las reformas legislativas e institucionales implementadas en coordinación con colectivos de familiares, entre las que destacan la Alerta Nacional de Búsqueda, la obligación de abrir carpetas de investigación inmediata, la Plataforma Única de Identidad y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
Además, criticó que el Comité omitió información actualizada entregada el 27 de marzo y lamentó la “ligereza de sus premisas”, incluyendo posibles conflictos de interés de algunos de sus integrantes.
Pese al rechazo, México reiteró su compromiso con la erradicación de las desapariciones forzadas, la búsqueda e identificación de personas y el acceso a la verdad y justicia para las víctimas y sus familias.
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