El sol de abril cae pesado sobre la capital, pero no logra iluminar la oscuridad en la que viven miles de familias mexicanas. Lo que debería ser una transición hacia la consolidación de estrategias de paz se ha transformado en un nuevo campo de batalla retórico y diplomático. En el centro de la tormenta: la decisión histórica del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de elevar la crisis de desapariciones en México ante la Asamblea General, bajo la sospecha fundada de que estos actos podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
El estruendo de los números
Mientras en los pasillos de Palacio Nacional se defiende una «reducción en la incidencia delictiva», la realidad en las fosas clandestinas dicta otra sentencia. A inicios de 2026, las cifras oficiales estiman que existen alrededor de 72,000 restos humanos sin identificar. El recuento de la infamia no se detiene: desde 2010, al menos 43 familiares de personas desaparecidas han sido asesinados o han desaparecido mientras buscaban a los suyos.
La técnica del Estado parece ser la de la «administración del dolor». Por un lado, se reportan avances en el Caso Ayotzinapa, con nuevas líneas de investigación abiertas por la Fiscalía General de la República (FGR) en marzo de 2026. Por otro, se rechaza con virulencia el informe internacional, calificándolo de «parcial y sesgado».
La controversia: Soberanía vs. Justicia
El nudo gordiano de esta semana ha sido la petición de la ONU. Para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el informe del CED «omite esfuerzos institucionales» y carece de «rigor jurídico». Sin embargo, para colectivos de búsqueda y organizaciones como Artículo 19, la medida de la ONU es un grito de auxilio necesario ante un sistema de justicia que, en la práctica, mantiene una impunidad superior al 99%.
El argumento oficial: Se afirma que las desapariciones forzadas cometidas por autoridades federales han descendido drásticamente desde 2018.
La contraparte civil: Las familias denuncian que las autoridades están «borrando» nombres de los registros oficiales para maquillar la crisis.
Entre el exilio y la fosa
La crónica de estos días no solo se escribe con tinta, sino con el desplazamiento forzado de periodistas y defensores que, al investigar los nexos entre el crimen organizado y el poder local, terminan enfrentando una «muerte social». En estados como Guanajuato, las desapariciones se han multiplicado por ocho en los últimos años, y en Tabasco, la vulnerabilidad de niñas y jóvenes ha escalado exponencialmente.
El panorama es desolador: México se encuentra atrapado entre su retórica de soberanía y la urgencia de una intervención internacional que los colectivos abrazan como su última esperanza. Llevar el caso ante la Asamblea General de la ONU no es solo un trámite diplomático; es el reconocimiento global de que, en México, buscar a un hijo puede costar la vida y que el Estado, por acción u omisión, sigue sin poder garantizar el derecho más básico: el de existir.
La controversia seguirá escalando, pero mientras los diplomáticos discuten adjetivos en Nueva York, en los matorrales de Sonora y Veracruz, las madres siguen hundiendo sus varillas en la tierra, esperando que el próximo hallazgo no sea el olvido.
35 padres buscadores asesinados
Los fríos números: de acuerdo con datos de la organización Artículo 19, esta cifra forma parte de un total de 43 agresiones letales contra personas que buscan a sus familiares desaparecidos, desglosándose de la siguiente manera: 35 personas asesinadas y 8 personas desaparecidas que aún no han sido localizadas.
Las madres dos veces víctimas, del total de 43 personas afectadas, 25 eran mujeres y 18 eran hombres. Las agresiones se concentran principalmente en los estados de Guanajuato, Sinaloa y Jalisco. El año letal: 2025 fue uno de los más peligrosos para este colectivo, registrando al menos 11 asesinatos en ese periodo.
