El Paso, Texas.- Un ciudadano mexicano de 29 años se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos por su participación en una red transnacional de tráfico de personas que utilizaba un sofisticado túnel clandestino construido bajo la franja fronteriza entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas.
El procesado, identificado como Luis Carlos Dávalos-López, admitió su responsabilidad en el delito de conspiración para el tráfico de indocumentados a través de este paso subterráneo, el cual fue descubierto y asegurado por agencias federales estadounidenses en enero de 2025. Según los expedientes de la corte, la infraestructura de este pasadizo fue desarrollada bajo el control del Cártel de Jalisco Nueva Generación, organización criminal catalogada por Washington como grupo terrorista extranjero, la cual empleaba la ruta no solo para el cruce clandestino de migrantes, sino también para el trasiego coordinado de armas y narcóticos entre ambos países.
La investigación detalla que las autoridades federales recabaron pruebas contundentes a través de la intercepción de llamadas telefónicas. En dichos registros, Dávalos-López sostenía conversaciones con otros integrantes de la célula delictiva para coordinar la logística del túnel, revelando que la red exigía pagos de hasta 30 mil dólares por cada persona que ingresara de manera irregular a territorio estadounidense evadiendo los puertos formales de revisión. En las mismas escuchas, el acusado llevaba un control detallado sobre el flujo de migrantes y las ganancias ilícitas generadas por el uso del pasadizo.
Tras ser formalmente acusado en abril de 2025 junto con otros presuntos operadores, el gobierno de México concretó su traslado a la Unión Americana con sustento en la Ley de Seguridad Nacional para que enfrentara los cargos penales correspondientes. Actualmente, tras admitir su culpabilidad por conspiración, enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión, a la espera de que el juez dicte la fecha definitiva para la audiencia de sentencia.
El expediente judicial forma parte de una causa criminal más amplia contra la estructura operativa de esta red binacional. En el mismo proceso figuran coacusados como María del Rosario Navarro-Sánchez, de 40 años, quien admitió cargos el pasado 27 de agosto por el contrabando de armas de fuego desde territorio estadounidense hacia México destinadas al grupo criminal, así como Gustavo Castro-Medina, de 29 años, señalado por fungir como enlace financiero para la compra clandestina de armamento.
Representantes del Departamento de Justicia, la Fiscalía del Distrito Oeste de Texas, el Buró Federal de Investigaciones, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la Administración de Control de Drogas y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional coincidieron en que el desmantelamiento de esta red subraya la cooperación bilateral y los esfuerzos conjuntos orientados a frenar las operaciones logísticas y financieras de las organizaciones delictivas a lo largo de la frontera norte.
