Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) concretó el mayor aseguramiento de hidrocarburo registrado en el país al confiscar 59 millones 36 mil 870.527 litros de combustible en el estado de Guanajuato, un operativo que derivó en un diferendo legal luego de que la empresa Gas Natural del Noroeste, integrante de Grupo SIMSA, rechazara cualquier tipo de irregularidad en la operación del complejo involucrado.
Las indagatorias ministeriales iniciaron el pasado 3 de julio a raíz de la detención de un operador que transportaba 33 mil litros de diésel sin la documentación necesaria para comprobar su trazabilidad legal. La pesquisa subsecuente permitió a las autoridades federales cumplimentar cateos simultáneos en tres inmuebles vinculados a un mismo propietario, abarcando una estación de servicio en San Luis de la Paz, un punto de distribución de Gas LP en Dolores Hidalgo y, de manera central, la terminal de almacenamiento situada en la comunidad de La Fragua, en el municipio de San José Iturbide.
En este último sitio se concentró prácticamente la totalidad del volumen confiscado, donde personal ministerial y fuerzas de seguridad localizaron diez tanques de almacenamiento, unidades de carga, diversos contenedores y documentación probatoria. El gobierno estatal confirmó que los líquidos asegurados presentan características correspondientes a diésel, gasolina regular y gasolina premium.
Por su parte, Juan Mauro González Martínez, secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, precisó que la intervención no obedeció a filtraciones o eventos fortuitos, sino al resultado de un trabajo metódico de investigación. En tanto, la FGR mantiene bajo análisis pericial el origen del producto para fincar posibles responsabilidades en el marco de la legislación federal en materia de hidrocarburos y del Código Fiscal de la Federación.
Ante las diligencias, Gas Natural del Noroeste emitió un posicionamiento institucional en el que defendió la legalidad de la terminal de San José Iturbide, argumentando que opera con permisos vigentes. La compañía detalló que cuenta con la autorización de almacenamiento PL/19344/ALM/2016, expedida con una vigencia de treinta años y respaldada por modificaciones normativas subsecuentes, además de contar con autorizaciones de seguridad industrial y ambiental de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), así como permisos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Asimismo, la empresa deslindó la operación de la infraestructura respecto de la titularidad del combustible incautado, al señalar que funciona como un centro de recepción y resguardo para petrolíferos propiedad de terceras empresas usuarias, las cuales tendrían la obligación de demostrar la legal procedencia ante las instancias regulatorias. La firma aseguró haber entregado los expedientes de sus usuarios a las autoridades ministeriales para facilitar el deslinde de responsabilidades.
Hasta el momento, la fiscalía federal no ha formulado imputaciones directas de carácter penal en contra de la empresa operadora, mientras que el volumen de combustible, los vehículos y los documentos asegurados permanecerán bajo resguardo ministerial durante el desarrollo de los peritajes y las etapas procesales correspondientes.
