Maniobra por impunidad
El recurso presentado por la defensa de Javier Corral argumentaba que el caso debía resolverse en el ámbito federal debido a su complejidad y posibles implicaciones interestatales, específicamente relacionado con la «Operación Safiro», un esquema de presunto lavado de dinero vinculado a contratos públicos durante el sexenio de César Duarte. Sin embargo, el Tribunal Colegiado rechazó la solicitud, argumentando que no se cumplían los requisitos para la atracción, lo que permite que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua continúe con las diligencias. Este rechazo se suma a una serie de intentos previos del exmandatario por desviar la investigación, incluyendo recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que también han sido desechados.
Corral es un hipócrita: Maru
En respuesta inmediata al rechazo judicial, la gobernadora Campos no escatimó en críticas durante una conferencia de prensa en la capital chihuahuense. «Sigue evadiendo la ley, sigue evadiendo la justicia», declaró, añadiendo que Corral «vive en la simulación y la hipocresía». La mandataria expresó su esperanza de que «Dios lo bendiga y lo perdone por tanta injusticia que ha cometido contra el pueblo de Chihuahua». Estas palabras reflejan una fractura profunda entre quienes por décadas fueron correligionarios en el PAN.
Confianza en la justicia
La Fiscalía Anticorrupción estatal, dependiente del gobierno de Maru Campos, reiteró que el expediente contra Corral se mantendrá bajo su competencia, con avances en la recolección de pruebas que incluyen testimonios de exfuncionarios y auditorías forenses. La gobernadora enfatizó su «confianza absoluta en que se hará justicia, sin importar el cargo que haya tenido» el implicado, subrayando el compromiso de su administración con la transparencia y el combate a la impunidad. Analistas políticos locales ven en este episodio un reflejo de la polarización en Chihuahua, donde las elecciones intermedias de 2027 podrían verse influenciadas por estos litigios. Mientras tanto, Corral ha intensificado sus críticas en redes sociales y foros legislativos, acusando a Campos de usar recursos públicos para controlar medios de comunicación.
Duarte entra al quite
En el contexto anterior se da también otro episodio en el enfrentamiento entre César Duarte Jáquez y Javier Corral Jurado prolongada rivalidad la política, marcada por acusaciones mutuas de corrupción y abuso de poder. Duarte, fue perseguido judicialmente durante el sexenio de Corral, quien lo señaló por peculado y desvío de recursos, lo que llevó a la fuga de Duarte a Estados Unidos y su eventual extradición en 2022. Ahora, con Maru Campos al frente del gobierno estatal desde 2021, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua abrió carpeta contra Corral por presunto peculado de 98.6 millones de pesos, abuso de poder y tráfico de influencias, emitida una orden de aprehensión en su contra que permanece suspendida por su fuero como senador plurinominal de Morena desde septiembre de 2024. Corral ha promovido amparos y solicitado la atracción federal del caso para evitar la jurisdicción estatal, lo que Duarte interpreta como una maniobra para obtener impunidad. Este nuevo intercambio, detonado por publicaciones en redes sociales por Duarte, no solo revive viejas heridas, sino que expone las grietas en el sistema judicial chihuahuense.
Corral es una mentira: Duarte
La denuncia de César Duarte contra Javier Corral como «botarga intelectual» que erigió su trayectoria sobre un castillo de falsedades no es mera retórica; revela un patrón histórico de manipulación narrativa que Corral empleó para ascender en la política chihuahuense. Desde sus inicios como diputado local, Corral se posicionó como el «paladín anticorrupción» y animó al entonces gobernador Pancho Barrio a perseguir a su antecesor Fernando Baeza, lo cual fue l final un gran fracaso político. Este fracasado paladín se dedico los cinco años de su gobierno a desmantelar supuestos esquemas de Duarte, pero evidencias posteriores han cuestionado la solidez de esas imputaciones, con expedientes que involucraron testimonios bajo coacción y documentos cuestionados por irregularidades. Hoy, con comentarios restringidos en sus redes y un círculo reducido de apoyo virtual, Corral persiste en un discurso desconectado de la realidad, donde likes efímeros sustituyen a pruebas concretas. Esta estrategia no solo erosiona su credibilidad, sino que ilustra cómo la posverdad se ha institucionalizado en la política local: un líder que, en lugar de rendir cuentas, opta por la evasión digital, dejando a los chihuahuenses como rehenes de promesas incumplidas y narrativas que repite comstantemente. Duarte se encuentra en medio del proceso judicial que le inició Corral y al que dedicó todos sus afanes de gobernador. Duarte ha tenido algunos éxitos judiciales, pero no hay analista serio que sostenga su inocencia plena.
Nomás las patadas se oyen
El «corralismo» transformó la justicia en un instrumento de venganza selectiva, un legado tóxico que Duarte expone con crudeza al acusar a Corral de perseguir inocentes y premiar a sus allegados. Durante su gubernatura, instituciones como la Fiscalía fueron cooptadas para fabricar expedientes con torturas documentadas y alteraciones probatorias, dirigidos no contra la corrupción sistémica, sino contra opositores políticos como el propio Duarte. Esta instrumentalización no solo violó principios constitucionales, sino que generó un clima de impunidad para los «suyos», como se evidencia en el encubrimiento de irregularidades en contratos millonarios adjudicados a panistas leales. Este doble estándar —denunciar corrupción mientras se la practica— socava la confianza pública en el sistema judicial, convirtiendo a Chihuahua en un laboratorio de justicia politizada donde el fin justifica los medios, y el «paladín» se revela como mero ejecutor de agendas partidistas.
La maniobra fallida de Corral
La actual maniobra de Corral para federalizar su carpeta de investigación, amparándose en su fuero como senador morenista, encarna la ironía suprema de un hombre que predica legalidad mientras huye de ella, tal como lo denuncia Duarte. Con una orden de aprehensión vigente por desvío de fondos públicos —que le impide incluso salir del país sin autorización—, Corral no enfrenta su proceso como lo hace Duarte bajo medidas cautelares, sino que recurre a tecnicismos legales para dilatar lo inevitable. Esta táctica expone las fallas estructurales del fuero constitucional: un escudo diseñado para proteger la deliberación legislativa, pervertido en refugio para prófugos. Este episodio subraya la necesidad de reformas urgentes; de lo contrario, el fuero seguirá siendo el último bastión de impunidad, permitiendo que exgobernadores como Corral transiten de victimarios a víctimas autoproclamadas, perpetuando un ciclo vicioso que deslegitima la democracia mexicana.
El reto ignorado y la verdad pendiente
El desafío público de Duarte a Corral —salir del país para probar su inocencia— no es un mero exabrupto, sino un espejo que refleja la cobardía de un político acorralado por sus contradicciones, respondiendo con evasivas y apelaciones al «maruduartismo». Mientras Duarte asume su responsabilidad judicial pese a procesos heredados, Corral se refugia en narrativas conspirativas, desconociendo que su sucesora, Maru Campos, representa una continuidad panista que él mismo ayudó a forjar. Esta reticencia a confrontar la realidad no solo debilita su figura, sino que invita a una reflexión mayor sobre el poder en Chihuahua: ¿cuánto más durará este teatro de acusaciones recíprocas antes de que la justicia verdadera —imparcial y expedita— imponga responsabilidades? Duarte concluye con un «al tiempo» profético; en efecto, la historia, con su lentitud inexorable, podría desmantelar no solo las mentiras de Corral, sino el ecosistema de impunidad que él ayudó a nutrir, abriendo paso a una era de rendición de cuentas genuina para el estado.
Acusaciones de la senadora Andrea Chávez
La senadora por Morena, Andrea Chávez Treviño, lanzó duras críticas contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por supuestamente priorizar actividades partidistas sobre la seguridad pública. En un video publicado en sus redes sociales el 12 de noviembre de 2025, Chávez destacó que, mientras los homicidios a nivel nacional han disminuido un 37% durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Chihuahua se ha convertido en el estado más violento del país, registrando uno de cada diez homicidios dolosos en octubre. Específicamente, acusó a la gobernadora de faltar al 70% de las reuniones de la Mesa de Seguridad, que se realizan diariamente a metros de su oficina, permitiendo que la delincuencia organizada actúe con impunidad en el estado. Chávez enfatizó: «Mientras la Gobernadora sigue faltando a las reuniones de la Mesa de Seguridad, la delincuencia organizada campa a sus anchas por las calles de nuestra capital».
De la marcha del PAN y los hechos violentos
El epicentro de la controversia ocurrió el domingo 9 de noviembre, cuando el PAN organizó una marcha en el Parque Lerdo de la capital chihuahuense bajo el lema «en defensa de la familia, la patria y la libertad», como parte de su relanzamiento nacional. La gobernadora Maru Campos y el alcalde Marco Bonilla encabezaron el evento, que reunió a militantes y simpatizantes locales. Sin embargo, el mismo día, a plena luz del día y a pocos minutos del recorrido de la marcha, tres personas fueron ejecutadas en un restaurante del Fashion Mall, un suceso que Chávez utilizó para ilustrar la «incapacidad» de las autoridades locales. La senadora morenista ironizó: «Mientras la gobernadora gritaba en una marcha panista ‘Morena no llegará’, ejecutaban a 3 personas a unos pocos metros», y criticó el uso de recursos públicos en un «desesperado evento de precampaña» en medio de la crisis de inseguridad.
Respuesta de Maru Campos
Ante las acusaciones, la gobernadora Maru Campos Galván respondió, expresando su frustración por las críticas «sin conocimiento de causa». Lamentó que se confundan los homicidios ocurridos en distintos puntos del estado con la movilización partidista, y defendió la participación en la marcha como un derecho legítimo. Con un tono de indignación, declaró: «Ay, pues miren, evítenme el comentario porque es muy lamentable hablar con personas que no saben, que ignoran y que no tienen información». Campos subrayó que su administración mantiene una «coordinación permanente» con autoridades federales y municipales para atender los hechos de violencia, rechazando las imputaciones de ausencia en las mesas de seguridad y enfatizando que los esfuerzos institucionales no se detienen por eventos políticos; ignorando en este dicho que el Secretario de Seguridad Pública Estatal Rogelio Loya, la acompañaba en su marcha con un paliacate en la que la proclamaba como “La jefa”.
Una baja ilusoria en medio del caos
En el contexto de Ciudad Juárez, una urbe fronteriza que ha sido sinónimo de violencia extrema durante décadas, la alcaldesa Cruz Pérez Cuéllar intenta pintar un panorama optimista al afirmar que la incidencia delictiva «va a la baja». Su declaración, pronunciada en un evento reciente, se centra en la medición de la violencia a través de los homicidios, reconociendo que muchos de estos lamentables episodios involucran a personas ligadas al narcomenudeo. Sin embargo, esta narrativa ignora el peso histórico y actual de Juárez como epicentro de disputas entre cárteles, donde julio de 2025 registró un alarmante récord de 103 homicidios dolosos, el mes más violento del año, con 20 víctimas mujeres que no todas encajan en el perfil de «narcos» que el alcalde minimiza. Aunque mayo mostró una ligera baja con 77 casos —40 menos que en 2024—, las proyecciones para el resto del año anticipan picos en homicidios y narcomenudeo, lo que cuestiona si esta «baja» es más un espejismo que una tendencia real, especialmente cuando proyecciones indican que Juárez podría cerrar 2025 con más de mil asesinatos.
La peligrosa simplificación de las víctimas
La distinción que hace Pérez Cuéllar entre homicidios «entre narcos» y la «población que trabaja legítimamente» es no solo ingenua, sino peligrosamente reductora. Al externar que estos crímenes no afectan a los ciudadanos honestos, la alcaldesa deshumaniza a las víctimas y perpetúa un discurso que exime a las autoridades de responsabilidad por el derrame de violencia que inevitablemente salpica a inocentes. En Juárez, donde el narcomenudeo no es un mundo aislado sino un engranaje que alimenta extorsiones —aumentadas un 45.5% desde 2015— y delitos contra la población general, como robos y feminicidios, esta diferenciación suena a excusa cómoda. ¿Cuántas familias «legítimas» han perdido a un ser querido en balaceras colaterales o por negarse a pagar «derecho de piso»? La realidad es que la economía local, dependiente del comercio transfronterizo, sufre un impacto devastador, con negocios cerrando por miedo y una calidad de vida erosionada, algo que las estadísticas oficiales a menudo ocultan bajo el manto de «disputas internas», pese a que las denuncias por extorsión alcanzaron su pico en una década durante el primer semestre de 2025.
Saldo blanco: un espejismo superficial
El énfasis en los «fines de semana con saldo blanco» durante eventos públicos, como si fueran trofeos de gestión, revela una visión superficial de la seguridad que prioriza lo visible sobre lo estructural. Pérez Cuéllar destaca estos logros como prueba de efectividad, pero ¿qué pasa con los rincones oscuros de la ciudad, donde el narcomenudeo opera impune y los reportes de desapariciones se acumulan sin respuesta? En un año donde el Índice de Paz México 2025 señala un incremento del 161% en delitos de narcomenudeo desde hace una década y un deterioro general de la paz del 13.4% en el país, celebrar «cero incidentes» en los festejos del salón de eventos la “X” equivale a tapar el sol con un dedo, ignorando que la ausencia temporal de violencia no equivale a paz sostenida. Esta retórica festiva distrae de la falta de inversión en inteligencia policial o programas de prevención, dejando a Juárez en un ciclo vicioso donde la «coordinación» prometida parece más un slogan que una acción concreta, especialmente cuando Chihuahua figura entre los estados con mayor impunidad en feminicidios
Cruz es el titiritero
En las sombras del poder de gobierno municipal, María Hurtado, lideresa de mercados populares, ejerce un control despótico respaldado por los hermanos Pérez Cuéllar, Alejandro y Cruz, quienes convierten la alcaldía en un feudo familiar donde la ley es un mero adorno. Las últimas semanas han sido un espectáculo de impunidad: Hurtado, con la venia explícita de Cruz Pérez Cuéllar, ha orquestado la invasión de un terreno privado en Riberas del Bravo, so pretexto de erigir un tianguis que beneficia solo a su red de vendedores leales. Óscar Guévara, director de Regulación Comercial –apodado «el Granuja» en los corrillos crucistas por su historial de extorsiones y favoritismos–, ha facilitado esta felonía alterando permisos y desviando inspectores para blindar la operación. Este trío de corruptelas no es aislado; refleja un sistema donde los Pérez Cuéllar, con su hegemonía morenista, han convertido la ciudad en un botín personal, ignorando denuncias de cobros ilegales a indígenas por permisos y cuotas semanales de hasta 10 mil pesos a inspectores. Juárez, con sus baches eternos y su violencia rampante, merece más que esta farsa de gobernanza.
La Maquinación Catastral: De Ejidal a Municipal en un Parpadeo
Esta corruptela quedó al descubierto por la vergonzosa disputa de un predio en las calles Rivera de Lerma y Ribera de La Salle, un terreno que transitó de propiedad ejidal a las manos legítimas de Guadalupe Montiel, empleados sin escrúpulos del Catastro lo reclasificaron como «propiedad municipal» en un acto de falsificación burda que apesta a soborno. Hurtado, moviendo hilos como una patrona feudal, instaló decenas de ambulantes en el sitio, con Guévara como su ejecutor fiel, ignorando cualquier noción de legalidad. Esta alteración no es un error administrativo; es un patrón sistémico que amenaza a cientos de juarenses, desde dueños de casas solitarias hasta pequeños predios, expuestos a la misma transa catastral que podría despojarlos de su patrimonio en la sombra de la corrupción.
Amparo contra el robo institucional
Guadalupe Montiel, lejos de rendirse ante esta agresión impúdica, ha desplegado un arsenal legal que expone la fragilidad del régimen Pérez Cuéllar: amparos ganados que obligan al ayuntamiento a rectificar la «anomalía» catastral, revelando no solo la ilegalidad del despojo, sino un hedor a colusión que salpica al propio alcalde y su hermano Alejandro, cercano a la lideresa. En videos virales del 4 de noviembre de 2025, Montiel denuncia su desalojo violento, acusando directamente a Hurtado de invadir con el respaldo del alcalde y Guévara, mientras ambulantes se apoderan del lote bajo la mirada cómplice de inspectores. Estos recursos no son meras formalidades; son un recordatorio de que la justicia federal aún respira, contrastando con la podredumbre local donde protestas de ambulantes contra Guévara –por extorsiones y desalojos arbitrarios– son ignoradas por Pérez Cuéllar. Sin embargo, la lideresa persiste, demostrando que en Juárez, el derecho es un lujo para los CRUZados, y el despojo, una herramienta cotidiana para mantener el control de mercados que generan votos y cuotas ilícitas.
La pasividad cómplice
Aun con la espada de la justicia federal pendiendo, Hurtado no ceja en su CRUZada invasora, y ni siquiera Julio César de la Cruz, director de Asentamientos Humanos, osa intervenir contra los designios de sus amos, los Pérez Cuéllar, prefiriendo el silencio cobarde a la defensa del orden urbano. Esta inacción no es casual; es el engranaje de un aparato municipal donde directores como De la Cruz y Guévara bailan al son de la lideresa, permitiendo que tianguis ilegales devoren espacios privados mientras la ciudad se ahoga en ambulantaje descontrolado. El 3 de noviembre, patrullas municipales –distraídas de su deber de velar por la seguridad ciudadana– escoltaron la incursión, un despliegue de fuerza estatal al servicio de una transa particular que ridiculiza el presupuesto público. En un Juárez donde el crimen organizado y la pobreza compiten por el territorio, esta priorización de caprichos políticos agrava la anarquía, dejando a residentes como Montiel a merced de amenazas de muerte que la «seudolíder» Hurtado profiere contra opositores, como ha denunciado en foros locales.
