Lupe Lupe y a retórica como escudo
La declaración de Santiago de la Peña, al insistir en no politizar el escándalo del bar Lupe Lupe, resuena como un clásico mecanismo de defensa institucional en México, donde los altos funcionarios suelen invocar la neutralidad para desviar la atención de posibles responsabilidades sistémicas. Al calificar las críticas como intentos de «llevar agua a su molino», el secretario general no solo minimiza el rol de la oposición o la prensa en la vigilancia democrática, sino que implícitamente acusa a los denunciantes de oportunismo, desviando el foco de las graves acusaciones de corrupción y trata de personas en un establecimiento clausurado en Ciudad Juárez. Esta postura, lejos de transparentar el proceso, genera sospechas sobre la independencia de la investigación, especialmente cuando el caso involucra a posibles cómplices en la Secretaría de Gobernación, policías y fiscales, como él mismo admite.
La promesa federal: ¿refuerzo o dilación?
De la Peña menciona la intervención de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y la FGR para delitos federales, lo que suena como un compromiso vigoroso contra la trata de menores –denunciada con precios de hasta 5 mil pesos por abusos– y la explotación sexual documentada en el bar. Sin embargo, esta apelación a instancias superiores podría interpretarse como una maniobra para dilatar responsabilidades locales, transfiriendo el peso a un aparato federal ya sobrecargado y notoriamente lento en casos similares. En un contexto donde se han reportado agresiones físicas, escapes fallidos de víctimas y presencia de hombres armados custodiando el lugar, la mera «participación» de estas entidades no garantiza justicia expedita, sino que podría perpetuar la impunidad que ha caracterizado escándalos de trata en la frontera norte.
Sanciones sin distinción: un eco vacío
La advertencia de procesar a funcionarios «como a un delincuente común» es un mantra recurrente en la retórica anticorrupción mexicana, pero carece de credibilidad histórica cuando se mide contra la realidad de castigos selectivos y amparos judiciales para los poderosos. De la Peña niega complicidad de personal de Gobernación, pero su énfasis en «si se confirma» la corrupción deja la puerta abierta a interpretaciones ambiguas, donde la presunción de inocencia se extiende indefinidamente mientras las víctimas –mujeres y menores explotados– esperan resolución. Este discurso igualitario ignora el desequilibrio de poder inherente: ¿cómo un fiscal o policía corrupto enfrentará el mismo escrutinio que un ciudadano anónimo en un sistema judicial plagado de influencias políticas?
Implicaciones para la confianza pública
En última instancia, el caso Lupe Lupe no es aislado, sino un síntoma de la erosión de la fe en las instituciones chihuahuenses, donde la trata de personas prospera en la sombra de la negligencia oficial. Al reiterar que «el tema de seguridad no se politiza», De la Peña inadvertidamente resalta la desconexión entre el gobierno y la sociedad civil, que exige no solo promesas, sino acciones concretas como auditorías independientes y protección inmediata a las víctimas. Sin un compromiso real más allá de las palabras, estas declaraciones corren el riesgo de alimentar el cinismo público, recordándonos que en México, la corrupción no se erradica con discursos, sino con rendición de cuentas implacable.
Ascenso imparable de Nevárez
La ascendente trayectoria política de Sergio Nevárez Rodríguez al frente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez representa un fenómeno que no pasa desapercibido en el ámbito local, especialmente en la Presidencia Municipal. Desde que asumió el cargo, Nevárez ha impulsado acciones concretas como el bacheo intensivo y la reposición de colectores, medidas que han mejorado visiblemente la infraestructura hidráulica de la ciudad. Sin embargo, esta eficiencia ha generado una reacción visceral en el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, quien alterna entre pataletas públicas y críticas veladas, evidenciando una envidia que trasciende lo profesional y roza lo patológico. En lugar de reconocer el impacto positivo de la descentralizada, el edil opta por una postura obstructiva que solo revela su inseguridad ante un liderazgo emergente que eclipsa su propia gestión errática.
Maniobras desesperadas del cruzismo
La desesperación del cruzismo ha escalado a tácticas desesperadas, recurriendo a figuras periféricas para fabricar ruido político. Así, se han movilizado los servicios del activista Martín Aguilar —un peón reciclado de la maquinaria municipal— y el respaldo de uno de los voceros del petista Pedro Matus, con el fin de impulsar un amparo colectivo contra la JMAS. Bajo la bandera de las supuestas tarifas abusivas de agua, pretenden armar un escándalo que distraiga de los logros reales de la Junta. Esta maniobra no es más que un montaje burdo, diseñado para erosionar la credibilidad de Nevárez y posicionar al alcalde como defensor de los «afectados», cuando en realidad solo expone la fragilidad de un régimen que recurre a la judicialización selectiva para compensar su falta de resultados tangibles.
El cartucho quemado: Martín Aguilar al rescate
Martín Aguilar, el ariete elegido para esta cruzada, no es sino un cartucho quemado desenterrado de los sótanos del cruzismo, donde le organizan entrevistas en medios afines para simular relevancia. Aspirante fallido a candidato independiente para síndico y otros cargos, Aguilar jamás superó la primera base de su ambición política, limitándose a lanzar grillas estériles, como aquella contra la exdiputada María Ávila durante su postulación a magistrada. Su historial de fracasos es tan notorio que hasta la semana pasada fue señalado por su propio profesor de derecho por malas calificaciones, un detalle que subraya su improvisación crónica. Reclutado ahora como vocero de descontento, Aguilar no representa a la ciudadanía, sino a un puñado de intereses políticos que lo usan como escudo desechable.
La farsa del amparo: manipulación y robo al descubierto
El colmo de la farsa se evidencia en el contenido del amparo de Aguilar, donde falsea ante la autoridad judicial que se encuentra al corriente en pagos de agua y alcantarillado, ocultando que fue descubierto manipulando su medidor —colocado de manera inversa para registrar consumos menores y evadir tarifas justas—. Los datos de facturación desmienten su narrativa: en agosto consumió 40 metros cúbicos y en septiembre 30, con pagos puntuales que él mismo omite mencionar. Al alegar que los registros son «al tanteo» en un inmueble equipado con medidores precisos, Aguilar no solo confunde a la opinión pública, sino que comete un delito flagrante contra la Ley del Agua del Estado de Chihuahua, configurando un robo descarado disfrazado de victimismo. Su «causa» no es colectiva, sino un enredo personal y familiar, instrumentalizado por el crucismo y los petistas para un asalto político que, al final, solo acelera su propio descrédito.
¿Centralización autoritaria en el PAN?
La declaración de Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, no es solo un mensaje disciplinatorio, sino un claro ejercicio de control vertical que socava la autonomía de las dirigencias estatales. Al afirmar que «las decisiones de alianzas son de la directiva nacional, punto», Romero ignora el pulso local del partido, donde líderes en Nuevo León, Durango y Chihuahua han explorado coaliciones con el PRI como una estrategia pragmática para contrarrestar el dominio de Morena. Esta imposición revela una directiva nacional desconectada de la realidad territorial, priorizando lealtades ideológicas sobre victorias electorales concretas, lo que podría agravar las divisiones internas y debilitar al PAN en un momento en que la oposición necesita unidad más que nunca.
Tensiones en Chihuahua, campo de batalla inminente
En Chihuahua, donde las elecciones de 2027 incluyen la gubernatura, el Congreso local y alcaldías, el veto a las alianzas con el PRI representa un golpe directo a las aspiraciones panistas en un estado históricamente competitivo. Las dirigencias locales habían mantenido abierta la puerta a coaliciones para ampliar su base electoral, especialmente ante el avance y el fortalecimiento de Morena. La intervención de Romero no solo frustra estas maniobras, sino que expone al PAN a riesgos de fragmentación: ¿qué pasará si los líderes estatales optan por rebeldías soterradas? Esta rigidez podría convertir a Chihuahua en un ejemplo de cómo la centralización nacional sacrifica oportunidades locales por dogmas partidistas. La opción de Movimiento Ciudadano, se antoja mejor que seguir con el PRI, pero esta alianza es incierta, MC ha tenido un crecimiento del 10 por ciento en las últimas elecciones y es un partido en ascenso, le ha funcionado ir solo y resto podría continuar.
Cruzada por tu mercado: ¿iniciativa loca?
La fumigación realizada en el Mercado Reforma por el personal de la Dirección de Ecología, en coordinación con Regulación Comercial, representa un paso inicial en el programa «Cruzada por tu Mercado», pero genera interrogantes sobre su profundidad real. Si bien el secretario Héctor Rafael Ortiz Orpinel enfatiza que surge de las necesidades de los locatarios para mejorar la imagen de los mercados y fomentar la comunidad, esta narrativa suena más a un eslogan publicitario que a una estrategia integral. En una ciudad como Ciudad Juárez, marcada por desigualdades socioeconómicas y problemas de higiene crónicos, una sola acción como la fumigación parece un parche superficial. ¿Realmente integra a la comunidad, o es solo una foto oportunista para resaltar logros administrativos antes de elecciones? La ausencia de datos sobre el impacto a largo plazo en la salud pública o la participación real de los vendedores cuestiona si esto trasciende el mero lavado de imagen urbana.
Apoyo a locatarios: promesas vacías
Ortiz Orpinel promete apoyo continuo a los locatarios, citando necesidades variadas como alumbrado público o limpieza en otros mercados, y resalta que el programa «ha estado funcionando muy bien». Sin embargo, esta optimista declaración choca con la realidad de más de 100 mercados en la ciudad que esperan atención. El director de Regulación Comercial, Óscar Guevara, menciona intervenciones previas en el Mercado Lorenzo Muñoz —recarpeteo, señalización y limpieza—, y planea extenderlo al San Pancho. Críticamente, esta progresión «paulatina» revela una lentitud preocupante: ¿cuánto tiempo tomará cubrir todos los espacios? En un contexto donde los mercados son el sustento de miles de familias, el retraso en servicios básicos no solo perpetúa condiciones insalubres, sino que erosiona la confianza en las instituciones. La coordinación interdepartamental es loable, pero sin un cronograma transparente y presupuesto asignado, corre el riesgo de diluirse en buenas intenciones o simples actos preelectorales.
