Utah, EEUU.- El caso de la familia Jensen, originaria de Utah, Estados Unidos, y su operación de contrabando de petróleo crudo desde México, conocido como huachicol fiscal, es un ejemplo destacado de cómo el tráfico de hidrocarburos robados trasciende fronteras, involucrando al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y generando pérdidas millonarias para México, además de implicaciones de terrorismo en EE.UU. Entre mayo de 2022 y abril de 2025, los Jensen importaron ilegalmente 2,881 cargamentos de petróleo crudo, disfrazados como lubricantes o destilados, a través de aduanas y puertos en Tamaulipas, generando ganancias de 300 millones de dólares. Este esquema, desarticulado por el FBI en abril de 2025 mediante la Operación Liquid Death, expone una red binacional que conecta a empresarios estadounidenses con el crimen organizado mexicano.
La familia Jensen, liderada por James Lael Jensen (68 años), un empresario con antecedentes en el comercio de hidrocarburos ilícitos, operaba a través de Arroyo Terminals LLC, una terminal de almacenamiento en Rio Hondo, Texas, cerca de la frontera con Tamaulipas. Junto a su esposa Kelly Anne Jensen (54-56 años) y sus hijos Maxwell Sterling Jensen («Max», 25-29 años) y Zachary Golden Jensen (25-27 años), los Jensen orquestaron un esquema que invertía la ruta tradicional del huachicol, que suele fluir de refinerías texanas a México. En este caso, el crudo robado a Pemex por el CJNG, mediante ordeñas de ductos o colusión en terminales, era exportado al norte, evadiendo aranceles y controles aduaneros.
Mecanismo del contrabando
El CJNG robaba crudo a Pemex, utilizando métodos como la ordeña violenta de ductos, el robo de camiones cisterna o la complicidad de funcionarios. Proveedores mexicanos, posiblemente empresas como Comexperts, Doble Erre Continentales o Comercializadora Atax (identificadas por MCCI en exportaciones vía Piedras Negras), enviaban el crudo a EE.UU.
Los cargamentos ingresaban por puertos marítimos (Matamoros, Tampico) y aduanas terrestres en Tamaulipas (Reynosa, Nuevo Laredo), declarados falsamente como «lubricantes» o «destilados» bajo fracciones arancelarias de menor impuesto. Esto violaba la Ley Arancelaria de EE.UU., que regula la importación de mercancías.
En Arroyo Terminals, el crudo se almacenaba en tanques de gran capacidad y se distribuía cada pocas semanas vía barcazas a compradores legítimos en el Golfo de México o el Permian Basin, ocultando su origen ilícito.
Las ganancias se depositaban en cuentas de Arroyo Terminals y Big Hog Energy LLC. Al menos 47 millones de dólares fueron transferidos a empresas mexicanas controladas por el CJNG, clasificados por la Fiscalía como «pagos por servicios» que financiaban al cártel.
Los 2,881 cargamentos representaron un valor de 300 millones de dólares, según estimaciones del Departamento de Justicia (DOJ). Esto equivale a aproximadamente 18-20 millones de barriles (asumiendo un precio promedio de 15-20 USD por barril de crudo ligero en el periodo). Pemex reporta pérdidas diarias por huachicol de 24 millones de dólares, según la DEA, lo que sugiere que los Jensen manejaron una fracción significativa del mercado ilícito.
Los Jensen arrendaban cuatro barcazas y tres camiones cisterna (a través de Jentran LLC) para el transporte, además de operar una flotilla de vehículos, incluyendo una camioneta de lujo y un auto deportivo. La terminal de Rio Hondo, adquirida en 2016, era el núcleo logístico, con capacidad para manejar grandes volúmenes de crudo.
Vínculos con el CJNG
El CJNG, designado como organización terrorista transnacional por el Departamento de Estado en febrero de 2025, fue el principal proveedor del crudo robado. Según la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Texas: James Jensen mantenía «fuertes lazos» con actores en México, negociando directamente con representantes del CJNG. La Fiscalía asegura que cualquier empresa que importe crudo fuera de las regulaciones mexicanas «solo puede obtenerlo a través de carteles».
Los 47 millones de dólares transferidos a México entre 2022 y 2025 constituyen «apoyo material» al CJNG, lo que llevó a cargos adicionales por financiamiento al terrorismo contra James y Maxwell Jensen en mayo de 2025, el Departamento del Tesoro sancionó a tres líderes del CJNG y dos empresas vinculadas al huachicol, reforzando la presión sobre las redes de apoyo financiero del cártel. Un informe de la DEA del mismo mes destacó que el robo de combustible le cuesta a Pemex miles de millones de dólares anuales, agravando la crisis financiera de la paraestatal.
Operación Liquid Death
El 23 de abril de 2025, el FBI, la DEA, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI) y el IRS ejecutaron redadas coordinadas: James y Kelly Anne Jensen fueron arrestados en su mansión de Sandy, Utah (valorada en 9.1 millones de dólares), tras una entrada forzada con ariete debido a su resistencia inicial. Maxwell y Zachary Jensen fueron detenidos en Texas, donde trabajaban en Arroyo Terminals. Todos entregaron sus pasaportes y están bajo monitoreo GPS en Utah o Texas.
Los cargos Judiciales son conspiración para blanquear dinero, contrabando de bienes mediante declaraciones falsas y violación de la Ley Arancelaria. Se añadieron cargos por apoyo material a una organización terrorista contra James y Maxwell, elevando las penas potenciales a 45 años de prisión y 2 millones de dólares en multas conjuntas.
Todos se declararon no culpables. Maxwell permanece detenido sin fianza por riesgo de fuga, mientras que Kelly Anne y Zachary fueron liberados bajo fianza con restricciones (monitoreo GPS, prohibición de viajar). Los cargos contra Kelly y Zachary por lavado de dinero fueron desestimados en mayo de 2025 por falta de evidencia directa, pero aún enfrentan cargos menores por conspiración.
Conexión mexicana
Aunque los documentos judiciales no especifican los proveedores mexicanos, investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) vinculan a Comexperts, Doble Erre Continentales y Comercializadora Atax, todas con sede en San Pedro Garza García, Nuevo León. Estas empresas exportaron 130 millones de litros de supuestos «desechos de aceite» a Maxim Crude Oil (otra empresa de los Jensen) entre 2022 y 2024, vía la aduana de Piedras Negras, Coahuila.
Operaban con fracciones arancelarias falsas, coincidiendo con el modus operandi descrito por la Fiscalía. Fueron suspendidas del padrón de exportadores del SAT: Doble Erre en agosto de 2021 y Comexperts en octubre de 2022, por no presentar declaraciones fiscales, lo que sugiere que podrían ser empresas fachada; carecen de experiencia en el sector de hidrocarburos y no tienen vínculos entre sus accionistas, según MCCI.
La aduana de Piedras Negras, bajo control militar durante el periodo (Teniente Coronel Jorge Arturo Sánchez Avilés hasta septiembre de 2023, y Teniente Coronel Antonio Orduña Álvarez hasta septiembre de 2024), no ha sido investigada públicamente por complicidad, pero la militarización de las aduanas mexicanas no logró frenar este flujo ilícito. En Tamaulipas, puertos como Matamoros y Tampico también fueron puntos de entrada, según el DOJ, aunque los detalles exactos de los cruces marítimos y terrestres no están completamente documentados.
Antecedentes de James Jensen
El patriarca James Jensen tiene un historial de más de una década en el tráfico de hidrocarburos ilícitos, en mayo de 2011, Pemex Exploración y Producción (PEP) demandó a Jensen y sus empresas (Big Star Gathering LTD y Saint James Oil Inc.) en la Corte del Distrito Sur de Texas por comercializar condensado de gas robado en la Cuenca de Burgos (Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas). La demanda alegaba que Jensen negociaba directamente con cárteles, viajando a México para cerrar tratos.
El condensado era robado mediante asaltos a camiones cisterna, ordeñas de ductos o colusión con funcionarios de Pemex. Las pérdidas para Pemex entre 2006 y 2011 se estimaron en 300 millones de dólares; la demanda fue desestimada por falta de pruebas, pero estableció a Jensen como un actor clave en el mercado ilícito de hidrocarburos.
Impacto y contexto binacional
El caso de los Jensen resalta la corresponsabilidad entre México y EE.UU. en el combate al huachicol, en México Pemex pierde 10 mil millones de dólares anuales por el robo de combustible, según PetroIntelligence, agravando su crisis financiera. En primavera de 2025, las autoridades mexicanas decomisaron 18 millones de litros de combustible robado, pero esto representa solo una fracción del volumen manejado por redes como la de los Jensen. La militarización de aduanas y puertos, impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), no ha sido suficiente para erradicar el problema.
La designación del CJNG como organización terrorista por la administración Trump en 2025 intensificó las acciones contra sus «enablers» (facilitadores financieros). La Operación Liquid Death es parte de una estrategia más amplia para atacar a quienes financian a los cárteles, más allá de los traficantes directos. En X, usuarios han destacado el caso como «huachicol en EE.UU.», señalando su impacto en la narrativa de seguridad transfronteriza.
México enfrenta presión para investigar a los proveedores locales y posibles cómplices en aduanas, pero hasta septiembre, no hay reportes públicos de acciones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera o la Fiscalía General de la República.
El proceso contra los Jensen está programado para 2026, con audiencias preliminares en curso. La defensa argumenta que las acusaciones de terrorismo son «exageradas» y que los Jensen operaban como «empresarios legítimos» engañados por proveedores mexicanos. La Fiscalía insiste en los lazos directos con el CJNG.
Las sanciones de mayo de 2025 del Departamento del Tesoro contra dos empresas del cártel no incluyeron a las mexicanas vinculadas a los Jensen, pero podrían expandirse si México entrega información financiera.
El caso de los Jensen subraya la complejidad del huachicol como un problema binacional, expone fallos en la supervisión de aduanas y la protección de activos de Pemex. La administración de Claudia Sheinbaum enfrenta el reto de fortalecer las medidas contra el huachicol.
El huachicol se suma a los desafíos compartidos (migración, drogas, armas), requiriendo mayor coordinación. Sin embargo, la falta de investigaciones visibles en México podría obstaculizar los esfuerzos.
Si los Jensen son hallados culpables, enfrentarán hasta 20 años de prisión (45 con cargos de terrorismo) y multas de 2 millones de dólares, además de la pérdida total de su imperio. El caso sigue siendo el más emblemático de cómo el huachicol fiscal conecta a ambos países, con México como el principal damnificado por el robo de sus recursos.
