Chihuahua, Chih.- Los diputados Óscar Avitia Arellanes y Edith Palma Ontiveros presentaron una iniciativa de reforma al Código Administrativo del Estado de Chihuahua para fortalecer la autonomía de los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado y castigar cualquier forma de injerencia o corrupción por parte de servidores públicos.
La propuesta busca armonizar la legislación estatal con las modificaciones federales aprobadas en 2025 a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero de 2025. Estas reformas federales, impulsadas por el senador Alfonso Cepeda Salas, establecen protecciones contra intervenciones indebidas en la constitución, funcionamiento, administración y procesos electorales internos de los sindicatos, además de prever sanciones administrativas severas para quienes incurran en prácticas de presión, intimidación o manipulación.
Avitia Arellanes destacó que la iniciativa responde al espíritu de la Cuarta Transformación, que desde su inicio ha priorizado la defensa de los derechos laborales. “A pesar de los avances alcanzados, es necesario realizar adecuaciones legales para salvaguardar la transparencia y combatir la corrupción en el ámbito sindical”, afirmó el legislador juarense.
El diputado subrayó que las modificaciones pretenden prevenir y sancionar cualquier acto de injerencia que atente contra la libertad y autonomía sindical, contribuyendo así a erradicar vicios del pasado y fortalecer la democracia interna de las organizaciones gremiales.
“Se debe perfeccionar el marco jurídico en beneficio de la clase trabajadora y del sindicalismo mexicano, incorporando herramientas que pongan un freno contundente a la corrupción”, advirtió Avitia.
Finalmente, el legislador enfatizó que una autonomía sindical plena es garantía de libertad, justicia y dignidad para las y los trabajadores al servicio del Estado. “En la medida en que los sindicatos sean libres, se fortalecen los derechos laborales, se consolida el servicio público y se asegura que las dirigencias emanen de la voluntad genuina de las bases y no del control político”, concluyó.
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