El Congreso de la Unión, ha aprobado la Ley de Seguridad Interior, que legaliza la presencia del ejército, en las calles desde hace once años, dicha ley es, por sus ambigüedades, legalizar los abusos y las arbitrariedades en la que el ejército se ha visto involucrado en su lucha contra el narcotráfico, que más se parece a la guerra sucia de los años setenta.
A once años, desde que Calderón enviara al ejército, primero a Michoacán y luego a otros estados de manera posterior, a combatir al crimen organizado, es más que claro que la estrategia falló y que urgen otras vías para combatir el problema, que a la fecha ha dejado más de 170,000 muertos y 30,000 mil desaparecidos, muchas de estos casos es el ejército mismo el que se ha visto directamente involucrado.
Organizaciones de la sociedad civil, analistas, especialistas, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la ONU, han alertado sobre la aprobación de una ley que, a su juicio, generaría más violencia, violaciones a los derechos humanos y otorgaría un poder casi absoluto a las Fuerzas Armadas. Sobre todo si se toma en cuenta la cantidad de quejas que ha recibido estos años la CNDH, por casos de tortura, desaparición forzada y homicidio cometidos supuestamente por los militares.
Entre los puntos más controvertidos están: La ley dota a las fuerzas armadas facultades de policía, y permitiría acciones preventivas a criterio de los militares; no da facultades para verificar el cumplimiento a los derechos humanos, sólo se limita a mencionar que «se respetarán»; permite intervenir contra protestas sociales si considera que no son pacíficas; viola el derecho a la información, pues se contempla que toda la información referente a seguridad interior será confidencial, no contempla un fortalecimiento de las policías locales. La ley por su ambigüedad y definiciones imprecisas permiten que todo quepa en la figura de seguridad interior.
Por lo anterior, la ley de Seguridad Interior, abre la posibilidad de abusos por parte del ejército contra la población en general, como ya lo hizo en el pasado.
La historia de abusos y crímenes, desapariciones y asesinatos en el pasado por parte de los militares está bien documentada. Todas las atribuciones con que se les dota ahora con dicha ley, sería legalizar dichas prácticas violatorias de los derechos humanos.
La aprobación de esta ley es legalizar de facto, la guerra sucia.
Opina