El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que «se encontró un rezago injustificado de más de 300 mil Averiguaciones Previas y Carpetas de Investigación, sin resolver», además de 21 mil órdenes de aprehensión sin cumplimentar.
El funcionario ofreció un diagnóstico de cómo heredó la desparecida Procuraduría General de la República, al presentar un balance de sus primeros 100 días de gestión.
El siguiente es el balance ofrecido por Gertz Manero:
➢ No se encontró control, ni centralización de las denuncias o querellas presentadas, ni había un sistema de oficialía de partes en la Ciudad de México y en toda la República, para administrar estas tareas; por lo cual, cada unidad podía recibir los casos que quería o le convenía, sin ningún orden, ni verificación.
➢ El promedio general de eficiencia terminal favorable, en sentencias definitivas judicializadas, no alcanzaba más del 5{1735f8c4d45cf8a7c22ecbf90211e3be8db77eaf7294ee842f16f03e71870070} del volumen total de asuntos tramitados.
➢ No existía un control integral de calidad en la judicialización de las carpetas de investigación; ya que únicamente se prestaba asistencia técnica al Ministerio Público por excepción y en casos muy contados.
➢ Tampoco existía algún programa de verificación sobre el número de averiguaciones previas y carpetas de investigación a cargo de cada Agente del Ministerio Público, pasando de asignaciones desproporcionadas e ilógicas, como lo son de mil casos para una sola persona, hasta numerosos Ministerios Públicos que no tenían asignada ninguna carpeta o averiguación.
➢ No había control alguno sobre los tiempos máximos para integrar las investigaciones, ni para identificar atrasos en las averiguaciones previas y carpetas, por lo que las denuncias podían quedarse meses o años, sin determinarse. Esta falta de registro generó grandes atrasos y rezagos en la atención de denuncias y en la determinación de investigaciones; llegando a un promedio de integración de los casos superior a un año.
➢ No existía ningún sistema efectivo para comprobar el cumplimiento de mandamientos judiciales y peritajes, lo que generó un rezago por parte de la Policía Federal Ministerial, de más de 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas y más de 28 mil mandamientos ministeriales en igual situación. Para el caso de los Servicios Periciales, el rezago en la emisión de dictámenes era de más de 3 mil.
➢ Tampoco existía control efectivo sobre los Agentes del Ministerio Público adscritos a los Juzgados, quienes supuestamente le debían dar seguimiento a los procesos judiciales, que se estaban perdiendo mayoritariamente.
➢ Se pudo determinar el número exiguo de 4 mil elementos policíacos en activo, para todo el país, de los cuales se distraían a 800 elementos, para prestar servicios de protección y seguridad a funcionarios, exfuncionarios, políticos y personas diversas.
