Hospital de Guadalupe y Clavo
Los pacientes del hospital de Guadalupe y Calvo, que atiende uno de los municipios con mayor población indígena, han sido víctimas de la corrupción, desatención y de los altos índices de violencia que ha sufrido ese municipio, desde el 2011 y con el cambio de gobierno, parece que las condiciones no han cambiado mucho.
El sexenio pasado, el hospital que se fue inaugurado en el año 1998 como hospital General, se convirtió en un hospital comunitario el sexenio pasado, porque médicos, enfermeras y otro personal médico, huyeron por la violencia. Posteriormente le regresaron el nombre de hospital General.
A esa situación se sumaron demandas de corrupción por parte de la dirección antepasada, a quien le señalaron indolencia por alterar expedientes y ocultar casos de desnutrición y muerte materna, principalmente, así como acumular medicamentos caducos a costa de la salud de los pacientes.
El pasado 19 de mayo, se reportó la muerte de tres recién nacidos, porque adquirieron una bacteria nosocomial. Los neonatos eran indígenas, dos tepehuanes y uno rarámuri.
La Secretaría de Salud confirmó los decesos por la infección de una bacteria y el contagio de otra niña recién nacida, quien logró salvar la vida. Ella fue trasladada al hospital General de la ciudad de Chihuahua.
La dependencia informó que tomaron medidas exhaustivas una vez que supieron de la presencia de la bacteria, para evitar que otros pacientes fueran infectados. Limpiaron cuneros y el área de pediatría.
«Desde el pasado viernes 19 de mayo, cuatro recién nacidos que eran atendidos en el área de prematuros del hospital general de Guadalupe y Calvo, adquirieron una infección nosocomial, situación que dejó sin vida a tres de ellos, en tanto que la cuarta afectada tuvo que ser trasladada», informaron las autoridades de salud.
Los bebés eran prematuros, tenían entre 32 y 35 semanas de gestación, los médicos les practicaron pruebas de rutina, hasta que detectaron la alteración en el estado de salud, primero en uno de ellos, por lo que fue tratado con medicamento y llevado a terapia intensiva. Falleció el sábado 20 a las 3:00 horas.
Luego de practicar exámenes de sangre al niño, arrojaron que tenía una infección presuntamente adquirida en el nosocomio. Los médicos enviaron al laboratorio el catéter umbilical, para constatar el tipo de infección.
A su hermano gemelo le habían diagnosticado entercolitis necrotizante, enfermedad que afecta a los recién nacidos con una incidencia de morbilidad elevada, que se manifiesta con variados síntomas. Se encontraba con tratamiento médico y supervisión.
El gemelo murió dos horas después que su hermano y el médico indicó que tenía temperatura corporal muy baja, no tenía pulso ni reflejos en el tallo. Murió de una falla múltiple, prematurez y por sepsis neonatal tardía. También estaba contagiado por la bacteria.
Las autoridades hospitalarias ordenaron cambiar a los otros dos recién nacidos a otra área, ya que debían limpiar el área de cuneros y pediatría.
Cuando les aplicaron pruebas sanguíneas a los otros dos neonatos, también presentaron cuadro de infección por la bacteria. Ordenaron su traslado a la ciudad de Chihuahua, pero el niño de apellido Rodríguez Encinas, quien tenía siete días de nacido, falleció en el camino.
La recién nacida, Hernández Vargas, fue trasladada y alcanzó a llegar al hospital de la capital del estado.
El personal del hospital aseguró que mantienen un control exhaustivo sobre el área afectada, que monitorean vía video. Lavaron las cunas y la incubadora, cambiaron el circuito de ventiladores y prohibieron el uso de celular en el área.
Posteriormente, luego de la infección que le costó la vida a tres recién nacidos, capacitaron a los trabajadores de limpieza, impartieron pláticas sobre el compromiso del personal de enfermería y solicitaron capacitación para las enfermeras del área de la unidad de cuidados intensivos neonatales y para la esterilización y fumigación de áreas grises.
ANTECEDENTES
Las principales víctimas de la situación crítica del hospital durante los últimos siete años, han sido los niños tarahumaras y tepehuanes que habitan el municipio, ubicado al sur de Sierra Tarahumara.
Murieron por desnutrición, de hambre, ya sea por la sequía que se registró durante años, por la atroz inseguridad y/o por la corrupción de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
De acuerdo con medios nacionales, en el 2012, fallecieron 18 niños en septiembre y octubre, en el hospital General Salvador Zubirán, de la ciudad de Chihuahua –la mayoría proveniente de Guadalupe y Calvo–. Las cifras incrementaban, de acuerdo con personal de los dos nosocomios.
El personal tenía prohibido dar las cifras por desnutrición, según refirieron a medios nacionales en octubre de 2012, ya que las autoridades no reconocían la causa de muerte por desnutrición y eran registrados como diarrea, anemia o gastroenteritis.
En Guadalupe y Calvo, los médicos recibían en esa época, alrededor de diez niños por semana. Del 30 de octubre al 2 de noviembre, recibieron siete pacientes infantiles que requirieron hospitalización, de los que cinco presentaron desnutrición.
Otros niños eran canalizados a otros hospitales del estado, como el Infantil del Estado de Chihuahua, donde se registraban más casos. Varios de los niños llegaban acompañados de tíos porque sus papás se quedaron en las comunidades para sepultar a otro hijo que falleció por los mismos síntomas, según relataron los médicos a la prensa nacional.
El problema por un lado, era las largas distancias por la geografía dispersa e intrincada de la región y por otro, la corrupción de las autoridades.
Ese mismo año, se registró por lo menos la muerte de dos promotores de salud y fue conocido, que las brigadas de médicas no podían ingresar a las comunidades más alejadas.
VIOLENCIA AFECTÓ CALIDAD DE ATENCIÓN DEL HOSPITAL
Entre el 2011 y 2012, los médicos del hospital de Guadalupe y Calvo vivieron un infierno, que obligó a varios a desplazarse de la región. El nosocomio se quedó sin varios especialistas. No fueron protegidos por las autoridades hospitalarias ni gubernamentales. La corrupción también los expulsó.
Tenían una plantilla de médicos con diferentes especialidades, pero en el 2011 ya fue catalogado como hospital comunitario. Llegaron a tener sólo dos anestesiólogos, dos cirujanos con problemas de salud y un pediatra que sólo laboraba los fines de semana.
A pesar de los altos índices de muertes maternas, cuyas cifras también fueron maquilladas, no tuvieron ginecólogo alrededor de cinco años.
El IMSS Oportunidades dejó de operar por la violencia que se registraba.
Entre esos dos años mencionados, por lo menos en siete ocasiones ingresaron al nosocomio comandos armados, asesinaron a tres pacientes y a uno más lo sacaron del cuarto para matarlo afuera, según registros periodísticos, asesinaron a tres paciente.
Quien era el coordinador del Instituto Chihuahuense de Educación para Adultos (ICHEA), Héctor Jáuregui, atropelló a un hombre en julio de 2012, en la cabecera municipal y él mismo lo llevó al hospital, en su vehículo, pero falleció cuando era atendido.
El señor atropellado era papá de uno de los sicarios del pueblo, quien obligó a la policía a detener al profesor y entregárselo. Lo mataron delante de varios testigos que escucharon cuando él les imploraba que no lo mataran porque tenía familia.
Por el estrés de convivir con los grupos delictivos dentro y fuera del hospital, el personal médico comenzó a tener problemas de salud, desde psicológicos y/o emocionales, hasta de sordera, hipertensión y hasta un intento de suicidio.
El médico durante el sexenio pasado, Héctor Alarcón Herrera, siempre evitó estar en el hospital cuando se hacían presentes los sicarios y el personal médico lo denunció por indolente para poner atención en el hospital que cada vez decaía más.
Los médicos no se actualizaron, no remplazaban el medicamento y se caducaba (esa área estaba a cargo de Julieta Araiza, esposa del director), tampoco tenían equipo básico para atender a los pacientes.
En el 2009, el personal médico denunció al ex gobernador del estado, César Horacio Duarte Jáquez, actos de nepotismo, falta de seguridad física, maltrato, hostigamiento laboral, autoritarismo, lenguaje y trato denigrante por las autoridades hospitalaria.
No sucedió nada.
En febrero de 2012 enviaron de nuevo otro oficio, pero hasta tampoco hubo respuesta: «En situaciones de negligencia, tanto médica como de enfermería no hay llamada de atención equitativamente, a sus favoritos se les encubre los horrores laborales en que incurren. Han ocurrido accidentes con material y equipo de trabajo y obligan al personal a que se pague de manera particular», decía el oficio.
«Además de todo esto, no le importa (al director) la integridad física de su personal a su cargo por la inseguridad que prevalece en la comunidad y dentro de la institución, en varias ocasiones que sean presentado situaciones, se les ha hecho llamado para solucionar o intervenir de una u otra manera, a lo cual antepone pretextos y nunca se presenta, aún a pesar de que se han publicado notas en medios de comunicación públicos», advirtieron, según los reportes periodísticos.
Le recordaron a Duarte que desde febrero de 2012, la situación de los indígenas era de crisis alimentaria y le dieron a conocer que en la tragedia se reflejaba en ese hospital, con los pacientes que acuden con deshidratación principalmente.
“Esperando que en esta ocasión si se tome en cuenta nuestra petición, no es la primeva vez que se hace un escrito de esta naturaleza basado esto en escrito elaborado en julio de 2009 y recibido por nuestro representante sindical de la sección 52, Rigoberto Machado Lozoya, el 13 de julio de 2009, al cual se le hizo caso omiso”, agregaron aquella ocasión.
El oficio en aquella ocasión fue respaldado por 37 firmas, y cinco más borradas por miedo (así lo manifestaron en el documento), el último oficio fue dirigido al gobernador el 22 de febrero 2012 y tiene comprobante de recibido, el 11 de abril por la secretaria del despacho del Ejecutivo. Posteriormente varios renunciaron por miedo o por salud.
En mayo de 2013, el pueblo de Guadalupe y Calvo levantó firmas para apoyar al personal médico que hizo paro laboral administrativo. Comisarios ejidales enviaron oficios para respaldarlos también, para que les respetaran sus derechos laborales y garantías para trabajar con seguridad.
El reclamo además, era el cese de plazas de especialistas, que huyeron por amenazas, secuestros o por miedo y ante la prensa, el ex gobernador César Duarte sostuvo que si había un problema pero era incongruente, porque ellos ya habían abierto facultades de medicina para cubrir la demanda, no reconoció en todo el sexenio, el nivel de violencia que sufrieron las comunidades serranas.
El mismo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), José Luis Armendáriz González, reconoció que la situación no era nueva, ya que el organismo que preside, recibió varias inquietudes por el temor del personal a enfrentar de nuevo a hombres armados adentro del hospital.
Durante esos años, quien era jefe de la jurisdicción sanitaria número tres en la zona sur del estado, Raymundo Martínez Martínez, informó que había déficit de personal médico y de enfermería en el hospital de Guadalupe y Calvo, porque los profesionistas se negaban a ir a aquella región por los altos índices de violencia e impunidad.
Esa situación es reconocido también ahora, por el secretario de Salud, Ernesto Ávila. quien dijo que han ofrecido doblar o triplicar el salario, pero aún así se resistían. En marzo pasado, llegaron un ginecólogo, un pediatra, un cirujano y un anestesólogo más.
En junio de 2013, el ex director del nosocomio, Héctor Alarcón, aseguró que fue víctima de un secuestro exprés y el ex gobernador aseguró que él mismo inventó su plagio para llamar la atención sobre la situación del hospital.
La situación del hospital actualmente no ha cambiado mucho, aunque ya no es blanco de violencia, el personal médico advierte que aún hay negligencia para dirigirlo, falta material médico y medicamento, ya que no basta con decirles que no hay dinero puesto que los niños, mujeres y familias completas, sobre todo poblaciones indígenas, acuden para ser atendidos y no hay con qué hacerlo.
La actual directora es Sinaí Sánchez, militante panista que fue nombrada justo cuando entró la actual administración estatal del PAN, por lo que advierten que da prioridad a las cuestiones partidistas, antes de las necesidades hospitalarias.
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