Ciudad Juárez, Chih.- Organizaciones de la sociedad civil que acompañan a familias de fallecidos y sobrevivientes del incendio en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez reprocharon la decisión judicial que extinguió la acción penal a favor del excomisionado Francisco Garduño Yáñez. Las agrupaciones declararon que las víctimas no perdieron un caso, sino que volvió a ganar la corrupción y la impunidad de los políticos protegidos por el poder.
Francisco Garduño Yáñez fue vinculado a proceso en abril de 2023 por el delito de ejercicio ilícito del servicio público tras el incendio ocurrido el 27 de marzo en la estancia migratoria de Juárez —bajo su responsabilidad—, el cual dejó 40 migrantes muertos y 27 lesionados. Posteriormente, en enero de 2025, el juez Víctor Manlio Hernández Calderón le otorgó una suspensión condicional sujeta al cumplimiento de ocho condiciones en 18 meses, tras lo cual se decidió extinguir la acción penal al considerar que cumplió con las medidas impuestas.
Ante esto, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y la Clínica Jurídica Alaíde Foppa para Personas Refugiadas afirmaron que la resolución confirma que en México la justicia es selectiva. Señalaron que eximir a Garduño, quien actualmente se desempeña como funcionario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), demuestra que el sistema opera para proteger a los poderosos y que la impunidad institucional sigue siendo el sello en casos graves de violaciones a derechos humanos.
Asimismo, consideraron que el fallo revictimiza a las familias de los 40 fallecidos y a los sobrevivientes, negándoles el derecho a la verdad y a una reparación integral. Las organizaciones enfatizaron que el siniestro era prevenible, dejó secuelas de por vida a 27 personas y que aún hay 15 mujeres sobrevivientes que no han sido reconocidas como víctimas por el Estado mexicano. «No normalizaremos la impunidad. Exigimos justicia real, memoria y garantías de no repetición», manifestaron en su posicionamiento.
Tras la audiencia, la defensa de las víctimas anunció que apelará la decisión y señaló que aún existen amparos sin resolver, por lo que consideran que la extinción de la acción penal no se encuentra firme. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró en su conferencia matutina que se trató de una determinación del juez derivada de una investigación profunda sobre las responsabilidades individuales, agregando que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se atendió la reparación de daños a las víctimas, a pesar de que el pasado 19 de enero nombró a Garduño como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la SEP.
