Chihuahua, Chihuahua. – Un juez federal determinó no vincular a proceso al empresario Eduardo Almeida Navarro, acusado por el senador Javier Corral Jurado tras un enfrentamiento verbal ocurrido en marzo de 2025 en el Aeropuerto Internacional de Chihuahua.
La denuncia de Corral, presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), alegaba amenazas y posibles lesiones derivadas de un intercambio de palabras y un forcejeo con escoltas. Para sustentar su querella, el senador recurrió a peritos especializados y a la intervención de una psicóloga, recursos que la defensa de Almeida calificó de desproporcionados ante lo que describieron como «una simple expresión de enojo».
Durante la audiencia, la defensa logró demostrar que los hechos no configuraban delito alguno que ameritara la activación del aparato judicial. «Una mentada de madre no justifica un proceso penal», argumentó el abogado César Guadarrama, representante de Almeida, quien lamentó el uso de tiempo, recursos públicos y salas del Poder Judicial en un caso que consideró menor, mientras el país enfrenta una grave crisis de seguridad.
La resolución judicial representa un revés para el senador, quien –según la defensa– habría intentado convertir un «berrinche personal» en persecución penal, valiéndose de su fuero y posición política.
En el desarrollo de la audiencia, la defensa de Almeida cuestionó la personalidad jurídica del querellante al exhibir la existencia de dos Claves Únicas de Registro de Población (CURP) distintas a nombre de Javier Corral: COJJ660802HNERRV03 y COJJ660802HCHRRV02. Una correspondería a un hombre nacido en el extranjero (El Paso, Texas, según acta estadounidense registrada desde 1991), y la otra a un nacimiento en México.
La defensa sostuvo que esto evidencia el uso discrecional de documentos oficiales, con posible información falsa ante el Registro Nacional de Ciudadanos para acceder a cargos públicos, incluyendo la gubernatura de Chihuahua y actualmente el escaño senatorial. «Cualquier ciudadano sin fuero ya estaría en la cárcel por tener dos identificaciones», afirmó Almeida.
Guadarrama anunció que el caso será turnado a autoridades competentes para investigar posibles delitos en México y Estados Unidos, deslindando que se trate de doble nacionalidad o doble identidad, sino de un uso indebido de documentación.
El fallo establece un precedente: la justicia no debe servir para proteger egos ni convertir desacuerdos personales en procesos penales. La FGR destinó esfuerzos significativos a este asunto, en detrimento de prioridades como el combate al crimen organizado y la atención a víctimas de desaparición y violencia.
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